El Proyecto de Justicia Mundial y Estado de Derecho en la evaluación que realiza globalmente cada año, al partir sobre la base de 8 indicadores: 1) Restricciones a los poderes gubernamentales, 2) Ausencia de corrupción, 3) Gobierno abierto, 4) Derechos fundamentales, 5) Poder y seguridad, 6) Cumplimiento regulatorio, 7) Justicia civil y 8) Justicia penal, identifica que de 142 países, los 5 mejores sistemas jurídicos ocupan los países de:Dinamarca (1), Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (4) y Alemania (5).
En la región de Asia destacan como los mejores Estados de Derecho a Japón (14) y Corea del Sur (19). En América del Norte aparecen con mejor puntuación Canadá (12) y Estados Unidos (26). En América Central se ubica Costa Rica en el puesto 29, y en América del Sur Uruguay (29) y Chile (33). Se explica que en estos países del mundo funcionan mejor las democracias, los sistemas de justicia civil y penal como signos patentes que la institucionalidad e independencia son factores de estabilidad y desarrollo en todos los órdenes.
Bolivia se encuentra en el escrutinio global en el lugar 131, es decir a once del último país que es la República Bolivariana de Venezuela (142). Y en América Latina se halla en el puesto 29 de 32 países de la región, en los hechos a tres puestos del último que es la República Bolivariana de Venezuela y que junto a otros forman parte del Foro de Sao Pablo y de Puebla.
Los resultados obtenidos por la Organización Mundial en el tema de justicia y Estado de Derecho, muestra una clara tendencia declinatoria de los sistemas jurídicos en países que están transitando por el autoritarismo desde hace más de dos quinquenios. El Grupo de Puebla, México, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros que concurren como observadores invitados han sido tocados por el estudio científico, tal es así, que Brasil y México están puntuados en el 86 y 116 con graves cuestionamientos en la justicia , lo que implica que los que venden el discurso de la igualdad social; el derecho de los pobres; la defensa de los bosques; la Amazonía y de la madre tierra, no reconocen la buena administración de instituciones públicas con criterios mínimos de buen gobierno y aceptable respeto a los derechos fundamentales.
Es importante que en Bolivia y en estos países que no ofrecen seguridad jurídica y menos respetan la independencia de la justicia, comiencen a darse cuenta que en democracia, las instituciones públicas no son de propiedad de políticos, ni del gobierno ni de los órganos de Justicia; que la propiedad privada es un derecho que tiene naturaleza fundamental; que las aguas, los lagos y ríos no son fuente indisponible de contaminación ambiental y, que finalmente, ningún ministerio puede convertirse en bomba incendiaria hasta dejar al ciudadano en un sujeto inerte, asfixiado por la humareda comprometiendo su vida. Esto es lo que está ocurriendo en el país y las soluciones no pasan por crear comisiones para enfrentar la escase de agua o fondos especiales que son paliativos; sino por políticas públicas al servicio del interés general, entonces comprenderemos mejor el derecho del ciudadano a la buena administración, y no a la destrucción del sistema jurídico, político, social, económico y democrático.
Al ser esta la situación dramática de la justicia en Bolivia que comprende a todos los órganos del Estado, principalmente la crisis caótica de los órganos del poder judicial, Fiscalía General, Defensa Pública, Policía nacional y Comisiones de Constitución y procesos electorales de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no es posible continuar desbocados en un horizonte sin norte, como es inadmisible que bajo estándares internacionales y escrutinios de más de 3.400 expertos que participaron en la validación del proceso en análisis que nos presenta el “Proyecto de Justicia Mundial y Estado de Derecho”, sigamos dependiendo del Tribunal Constitucional Plurinacional deslegitimado y reprobado mundialmente en el tema de la Preselección y elección para Magistrados y, últimamente, con la sesgada SCP 076/2023 y el Auto Complementario Constitucional 0039/2023 que integran la jurisprudencia negra del Constitucional, rompiendo la potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa Departamental en la “Conservación del Patrimonio Natural Departamental”.
Las consecuencias desastrosas se expresan en los incendios de la Reserva Forestal El Choré que lleva más de un mes en llamas, sin que la Asamblea pueda establecer la pausa ecológica y el gobierno se ocupe de prevenir desastres y no de promoverlos u omitirlos, como ha sucedido en el Consejo Nacional de Autonomías realizado en la Casa Grande del Pueblo, el 25 de octubre, que se limitó a echar loas al INE por el avance censal 2024 y la coordinación con las Autonomías Territoriales sin politización, y además con los pueblos indígenas. Es decir, sin abordar la polución atmosférica a raíz de los incendios por factores humanos y naturales acumulan sustancias nocivas para el ser humano y los animales como el Dióxido de ensofre (SO), óxidos de nitrógeno (NO), monóxido de carbono (MC), determinados compuestos orgánicos volátiles (COV), a cuya consecuencia pueden incrementarse cuadros de asma, inflamación de las vías aéreas inferiores y problemas oculares y pulmonares, según los neumólogos José Laerte Boechat y José de Magalhánes.
Como ratificando lo anteriormente expuesto y en línea de reflexión constitucional, el profesor Padilla Cruz Daniel, Afirma: “A la luz de los fines constitucionales siempre con cautela y responsabilidad, debemos evitar fines no deseados como la deformación de los derechos o que el constitucionalismo se convierta en ese hoyo negro que todo lo destruye y de manera desbocada se persiga “la invocación de la Constitución en todo litigio imaginable”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
