En el umbral de 2024, Bolivia enfrenta una encrucijada crítica, marcada por la convergencia de autoritarismo y falta de institucionalidad, lo que aumenta el riesgo de sumirse en una crisis inminente. A lo largo de sus 198 años de historia, el país ha experimentado gobiernos militares despóticos y momentos democráticos, sin lograr establecer un Estado sólido. La carencia de instituciones adecuadas ha alimentado la injusticia y la pobreza, situando a Bolivia al borde de un peligro inminente.
En el contexto actual, la conducta del órgano judicial, especialmente del Tribunal Constitucional Plurinacional, genera alarma al desafiar los principios democráticos mediante la concesión unilateral de prórrogas de mandato indefinidas. Este accionar desatiende el mandato de seis años otorgado por la población en un proceso electoral con respaldo significativamente bajo. La proliferación de la expresión "Golpe de Estado", vinculada a los eventos del año 2019, se manifiesta aún más claramente en la auto prórroga actual, subrayando la fragilidad institucional y la manipulación de la ley según la conveniencia de quienes detentan el poder.
En lugar de acatar la constitución, el órgano judicial parece sumergirse en una dinámica autoritaria que socava aún más la confianza ciudadana. Según una reciente encuesta de Ipsos CIESMORI, el 85% de los bolivianos tenía poca o ninguna confianza en la justicia. Esta actitud no solo menoscaba los principios fundamentales de la democracia, sino que también plantea interrogantes cruciales sobre la integridad e imparcialidad del sistema judicial. La sociedad observa con creciente inquietud la progresiva erosión de las instituciones debido al abuso de prórrogas de mandato, mientras las actuales autoridades judiciales muestran una sorprendente falta de pudor frente a sus acciones.
La policía, institución que debería inspirar respeto por su institucionalidad, lamentablemente genera repulsión y desconfianza debido a la manifestación generalizada de abusos de poder y corrupción en todo el país. Un ejemplo destacado es el caso del coronel Holguín, cuya conducta violenta fue registrada en video mientras agredía físicamente a un colega, mientras otros miembros de la policía observaban pasivamente. Sorprendentemente, este coronel, con un historial de comportamiento abusivo, busca ascender al rango de General de la Policía, respaldado por un ministro de Gobierno que minimiza gravemente el incidente, restándole importancia a la gravedad de la situación.
El uso abusivo de los recursos públicos por parte del Órgano Ejecutivo, al financiar empresas públicas deficitarias, asignar recursos para pagar a más de medio millón de empleados públicos y contratar más empleados con un costo de Bs. 47.253 millones, genera un aumento en el gasto corriente y una reducción consecuente de la inversión pública. Este abuso también se refleja en la asignación de publicidad estatal, castigando a los medios de comunicación imparciales, revelando un panorama sombrío donde la crítica es silenciada y la sumisión premiada. Ambas situaciones denotan implícitamente autoritarismo, ya que los recursos públicos se manejan como si fueran privados.
A esto se suma el Órgano Legislativo en la gestión 2023, que no genera propuestas de ley significativas, a pesar de los esfuerzos exagerados de políticos y legisladores por buscar protagonismo. Además, resulta costoso para un trabajo cercano a la mediocridad debido al desconocimiento de la gestión pública óptima por parte de muchos legisladores, que no comprenden que al aprobar delegan a sus asesores el trabajo legislativo, contribuyendo así al deterioro de la institucionalidad. Esta situación también ha sido percibida negativamente por el 68,1% de la población, según una encuesta realizada por el CELAG.
En resumen, este año ha marcado un agravamiento de la crisis institucional a nivel nacional, impulsado por una creciente crisis moral exacerbada por la corrupción descarada de autoridades y funcionarios públicos. La manifestación de un individualismo extremo, que busca obtener beneficios sin considerar los derechos ajenos y, lo que es más preocupante, la indiferencia hacia la Constitución Política del Estado, la cual no solo carece de respeto sino también de una interpretación, y muchas veces nunca ha sido leída. Este fenómeno nos acerca gradualmente a patrones democráticos que lamentablemente se asemejan más a algunas naciones africanas.
El autor es analista socioeconómico
