La Paz, 25 de agosto de 2025 (ANF). - El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto declaró este lunes fundado el recurso de excepción que presentó la defensa de la expresidenta Jeanine Añez, por lo que decidió anular los obrados del caso Senkata. Ordenó que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para que se tramite un juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
“Se anula obrados hasta el vicio más antiguo que consiste hasta fojas dos de obrados, se devuelvan los documentos presentados como medios de pruebas ante el juzgado de origen de instrucción penal primero de El Alto, debiendo la autoridad jurisdiccional remitir los antecedentes la Fiscalía General de Estado para que el proceso se tramite conforme a la Ley 044”, dictó el juez David Kasa.
La audiencia se instaló cerca a las 10:00 de este lunes y se extendió por más de ocho horas, se desarrolló de forma virtual. La defensa de Añez presentó un recurso de excepción de competencia, alegando que no puede ser procesada por la vía ordinaria, sino a través de un juicio de responsabilidades en su calidad de exmandataria.
Tras conocer la resolución del juzgado, la exmandataria dijo que “este día será recordado por la historia porque se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre ¡Que viva Bolivia!”.
El juez de instrucción penal dispuso que se resuelva de forma inmediata las medidas cautelares que dictó contra el resto de los procesados, además recomendó que las víctimas acudan a la Fiscalía General del Estado con su proposición acusatoria para continuar el proceso.
La exmandataria estaba enfrentando el proceso por la vía ordinaria, pese a que los presuntos delitos por los cuales es juzgada fueron cometidos cuando asumió la presidencia del Estado. Sin embargo, el Ministerio Público a la cabeza del entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, retrocedió y decidió llevar los procesos en los tribunales ordinarios.
Denuncia persecución
Tras dictar la resolución, el juez denunció que los integrantes de ese tribunal fueron amedrentados con procesos penales y disciplinarios por la fiscalía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado.
“Los miembros de este tribunal, por actuar dentro de la legalidad y el debido proceso conforme a la ley y a la Constitución Política del Estado, bajo el control de constitucionalidad, fuimos perseguidos penalmente y disciplinariamente por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y el Consejo de la Magistratura", dijo el juez Kasa.
Durante la audiencia, la expresidenta negó responsabilidad sobre las muertes en Senkata, dijo que, si bien ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, no fue carta blanca para atentar contra la vida de los ciudadanos. Además, responsabilizó a Evo Morales de esos hechos porque, en su criterio, alentó las protestas.
“Ustedes saben que en ninguna parte del Decreto Supremo emitido por mi gabinete dice que hay piedra libre para ir a matar. (…) Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial, yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno”, protestó
Los fiscales, los abogados del Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Justicia apelaron la decisión judicial porque presumiblemente el dictamen vulneró el debido proceso.
En este caso se investigaron los hechos que se produjeron el 19 de noviembre de 2019, cuando al menos 10 personas fallecieron durante un operativo militar y policial que se registró en cercanías a la planta de YPFB en Senkata, de la ciudad de El Alto, tras la renuncia de Evo Morales por las irregularidades en las elecciones de octubre.
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