En medio de la crisis de desinstitucionalización del Estado y los graves problemas que han causado los bloqueos de 54 días al país, se añade el reclamo de los órganos judiciales exigiendo un 5% del presupuesto general para cubrir las urgentes necesidades de cobertura jurisdiccional en el 45% de municipios donde la justicia está ausente.
El pedido puede ser justo en base a los proyectos estructurados por los órganos de la justicia y, real, racional y necesario, si rigurosamente se ha efectuado una auditoría de los procesos de selección e ingreso de jueces y personal administrativo con criterios y principios de ética, competencia, probidad e independencia, exenta de toda influencia partidaria. Verbigracia, como los que por vocación y capacidad teórica-práctica aprobaron con solvencia profesional e idoneidad la escuela de jueces y, en lo esencial, caracterizaron sus resoluciones con razonamientos jurídicos claros, la verdadera materialización de los valores, derechos y principios del orden constitucional, de las normativas internacionales sobre Derechos Humanos, y decisiones de la justicia de la Corte IDH y de las Naciones Unidas.
Alguna solución hay que dar a esta situación, quien sabe cerrando las empresas deficitarias del Estado, los consulados y embajadas en países donde no se justifican ahorrar al menos más de 500.000 dólares,, cancelar convenios con brigadas médicas cubanas y ahorrar 147 millones, rematar todos los bienes incautados del narcotráfico, confiscando bienes y cuentas bancarias nacionales e internacionales de quienes ejercieron a discrecionalidad la economía del país desde distintos ministerios girando sobre su propio eje, sin perder los flujos bonancibles que les deparaba la protección reforzada del jefazo.
Sin perder la perspectiva del Estado Plurinacional y pluricultural, vivimos en un sistema constitucional que necesita renovarse, transformase y esto es posible a través de reformas a la Constitución, concretamente, la reforma judicial, el cambio de la corroída elección democrática y sus secuelas de mutaciones a la primacía de la Constitución y bloque de constitucionalidad, con decisiones judiciales tergiversadas y mutantes, mencionemos algunas:
Hasta que finalmente tuvieron que escapar los 5 magistrados auto prorrogados no por efecto del Auto Constitucional 0087/2025-O de 24 de diciembre que establecía 10 días para que cesen en sus funciones, sino por la demanda que interpuso el actual presidente del TSJ contra los auto prorrogados por usurpación de funciones durante casi cerca de dos años de sombras y despachos de causas sin ningún criterio cronológico de ingreso o indicadores que justifiquen su prioridad, que ahora los cuatro elegidos democráticamente están tratando de unificar la jurisprudencia, identificando en cada caso el precedente que contenga el estándar más alto, favorable y progresivo de protección del derecho.
Los actuales legisladores después de dos décadas de hegemonía del MAS no pueden quedarse fuera del 88% de la población boliviana que no confía en la actual justicia, no cabe la inacción que el 45% de municipios carecen de jueces y fiscales; la miopía no es permisible ante la acelerada recesión que presenta el World Justice Proyect sobre el Estado de Derecho 2025, colocando a Bolivia en el puesto 131 de 143 países del mundo y ocupa el puesto 29 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe, lo que explica que nuestro sistema judicial está en el fondo por los excesos del poder, sistemática injerencia política y la manzana podrida de la corrupción; no pueden permanecer escéptico si el 67% de acciones de garantías son contra jueces; ninguna indiferencia cabe si más de 20.000 causas hacen espera de sorteo en el TCP y cada año ingresan entre 7.000 a 8.000 nuevas causas según afirman los actuales 4 magistrados titulares; no es posible sustraerse de la realidad que en delitos de feminicidio de 1266 casos 442 tienen sentencia (34,91%) y que 272 (21,48%) se desconoce el estado de la causa y, que en casos por abuso sexual de 19.422 terminaron con condena 3.324 (17,11%), 533 (2,74%) se aplicó procedimiento abreviado y fueron rechazados 11.877 casos (61,15%), y otros fueron sobreseídos o cerrados (periodos 2013-2024).
Sumado a los datos preocupantes que informa la Fundación Construir recogidos en la Revista el estado de la justicia en Bolivia 2024. Democracia, Justicia y Derechos, se indica que hasta febrero de 2025 existían 32.749 personas privadas de libertad en las 22 cárceles de todo el país, de los cuales 30.330 son varones (92,61%) y 2.251 mujeres, lo que representa una tasa de hacinamiento de casi el 210%. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo el 58% de 33.275 de la población carcelaria no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada (junio 2025); la impunidad y el no cumplimiento a resoluciones judiciales sigue en ascenso, los ejemplos patéticos se encarnan en el expresidente de Bolivia refugiado en el estado del Chapare, en Mario Argollo, Vicente Salazar que al pedir la renuncia del presidente durante los bloqueos de 54 días con lamentables 19 muertos por obstrucción de asistencia médica, la ley ni el ministerio público no tienen la fuerza necesaria para desactivar su mal concebido fuero sindical y aplicarles las medidas de detención preventiva con incautación de todos sus bienes y congelamientos de cuentas bancarias. El jueves se conoció que el Fiscal general Roger Mariaca informó que más de 300 personas de los bloqueadores están siendo investigadas en varios regiones del país, sin precisar cuántos se acogieron al procedimiento abreviado, cuántos y por qué delitos han sido aprehendidos, y si la demanda del Comité Pro Santa Cruz contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar autores intelectuales de conspiración contra la democracia, muertes por falta de auxilio, daños económicos al sector agroindustrial y otros delitos graves, ha sido admitida y puesta en conocimiento del juez cautelar.
