El 2020 va a ser año de elecciones bolivianas, y tendrán mucha llajwa (esa salsa “que hace sudar el bigote”); y no importará si será de locoto, de ulupica o de aribibi, porque de todos tendrá. Este 2019 que acaba nos dejará un gran fraude y el acelerado desmoronamiento de los fraudulentos prorroguistas. El año venidero habrá elecciones nacionales primero y subnacionales después. Y mucho dependerá de nuestra conciencia ciudadana (de todos, sin extremismos), de la vigilancia que nuestro Estado haga y de la participación comprometida de la comunidad internacional para mantener la tranquilidad lograda y evitar la influencia del Foro de São Paulo y su herencia (el Grupo de Puebla).
Comentaré solo los comicios nacionales, que serán gestionados por la administración de transición que surgió tras la huida de los que violentaron las pocas reglas democráticas que pervivían. Las subnacionales serán tarea del Gobierno que sea elegido.
Un paso atrás. El 20 de octubre compitieron nueve candidaturas (aunque decir que todas estaban en “competencia” es un burdo eufemismo). De un lado, estaba Evo Morales con el oficialismo del MAS, forzando un ilegal prorroguismo y con todos los beneficios de la cooptación generalizada. Y del otro, ocho alianzas y partidos opositores. En el sprint inicial resaltaban dos. Carlos de Mesa Gisbert, quien, bajo la bandera del FRI (una vez maoísta), impulsó la alianza Comunidad Ciudadana (CC) con el apoyo de dos organizaciones muy locales: Sol.bo (citadino paceño) y el tarijeño Todos; y Óscar Ortiz Antelo, con la Alianza Bolivia Dice NO (BDN), que sumó a los Demócratas, organizaciones y plataformas. El PDC sorprendió después, levantando el voto confesional. Los resultados corroboraron la marginalidad del resto: MNR, UCS, MTS, FpV y PAN-BOL.
Para las próximas elecciones se ha confirmado hasta el momento la participación de CC, a la cabeza de Mesa (aunque esta vez no contará con el beneficio del “voto útil”); y del MAS (sin candidato aún y cada vez más dividido entre “moderados”, con los alteños Eva Copa y Sergio Choque; “radicales” de la “vieja guardia”, con Gustavo Torrico visible; y cocaleros del Chapare, con Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Segundina Orellana). La pulseta entre el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el masismo cocalero sobre la presencia policial en las elecciones (obligación constitucional) terminará con una segura nueva flexibilización de la dirigencia local por la necesidad de garantizar votos al MAS. Las candidaturas de los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari han fracasado antes de postularse. Pero con seguridad habrá otras, sin descartar a Jorge Quiroga Ramírez. Tampoco está clara cuál será la decisión de los Demócratas.
Por otra parte, a pesar de los agoreros y falsarios, el clima externo es cada vez más favorable al proceso de transición, con la confirmación del fraude electoral brindado por el informe de auditoría de la OEA, que no fue rebatido regionalmente. A su vez, el sesgado informe de la CIDH fue atemperado con la invitación in loco al organismo para que investigue en el país por seis meses prorrogables.
En este panorama aclamado progresivamente, el final de los programas Pentágono y Cabildeo, y la inesperada y práctica desaparición de la Agencia de Noticias Fides (fundada hace más de 56 años por mi amigo y acá colega de columnas el padre José Gramunt de Moragas) son señales muy infelices para la libertad de expresión en esta nueva etapa, tan necesitada de ella para defender la democracia.
En 2016 tuvimos una ola de esperanza que en 2017 se trocó en duelo indignado; y este año, acabado el duelo, devino en justa furia. Hoy es la hora de sembrar. Ojalá el próximo recolector sea tan exitoso como anhelamos.
*José Rafael Vilar es analista y consultor político
