La Paz, 8 sep. (ANF).- Guillermo Fabbri, abogado del ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, aseguró que la entrega de recursos de gastos reservados a su cliente fue legal y de conocimiento de los ministerios de Hacienda y Gobierno, por lo que el economista no cometió ningún tipo de delito.
El Ministerio Público presentó este jueves imputación formal contra el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, por los delitos de peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
El fiscal que investiga el caso justifica la aprehensión del ex presidente del BCB en que recibió presuntamente de forma ilegal 6 mil bolivianos (de los 48 mil que se investiga) dentro del período bajo investigación del Ministerio Público.
“Los 48 mil bolivianos son un solo un pago, ese pago institucionalmente ingresaba con planillas al BCB, a través de una política de Estado de fortalecimiento salarial a los funcionarios jerárquicos”, aseguró Fabbri.
El abogado explicó que estos pagos eran recibidos por diferentes funcionarios. Citó al gerente general, al asesor de política económica y al gerente legal. “De estos recursos que se pagaban a diferentes técnicos, el doctor (Morales) recibía Bs. 6 mil; el resto se entregaba a diferentes funcionarios”, explicó el jurista.
Fabbri lamentó la determinación del fiscal Harry Suaznabar, pese a que se entregó informes de estos cobros, considerados legales. Asimismo, lamentó que no se haya considerado el estado de salud ni la edad avanzada (67 años) de su cliente.
Agregó que la defensa demostrará en la audiencia cautelar, prevista para la mañana del viernes, su inocencia y que no existen riesgos de fuga.
Sin embargo, el abogado considero que la aprehensión de su cliente es un atropello, y que el Ministerio Público estaría utilizando este caso como una cortina de humo para distraer la atención de los problemas que atraviesa el gobierno actual como el conflicto del TIPNIS y el caso Sanabria.
Otro proceso
El fiscal dijo que solicitará la detención preventiva para Juan Antonio Morales por considerar que existen riesgos de fuga, porque tiene otro proceso por el delito de presunto daño económico de 43 millones de dólares.
El hecho fue descalificado por el abogado del ex presidente del BCB, quien señaló que su cliente, cuando era presidente, firmó un contrato junto con el superintendente de ese año (1997) y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), para evitar el quiebre de una entidad denominada BHN, que se fusionó con el Citibank.
Fabbri aseguró que esta firma generó para el Estado un superávit de 3 millones dólares, señalado que si no se realizaba esta operación financiera entonces el BHN quebraba ocasionando la devolución a los ahorristas un mínimo de 150 millones dólares.
La esposa del ex presidente del Banco Central de Bolivia, Cecilia Morales, atribuyó la detención a motivos políticos, con el fin de desviar la atención del conflicto del TIPNIS y los problemas con el ex general de la policía René Sanabria, implicado en asuntos de narcotráfico.
Imputación
El fiscal Harry Suaznábar, encargado de las investigaciones del caso Gastos Reservados II, presentó este jueves la imputación formal y anunció que solicitará al Juzgado Decimo de instrucción en lo penal la detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro por existir riesgos procesales como la fuga.
Suaznábar manifestó que la ex autoridad tiene otro proceso, iniciado en el año 1997, por la firma de un contrato entre el BCB y el BHN Multibanco S.A., proceso en el que se le ha consignado una acusación formal, siendo uno de los principales elementos de convicción para solicitar su detención.
Morales, según declaró Suaznábar a la prensa, “recibía de Bs. 6.300 a 6.400 mensuales desde octubre de 1995 a junio de 1997, empero de los recibos que cuenta el cuaderno de investigaciones en original, se tiene que el mismo recibía la suma de Bs. 48.563, monto que era repartido entre la gente de su confianza, gerentes del BCB”.
Reacciones
Legisladores de la oposición calificaron la detendención de Morales como estrategia mediática gubernamental para distraer la atención de la opinión pública ante un posible enfrentamiento entre indígenas del TIPNIS con colonizadores de Yucumo.
El senador Róger Pinto y el diputado de PPB-Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz, afirmaron por separado que el gobierno extrema todos sus recursos para minimizar el conflicto con los pobladores del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) en los medios de prensa.
“Es una pena que se use a un profesional de la talla del doctor Juan Antonio Morales para demostrar que en este gobierno se lucha contra la corrupción, cuando en el aparato estatal campea este mal al igual que el narcotráfico... Espero que con esto la población boliviana despierte y se dé cuenta del Estado autoritario con sed de venganza y división que nos está gobernando”, dijo Pinto.
Por su parte, Muñoz, jefe de Bancada adjunto de PPB-Convergencia Nacional, considera que una de las cartas del gobierno en momentos de crisis es recurrir a la persecución y judicialización de la política. Recordó que cuando explotó el caso del general René Sanabria, el gobierno trasladó al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de la cárcel de San Pedro al penal de máxima seguridad Chonchocoro.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, "lamentó" la detención de Morales.
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