GONZALO ROJAS ORTUSTE
Hay curiosos paralelos entre comportamientos y declaraciones de voceros del Estado chileno con relación al boliviano y del oficialismo masista contra la oposición -o simplemente disidentes-. Se trata del sentimiento de impunidad que tiene que ver con la autocomprensión de percibirse incontrastables, les incomoda e irrita cualquier comparación con los hechos. No tiene nada que ver con un sentido realista de las circunstancias, felizmente siempre cambiantes, como asuntos humanos que son. No, cada cual está instalado en su sitial de privilegio que algún momento pretérito tuvo concordancia con la realidad, pero ya no. Y menos de la igualdad jurídica de los estados, en un caso; y de ciudadanos/as, en el otro. Veamos.
En el bullado caso CAMC y su protagonista Zapata, no interesa que dicha persona haya tenido reconocidas relaciones con el Presidente –que él mismo admitió- que junto a otras relaciones ,entre las cuales el chofer de la Unidad de Gestión Social del Min. de la Presidencia no es la más saliente, ayudan a explicar la ostensible fortuna material de la joven. Pero héte aquí que la comisión de diputados y senadores no encontró nada irregular y más bien maltrató a la minoría de oposición que formaba parte de dicha comisión que intentaba salir de la pauta enrrumbada irremisiblemente casi a otorgar el Cóndor de los Andes a la citada transnacional china por sus jugosos negocios con nuestro Estado –porque son fondos públicos, no del MAS-. Más bien se intenta culpar/ enjuiciar a los periodistas y algunos opositores, y ya puestos a amedrentar también a cualquiera que intente investigar o emitir opiniones que impugnen las insostenibles posiciones oficiales y oficialistas, por más consistentes que puedan ser en su articulación. Evidentemente, no hay asuntos epistemológicos aquí, sino simple y duro despliegue de poder desnudo.
En el otro escenario, en más de un siglo, Chile no ha tenido mayor sobresalto en la situación de vencedor de la Guerra del Pacífico y con excepción del periodo (1979) en que la región empezaba a recuperar el ciclo democrático que hoy todavía vivimos, en general fue endureciendo posiciones, aunque siempre proclamando respeto por el tratado de 1904. Fue por ello un innegable logro lo recién obtenido en La Haya, evitando de nuestra parte cuestionar dicho tratado para poder ser admitido con acciones y declaraciones posteriores a 1948, que son los que pueden tratarse en esa corte internacional. Intentado salir de su azoro, el Estado chileno ha decido enjuiciar al nuestro por el asunto del Silala, adelantándose a un anuncio del lado boliviano, queriendo recuperar la iniciativa y alejarse de la incómoda situación de estar en el banquillo de acusado, luego de que el otro contrincante del decimonónico enfrentamiento(Perú), también le ganó una demanda en esos estrados internacionales. No importa aquí que incluso para cualquier lego que se informe un poco esas aguas –las del Silala- son manantiales y bofedales que nacen íntegramente en territorio boliviano y artificialmente encauzadas hacia el vecino. Para más evidencias, hasta cursan solicitudes oficiales de permiso a la prefectura potosina para usos de las locomotoras de vapor que nos vinculaban con las costas del Pacífico. Tampoco aquí es la verdad o su búsqueda lo que guía las decisiones últimas, sino simple y viejo hábito de predominio del que militarmente se sabe con mayor fuerza, por eso las declaraciones que aluden a ese poderío de algunos de sus voceros duros y los recientes ejercicios militares en zonas cercanas a nuestras fronteras; nostalgias de momentos donde las cosas se decidían así, con despliegue de fuerza.
En plan de estadistas, los funcionarios bolivianos, incluso el Presidente, alternando con sus exabruptos usuales en política interna, apelan al orden internacional y la opción por solución pacífica de controversias ante un ente imparcial y que tiene como objeto impartir justicia y no favorecer al más fuerte. Lo llamativo, es que ese apego al orden ecuánime y respetuoso no es el que se invoca cuando hay que referirse a los opositores y ciudadanos que ejercen sus legítimo derecho a expresar puntos divergentes –incluso opuestos- a los oficialistas. Más llamativo aun, que gran parte de esos voceros que son funcionarios del Estado boliviano también son, en su inmensa mayoría, masistas connotados. Que ellos no reparen en esa manifiesta contradicción no tiene que ser contagiosa para quienes no estamos embelesados con la hybris, la fascinación del poder.
