Una fotografía de la Guerra del Agua. Foto: laserna.wordpress.com
La Paz, 7 de abril (ANF).- Este 7 de abril se recuerdan 15 años de la Guerra del Agua que se produjo en la ciudad de Cochabamba debido a la intención del gobierno de Hugo Banzer de privatizar el servicio del agua y adjudicárselo a la multinacional Bechtel.
Oscar Olivera, exdirigente de la Coordinadora de Defensa del Agua, recordó la fecha y dijo que no se han resuelto las demandas de acceso al agua a Cochabamba y que los precios altos para acceder a este servicio y la falta de cobertura son los asuntos pendientes por atender de parte del gobierno.
“Yo diría un 30% de la población cochabambina no tiene acceso al agua potable. Trabajan carros aguateros que ofrecen este servicio a un precio 10 veces más de lo que tiene el costo del servicio en el centro del casco viejo proveído por el Servicio Municipal de Agua Potable de Cochabamba (SEMAPA)”, informó Olivera a la ANF.
Según Olivera, en Cochabamba actualmente el suministro del agua es dotado a través de tres redes de agua: una red del comité de aguas, dependiente de los vecinos; otra paralela, operada por la Alcaldía y una tercera red del proyecto “Mi Agua” del Gobierno nacional.
Las dos últimas redes, dijo el exdirigente, están observadas por no dar agua, razón por la que las empresas proceden a la perforación de pozos para suministrar el líquido a los barrios. “No existe una mínima potabilización, estamos tomando agua directamente del pozo al grifo y eso constituye un atentado a la salud”, deploró.
Respecto al precio, Olivera señaló que en la zona Sur de la ciudad el costo del servicio de agua es 10 veces más caro que en otras zonas donde el agua es provista por Semapa. Por ejemplo, Semapa ofrece el servicio de agua a 1,50 ó 2 bolivianos el metro cúbico, en tanto que en la zona Sur, donde el agua es distribuida por carros, el precio se incrementa a 6 ó 7 bolivianos el metro cúbico.
La Coordinadora del Agua promovió entre los años 1999 y 2000 una serie de protestas y bloqueos en contra del contrato que suscribió el gobierno con la empresa Aguas del Tunari. Producto de las movilizaciones, la Coordinadora del Agua logró el rompimiento del acuerdo y se modificó la ley 2029, que había establecido que el mercado de aguas dejaría de ser un bien común y se libraría a la libre oferta y demanda. Las protestas derivaron, además, en más de 100 heridos y un muerto.
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