La Paz, 26 de marzo de 2026 (ANF).- El Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario contra dos jueces del departamento de Santa Cruz por la presunta devolución irregular de bienes incautados en el 2023 cuando inició el caso Marset, la investigación ahora también alcanza a otras instituciones del Estado.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, informó que la indagación surge a partir de reportes de medios de comunicación que alertaron sobre la restitución de bienes vinculados al caso.
“Se había informado por algunos medios de comunicación de que se estaría investigando la devolución de algunos bienes (…) del caso Marset, por parte de algunos jueces en el departamento de Santa Cruz”, señaló.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) inició una auditoría sobre los bienes incautados a Sebastián Marset, tras detectarse posibles irregularidades en su administración y devolución.
El director nacional de la FELCN, Franz William Cabrera, confirmó al medio El Deber que la revisión está en curso y que existen versiones que apuntan a devoluciones realizadas sin respaldo judicial. Según los informes, Dircabi habría restituido inmuebles sin órdenes judiciales, pese a que la ley establece que los jueces son los únicos facultados para definir la situación legal de los bienes incautados.
Incluso se reportó que una quinta, que había sido entregada en custodia a efectivos de Umopar durante dos años, fue devuelta y posteriormente nuevamente incautada, lo que evidencia inconsistencias en la administración de estos activos.
A partir de estos antecedentes, se determinó abrir un proceso en la vía disciplinaria para establecer si los operadores de justicia actuaron conforme a la normativa vigente.
“Se ha determinado que se haga una investigación (…) para ver si los jueces actuaron dentro del marco de la norma”, explicó Baptista.
Sin embargo, los primeros hallazgos dan cuenta de que la posible irregularidad no se limitaría a jueces, sino que involucraría a otras entidades como la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y el Ministerio Público.
El caso se remonta a julio de 2023, cuando Sebastián Marset logró escapar de un operativo policial en Santa Cruz, tras reducir a dos agentes de inteligencia.
Tras su fuga, las autoridades incautaron bienes de alto valor, incluyendo hangares en el aeródromo de Warnes, avionetas, inmuebles en la zona norte de la ciudad, propiedades en el Urubó y Porongo, vehículos de alta gama, armas de guerra y dinero en efectivo.
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