“Los vamos a reventar”. Era la amenaza del secretario general de la Confederación de Colonizadores Interculturales de Bolivia en contra los indígenas de tierras bajas que protagonizaban la octava marcha en defensa de su territorio y en contra de la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).
Diez años después, en el contexto de la XI marcha indígena que se lleva a cabo, el día 12 de la caminata, ésta fue interceptada en Cerro Grande por interculturales, quienes intentaron quitar la pancarta de la marcha y generaron riesgo de enfrentamientos. Al pasar por San Julián, el dirigente de los interculturales, acusó a los indígenas marchistas y en tono amenazante “sugirió” que la marcha no pase por la carretera para evitar “cualquier incidente de agresiones”. Soltó además una sarta de sandeces, como que la movilización es una marcha “política” y “seguramente financiada por (Luis Fernando) Camacho y sus secuaces”, nada más alejado de la realidad.
En ese entonces, hace diez años, igual que ahora, los más de treinta pueblos indígenas que moran en las tierras bajas de Bolivia son vapuleados, vilipendiados, maltratados. Lo mismo que sus reivindicaciones y marchas pacíficas son menospreciadas y minimizadas por sectores que apetecen y tienen angurria de los territorios indígenas: agroindustriales, terratenientes, interculturales, mineros, y el mismo Estado.
Diez largos años han transcurrido desde la brutal represión de los indígenas en la Octava Marcha en defensa del Tipnis. El operativo fue una represión, innecesaria, en la que hubo violación de los derechos humanos. A esto se sumó que en ese entonces nadie, absolutamente nadie sabía de dónde había salido la orden para llevar a cabo semejante operativo, “nadie dio la orden”, simplemente la cadena de mando se rompió decían.
En aquella ocasión, Sacha Llorenti, ministro de Gobierno, negó haber sido el artífice de semejante acción, se lo liberó de toda responsabilidad hasta la actualidad. Tiempo después de Chaparina, él fue premiado con la designación como embajador de Bolivia ante la ONU. Ese eslabón perdido en la cadena de mando, hoy se halla desempeñando funciones como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Hoy, a una década de Chaparina, los indígenas marchan otra vez. Si en aquella ocasión era en defensa del Tipnis, hoy lo hacen básicamente defendiendo lo mismo: su territorio, su cultura y en definitiva la vida misma. Si aquella vez, fueron amordazados con cintas adhesivas y con la represión de la fuerza pública, hoy se los pretende callar desacreditando la marcha, o mediante la intervención de grupos de interculturales, o citando judicialmente a declarar a los dirigentes indígenas.
La represión de Chaparina, en el marco del conflicto del Tipnis, fue algo más que una simple ruptura en la cadena de mando, pues marcó un giro trascendental no sólo en el curso del conflicto, sino en la relación del gobierno de Evo Morales con los pueblos indígenas. Este conflicto, desnudó que dentro del proyecto del gobierno los indígenas y sus reivindicaciones no tenían importancia. Reveló además que entre las organizaciones aliadas del masismo gobierno, los interculturales eran quienes hegemonizaban y tenían prerrogativas. Y ni qué decir, emergió una clara contradicción entre la propuesta del “vivir bien” y una política crasamente desarrollista y depredadora a toda costa.
Hoy nos encontramos en una situación similar, los territorios de esos pueblos arden, los incendios, acentuados por la ampliación de la frontera agrícola devastan su hábitat, la ocupación de territorios indígenas son colonizados por colectivos que para nada son cómplices ni amigos de la naturaleza, de la Madre Tierra ni de su resguardo y cuidado.
A una década de Chaparina, el Gobierno se ha empecinado en su opción destruir y dividir las organizaciones indígenas, mediante la cooptación de algunos dirigentes y la anulación de representatividad de otros. Ha incentivado la toma física de las instalaciones donde funcionaban estas organizaciones, tal es el caso de la Cidob, Subcentral del Tipnis, Conamaq, y otras; o la creación de organizaciones paralelas, existiendo en la actualidad las organizaciones oficialistas y las orgánicas.
Aquella vez la represión de Chaparina, pretendió desmovilizar la marcha y no pudo, pues los marchistas se rearticularon y de todas maneras llegaron a la sede de gobierno, donde fueron masiva y efusivamente recibidos. Hoy tampoco podrán detenerla. A pesar de la cooptación, la división, la desacreditación, el enjuiciamiento de dirigentes, el movimiento indígena es terco, tenaz y testarudo. Y su marcha continúa a paso firme, pues la defensa de la vida misma, no puede tener pausa.
Gabriela Canedo Vásquez es socióloga y antropóloga
