La Paz, 19 de noviembre de 2025 (ANF).- El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos abrió el debate sobre la posible llegada —o reincorporación— de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Para el sociólogo Tupaj García y el investigador Roger Cortez, este escenario no solo implica un giro político significativo, sino también riesgos concretos para la soberanía, la seguridad interna y la propia dinámica del narcotráfico en el país. Ambos advierten que la presión estadounidense podría activar una agenda antidroga que históricamente ha tenido consecuencias opuestas a las que promete.
García subrayó que la DEA no ha demostrado efectividad en reducir la producción de estupefacientes en la región. Recordó que Colombia, con más de cuatro décadas de trabajo conjunto con esta agencia, concentra alrededor del 80% de la producción sudamericana de cocaína, mientras que Bolivia —sin la presencia de la DEA— representa aproximadamente el 5%. A pesar de tener solo unas 22.000 hectáreas de coca autorizada, y un total estimado que no supera las 30.000, el sociólogo enfatizó que en los países donde la DEA opera, las superficies cocaleras suelen aumentar.
Según García, ese incremento no es un fenómeno aislado: “La presencia de la DEA no ha mostrado correlación alguna con la reducción de la producción, sino más bien con dinámicas de expansión y fortalecimiento del narcotráfico”, dijo a ANF. En su interpretación, esta agencia tiende a desplazar la producción, pero no a disminuirla, abriendo espacios para estructuras criminales más consolidadas y, en algunos casos, para negociaciones entre actores ilícitos y operadores externos.
Ese señalamiento conecta con una advertencia más amplia sobre los impactos sociales. García recordó que en Bolivia ya existe un precedente grave: entre 1997 y 2001, durante el “Plan Dignidad”, murieron 35 personas y se acumularon centenares de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de dirigentes sindicales. Bajo su análisis, la intervención de la DEA implica mayores niveles de represión y un control político ejercido a través de sus agentes, además de prácticas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
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