La Paz, 7 de julio de 2026 (ANF).- La empresa Mi Teleférico presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público por los daños ocasionados a su infraestructura y la violencia que afectó a las estaciones, cabinas y a su personal durante los días del conflicto social vivido en mayo y junio en La Paz.
Las denuncias fueron presentadas por los presuntos delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, además de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, informó este martes el MInisterio de Obras Públicas.
La Fiscalía y el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción de la Policía buscan identificar a los presuntos responsables de los daños.
“Estamos coadyuvando y colaborando plenamente con las autoridades competentes para que estos hechos sean esclarecidos y los responsables respondan ante la justicia conforme a la ley”, afirmó el gerente de Mi Teleférico, Christian Rojas.
La empresa documentó los ataques de los manifestantes contra las estaciones Armentia de la Línea Naranja, El Prado de la Línea Celeste y Río Seco de la Línea Azul.
Los hechos ocasionaron daños en la infraestructura de las estaciones y en cabinas que se encontraban en operación al momento de los incidentes, afirmó el ministerio.
La empresa también indicó que varios trabajadores fueron víctimas de agresiones físicas durante los disturbios, una situación que obligó a activar los protocolos de seguridad para evacuar y resguardar a los usuarios del sistema y al personal.
En la estación El Prado se registró la agresión a tres efectivos policiales, uno de ellos con heridas de gravedad al punto de que tuvo que ser trasladado hasta Argentina por los daños producidos a uno de sus ojos en las protestas del 18 de mayo.
Rojas explicó que las denuncias forman parte de una política destinada a resguardar los bienes públicos y fortalecer los servicios estatales, con el objetivo de garantizar la continuidad de una infraestructura estratégica para el transporte urbano.
Las protestas y los bloqueos duraron más de 50 días, período en el que murieron al menos 22 personas, la mayoría por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de provocar pérdidas por alrededor de 3.000 millones de dólares.
JA/
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