La Paz, 4 de agosto (ANF).- La Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz incumple por más de cuatro años la sentencia constitucional que determina un nuevo juicio para Renatto Cafferata Centeno, al haberse vulnerado sus derechos y no habérsele permitido la presentación de pruebas en el proceso.
Pese a no existir pruebas contundentes en su contra y sí peritajes y testimonios que lo liberan de culpa, el Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz lo sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la muerte de su enamorada. La sentencia se dio en medio de denuncias de corrupción de funcionarios judiciales que pedían dinero a cambio de exculpar a Cafferata.
El 15 de febrero de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió mediante la sentencia SCP 0099/2016-S2 que el proceso en contra de Cafferata se retrotraiga hasta su primera instancia para un nuevo juicio, y se restituyan sus derechos vulnerados, al haberse acreditado que, durante el proceso penal ante la justicia ordinaria, se vulneró su derecho a la defensa.
Además, el TCP determinó que Cafferata fue coaccionado a prestar declaración pese a existir certificación médica forense que acreditaba su delicado estado de salud y recomendaba su internación inmediata en un centro hospitalario.
En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, la sentencia constitucional indica que se hace evidente que el Tribunal Quinto, que llevó el juicio, actuó con “excesivo formalismo y marcada arbitrariedad y abuso respecto a sus atribuciones procesales”, ya que también denegó la producción de prueba extraordinaria.
Es decir, los jueces de Tribunal Quinto de Santa Cruz, Nelson Alba y Ademar Rueda Esquivel, actuaron en los hechos de forma arbitraria y lo sentenciaron a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Tras conocer esta sentencia, Cafferata presentó una apelación restringida y logró la Sentencia Constitucional del 15 de febrero de 2016, que debe ser cumplida por la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, que desde entonces se opone abiertamente.
Uno de sus miembros, Sigfrido Soleto, que fue destituido de su cargo de vocal, y que se hizo conocido por dormirse en las audiencias, dijo que no cumpliría la sentencia y que no temía represalias del Consejo de la Magistratura. Soleto fue uno de los vocales que trabó en todos los ámbitos el cumplimiento de la sentencia.
Ante el incumplimiento del fallo constitucional, la defensa de Cafferata interpuso cuatro autos constitucionales (12 de septiembre de 2019; SCC II N° 11/28 de 18 de octubre de 2018; SCC II N° 05/2016 de 15 de mayo de 2018; y, SCC II N° 17/2017 de 6 de septiembre de 2017), que los ganó, y determinan el cumplimiento de la sentencia constitucional por la Sala Tercera. Esta situación se convirtió en un círculo vicioso por la corrupción e incumplimiento de la determinación judicial.
Quienes sentenciaron a Cafferata ahora se encuentran en otros niveles de decisión de la justicia boliviana a los que debe acudir el sentenciado, y correr la misma suerte sin garantía de encontrar justicia, dijo a ANF Gladys Centeno, madre de Renatto. En la Sala Tercera, que debe cumplir la sentencia, ahora se encuentra de vocal Nelson Alva, el juez que sentenció a Cafferata en un juicio viciado, como detalló el Tribunal Constitucional.
La embajada del Perú lamentó que, a lo largo de más de cuatro años, en los que realizó pedidos concretos a la cancillería boliviana, así como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para transmitir la preocupación del Gobierno Peruano por la violación del debido proceso y los derechos fundamentales de su connacional, no se haya cumplido la sentencia.
Cafferata permanece cerca de 10 años como detenido preventivo y sin sentencia ejecutoriada en el penal de Palmasola, en un juicio en el que no se le permitió brindar su versión de los hechos, por el “apuro” de los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia, Nelson Alva y Adhemar Rueda, de dictar su fallo condenatorio, contra todo pronóstico.
En el proceso se perdieron pruebas y no se consideraron otras que favorecían a Cafferata, su familia fue extorsionada en varias oportunidades por funcionarios del Ministerio Público y de la Policía con pedidos de dinero a cambio de favorecerlo en el caso, peticiones que fueron rechazadas, según la denuncia.
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