Se entiende la desesperación de centenares de personas que sufrieron extraordinariamente la crisis de 2019 por las consecuencias del Covid-19 y la represión de los 36 días por el censo de población y vivienda que enarboló Santa Cruz, que todavía no logran recuperarse por la miopía del sistema que pretende implantar un Estado sin derecho al disenso.
Se comprende la incertidumbre y la angustia por el futuro, que son factores que definen nuestra época. Se comparte incluso la indignación de tanta gente que salió a las calles en todo el país en los tres últimos meses del 2022 y los primeros meses del 2023, en busca de respuestas y atención por la falta de Estado, la soberbia y hasta la ignorancia.
Pero las pocas soluciones que obtuvieron de los nuevos políticos (2020-2025) “y de otros viejos políticos que se acomodaron a los tiempos” tiene la intrepidez de donarles del oído como elefantes y ganar votos que de buscar con idoneidad y buena fe soluciones y arreglos, la más de las veces son diferidos y hasta incumplidos.
Un asunto muy complicado, es la producción de cocaína y clorhidrato que sale del trópico de Cochabamba, que sí del 2021 al 2022 se incautaron más de 17 toneladas de droga por la Europol en coordinación con sus pares de Brasil, Paraguay, con ciudadanos detenidos que están siendo investigados, con exclusión de la policía boliviana, la que depende directamente del ministro de gobierno Eduardo del Castillo Del Carpio, es gravísima la medida internacional, que supone que en Bolivia el narcotráfico y los carteles internacionales de la droga han penetrado las esferas de decisión del gobierno tanto de Evo Morales como de Arce Catacora, al ampliar los cultivos de coca en el Chapare normativamente hasta 27.000 hectáreas, que en los hechos han superado las 32.000 has., cuya producción el 92% van a las 27 fábricas y 7 laboratorios destruidos que informó el ministro de gobierno el 20 de mayo, pero sin detenidos, en el municipio de Villa Tunari.
Como nadie tiene que resignarse ante la magnitud del crimen organizado (tráfico de sustancias controladas), tomando como promedio los dos años precedentes, significaría que en 17 años del sistema de gobierno del MAS-IPSP se han producido y comercializado dentro y fuera del país al menos 1.292 toneladas de clorhidrato de cocaína. Lo que más llama la atención es que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) llega a incautar la infraestructura de los megalaboratorios cuando estos ya han producido más de dos años, que en cierto modo explica que la planificación estrategia de la FELCN ha sido filtrada o, en su caso, la actividad ilícita está siendo protegida. Hay varios ejemplos que pueden corroborar esas hipótesis: Pedro Montenegro, las hermanas Terán, Lima lobo, Candia Castedo, Omar Rojas, entre otros.
Ahora, no solo se utilizan los aeródromos y pistas clandestinas, sino la línea Aérea Boliviana (BOA) que trasladó desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru hasta Barajas España en febrero de 2023, aproximadamente media tonelada de clorhidrato de cocaína, episodio que pone en riesgo la fe pública del Estado de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, la democracia y la salud pública de la sociedad boliviana, si no se realiza una investigación transparente y se da con los financiadores y narcotraficantes de cuello blanco, que a siniestra lavan dinero ilegal en proyectos de vivienda y actividades agrícolas, hasta quien sabe con la pretensión de dañar el modelo de desarrollo de Santa Cruz.
En el mundo, durante el 2021 como consecuencia del consumo de droga 100.000 personas murieron cifra que va en aumento hasta un 28,5 % por año.
En la Cumbre Sudamericana celebrada en Brasilia (30-05-23 al 1-06-23) en la que los países asistentes acordaron mayor integración, fue cuestionado duramente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos y por sus vínculos con el cartel de los soles, que de alguna manera salpica a los dirigentes del sistema de Bolivia.
A propósito de este problema tan complicado, nadie desea llegar al 2025 con 25,5 toneladas de droga y más cultivos de coca en el Chapare, porque nadie tiene por qué resignarse a que su vida sea manchada con la droga. Caño, Antonio dice: “Ese derecho está acompañado de la responsabilidad de implicarse en la búsqueda de la solución compartida, entendiendo que es tarea de todos resolver y que no será tarea fácil”.
