“Los vamos a reventar”. Era la amenaza del Secretario General de la Confederación de Colonizadores Interculturales de Bolivia contra los indígenas de tierras bajas que protagonizaban la Octava Marcha en defensa de su territorio y en contra de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Los “interculturales” se habían apostado en el puente San Lorenzo, para impedir el paso de la Marcha que se dirigía hacia La Paz. Un contingente de más de quinientos policías se había situado entre ambos grupos “para proteger a los marchistas”. Dos días después, el 25 de septiembre de 2011, las amenazas se hicieron realidad. Los marchistas, hombres, mujeres y niños indígenas se encontraban en el campamento instalado en la localidad de Chaparina. Era domingo, las mujeres lavaban ropa y preparaban los alimentos. Los niños jugaban despreocupados en los alrededores del campamento. Los policías, fuertemente armados, rodearon a los marchistas y se desató la brutal represión. Se escuchó el estampido de los gases lacrimógenos mientras los policías avanzaban hacia el campamento dando golpes y patadas a quien encontraban en su camino. Mujeres, niños y ancianos fueron golpeados brutalmente. Maniataron y amordazaron a los marchistas, hombres y mujeres, niños y ancianos, con cinta adhesiva para subirlos a los buses que había alquilado el gobierno y trasladarlos hacia la vecina localidad de San Borja y luego a Trinidad, con el fin de desarticular la marcha. Los pobladores de San Borja, anoticiados del hecho impidieron el paso de los secuestradores y sus víctimas. Los buses, entonces, tomaron rumbo hacia la localidad de Rurrenabaque, donde los esperaban dos aviones de la Fuerza Aérea para trasladar a los marchistas con rumbo desconocido. La población de Rurrenabaque impidió que los marchistas fueran subidos a los aviones y, rebasando la fuerza policial liberó a los cautivos. Días después se reencontraron las madres con sus hijos perdidos durante la intervención policial, los marchistas liberados y quienes habían logrado escapar al monte se reorganizaron y prosiguieron su marcha de más de seiscientos kilómetros hacia la Sede de Gobierno. Llegaron los más de mil marchistas el 19 de octubre a la ciudad de La Paz, en medio de un apoteósico recibimiento que obligó al gobierno a negociar con los marchistas.
El operativo en Chaparina fue una brutal represión, innecesaria, en la que hubo violación de los derechos humanos. A esto se sumó que nadie, absolutamente nadie sabía de la ejecución de semejante opertivo, “nadie dio la orden”, el justificativo fue que “se había roto la cadena de mando”, en ese entonces Sacha Llorenti, Ministro de Gobierno, negó haber sido el artífice de semejante acción, se lo liberó de toda responsabilidad y tiempo después fue premiado con la designación como Embajador de Bolivia ante la ONU.
El conflicto del TIPNIS y la represión de Chaparina en particular, fue algo más que una simple ruptura en la cadena de mando, sino que marcó un giro trascendental no sólo en el curso del conflicto del TIPNIS, sino en la relación del gobierno de Evo Morales con los pueblos indígenas. Este conflicto, desnudó que dentro del proyecto del gobierno, los indígenas y sus reivindicaciones no tenían importancia. Revelaba además que entre las organizaciones aliadas al gobierno, los interculturales eran quienes hegemonizaban y tenían prerrogativas. Y ni qué decir, emergió una clara contradicción entre la propuesta del Vivir Bien y una política crasamente desarrollista a toda costa. Las reivindicaciones de los indígenas de Tierras Bajas, y particularmente las del TIPNIS, fueron leídas por el gobierno del MAS, como simple influencia de la iglesia y ONG ecologistas, paternalistas, que suelen dar donaciones, que llevan a los dirigentes a formarlos a un lado y a otro lado, que les dan comida y cursos. En suma, los indígenas no sabían lo que hacían, ni porqué se movilizaban, eran actores externos al TIPNIS los que incorporaban las demandas. La clásica actitud de infantilizarlos. Esta lectura obtusa, le costó al gobierno su paulatino deterioro. A nueve años de aquella represión, queda reclamar porque este hecho no quede impune. Chaparina, no se olvida.
Gabriela Canedo V. es socióloga y antropóloga