Ante la magnitud de los problemas de la justicia, no funciona razonablemente bien, que la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados impulse el tratamiento del Proyecto de Ley No 161/2025-2026 denominado “Ley Transitoria de
Convocatoria para la Preselección de Postulantes y Elección de Candidatos a Magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los Departamentos de: Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, y Magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para los Departamentos de Beni y Pando, porque nada va a transformar la elección meritocrática de magistrados que faltan (2 en el TSJ y 5 en el TCP), la independencia e imparcialidad, si no se decide prohibirse incumplir lo que se ofrece, activando la reforma parcial de la Constitución, discutiendo el contenido de la reforma judicial fraguada en pacto social en dos años, en la que nadie negocie partidariamente, sino que todos debatan y acuerden el nuevo horizonte de las instituciones del Estado Constitucional.
Este es el sistema de concierto general que reclama el 88% de la población boliviana, sin lugar a sobreponer el modelo eleccionario fallido, que ha servido para que: la justicia sea selectiva (con militares encarcelados por defender la democracia sin derecho a revisión de sus expedientes); militantes o al menos afín al gobierno de turno pululan en corporaciones delincuenciales entre abogados, jueces, vocales y lobistas (como el caso del consorcio del exministro de justicia Cesar Siles); las narcomaletas con el imputado Hebert Zeballos Domínguez, juez anticorrupción, con detención preventiva por 60 días en el penal de Palmasola y otros; sorteos de causas en función de intereses personales; desapariciones de expedientes; permisibilidad de invasiones a la propiedad privada (con desalojos no ejecutados por la policía); incumplimiento a resoluciones judiciales de aprehensión (caso Evo Morales y Nemesia Achacollo); salidas nocturnas y en fin de semana de reos con condena y detención preventiva (caso Terán, Luís Arce Catacora, Felipe Cáceres); flexibilidad con implicados en casos de narcotráfico y supuestos tarifarios para acceder a cargos judiciales.
Kathia Saucedo, secretaria técnica de la Comisión, señaló que el proyecto de preselección incluye como novedad: un puntaje mínimo de 80 puntos para pasar a la votación popular; un examen oral y una entrevista pública para indagar sobre la probidad de los postulantes. El proyecto establece dos plazos para el proceso de preselección y elección: 50 días para el proceso que realizará la ALP y 150 días para el cronograma electoral organizado y dirigido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El gran problema con repetir el modelo de corrupción de la justicia, parece ser que, en nuestro sistema representativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se tiene la capacidad de elección y, casi pocos, se responsabilizan de sus decisiones y definitivamente vivir en un orden jurídico en que se pueda hacer esfuerzos por pactar la diversidad y transformar la justicia, aquella independiente, idónea, cristalina, respetuosa, razonada y digna para una sociedad de convivencia, que ya no puede esperar más insensibilidad e indiferencia en temas centrales de reforma. Es preferible demorar dos años en el proceso de reforma judicial integral y transversal, a convivir con la corrupción heredada y los jueces honorables no inmersos que son pocos y, por conciencia y piedad por los pobres, evitar el gasto de 180 millones de bolivianos en elecciones judiciales y destinarlos a un fondo social para salvar a los “enfermos de cáncer” y otras enfermedades terminales.
Si queremos garantizar el futuro de la justicia y los derechos fundamentales de la sociedad, resguardando principios de igualdad, seguridad jurídica y eficaz concreción de las garantías constitucionales y los derechos recogidos en los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de las Cortes y organismos de la ONU, -el pacto por la reforma- merece privilegiarse y, no quedar atrapado, por el desasosiego y la vergonzosa impunidad; los últimos lugares en el Estado de Derecho, justifican la propuesta en la línea de notables juristas que comparten la sensatez de la idea a seguir. El voto en elección de magistrados enjaula la meritocracia y la independencia se expone a la incertidumbre, porque la población no conoce a los candidatos seleccionados y las instrucciones políticas corporativas que las vieron en los bloqueos de 54 días, decidirán por los postulantes menos sólidos para seguir manejando la justicia y, eso, destruye la legitimidad democrática y la esencia de contar con magistrados independientes.
El profesor Javier Pérez Royo dijo en una célebre conferencia en la Universidad de Oviedo dijo: “Es imprescindible reformar la Constitución para que no muera”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
