Tres personalidades tienen un nombre interminable, son honorables y tienen una dilatada carrera democrática de servicio al país e instituciones, con un poder de convicción que hasta son capaces de dejarse subestimar a pesar de su ingente liderazgo con los derechos humanos.
Cuando las cárceles albergan a más de 24.824 presos, más allá de su capacidad real, el hacinamiento suele ser inhumano (capacidad 6.765 reos); como es intolerable que 16.000 estén con detención preventiva; 8.824 con sentencia ejecutoriada y alarma la restricción médica en centros penitenciarios en todo el país, que es paupérrima y sin dotación de farmacias y ambulancias que cubran mínimamente los 98 establecimientos penitenciarios. El cuadro de por sí es conmovedor.
En esta situación, no aplicar un sistema de asistencia sanitaria especializada para presos preventivos que soportan la tormenta del dolor y quiebre de salud física y mental que no sólo afecta al entorno familiar, sino también al tejido social, es como pensar que “la tortura” es parte del esquema, y por eso se ensañan arremetiendo contra la salud y la vida de Jeanine Añez, Luís Fernando Camacho y Amparo Carvajal. La última de los nombrados es una presa de facto del sistema político, pero con un corazón “de fiera indomable”.
Según las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos en el Epígrafe “Servicios Médicos” 22.1) “Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos…” y en el numeral 2) se prevé que: “Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o hospitales civiles-privados…”.
Solventando el derecho humano a la salud, cabe recordar que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (OEA-Comisión IDH) en el Principio X reconoce que: “Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos…”.
Conforme a estas normativas internacionales, el derecho a la salud demanda una atención especializada permanente cuando el detenido preventivo padece de una enfermedad base o terminal, en cuyo caso el Estado deberá garantizar que esos servicios de salud le sean proporcionados en los lugares de privación de libertad y, en su caso, por urgencia y complejidad en un centro de salud especializado. Más aún, si el derecho a una vida digna y salud son considerados “derechos humanos universales” y por ese carácter de sensibilidad prioritaria son inviolables.
Trasladar a Jeanine Añez y a Luís Fernando Camacho de las ciudades de Trinidad y Santa Cruz que están a 160 y 400 metros sobre el nivel del mar a centros carcelarios situados a 3.625 y 4.050 metros de altura, no solo que la medida es ilegal, sino que empujan a vivir el calvario más salvaje e inhumano, si hay evidencias que su salud se está deteriorando, y Amparo Carvajal por su pecado de ser católica y valerosa en la defensa de los Derechos Humanos, exponiendo su vida por más de doce millones de personas, ya es “un símbolo viviente de lucha histórica”. Grandísimos todos, por las libertades y la paz en Bolivia.
Es clave referirse al exdirector de prisiones de Nueva York, James Conway, que al visitar la cárcel de Halden en Noruega dijo: “No creo que se pueda ser más progresista y liberal, a menos que se les pueda dar las llaves de la cárcel a los presos”. Los presos pueden caminar alrededor de una cárcel que parece un pueblo rodeado de granjas; cocinan, practican esquí, juegan al tenis y a las cartas. Son cárceles tan agradables y cómodas que cuentan con médicos especialistas, salones de música y talleres de trabajo, lo que les permite gradualmente pasar de un sistema de alta seguridad a otro de menor exigencia hasta prepararlo para su reinserción social. En la Isla de Bastoey en el sur de Oslo tienen como preso a Anders Breivik, el autor de la masacre que mató a 77 personas (episodio de junio de 2011). Esta forma de organización, tratamiento y eficaz ejercicio de los derechos en reclusión debería servir para replantear el sistema en nuestro país.
Para salvar este problema de salud y bajar el índice de crecimiento de la población carcelaria en Bolivia, se debe pensar en dotar de médicos especialistas y farmacias; promover políticas de prevención del delito; Implementar programas de capacitación permanentes para policías investigadores y fiscales; mejorar las medidas de reinserción social; fortalecer las instituciones de seguridad y renovar integralmente todo el sistema judicial, Fiscal y Defensorías. Así como crear sistemas alternativos a la prisión para determinados delitos, erradicar definitivamente la persecución política y para salir del fango de la dictadura “liberar a todos los presos políticos”.
Los sistemas autoritarios e inhumanos, si no se reconcilian consigo mismo y se alejan de la justicia, los valores y los códigos ético-morales, pueden terminar su ciclo como camisas estrechas que solo sientan bien a los adolescentes y revientan explosivamente al contacto con la realidad social, inteligente y digna.
El Santo Padre Juan Pablo II afirmó: “No habrá paz mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen”.
Pedro Gareca Perales
