El suplicio de Gladys Centeno en la búsqueda de justicia para su hijo

La Paz, 24 de septiembre (ANF).- Desde el 15 de enero de 2011 hasta la fecha, siete años y ocho meses, Gladys Centeno, una empresaria de nacionalidad peruana radicada en Bolivia, no se ha detenido ni un segundo en su lucha por ver libre a su hijo, Renatto Cafferata.

El 1 de noviembre de 2012, el juez del Tribunal Quinto de Sentencia de Santa Cruz, Julio Nelson Alba Flores, sentenció a Renatto Cafferata (27) a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, por supuestamente haber asesinado a la odontóloga María Rosario Castedo, su enamorada.

Desde entonces, Centeno recorrió todos los pasillos de órgano judicial, conversó con jueces, cuestionó a fiscales, denunció a policías. Acudió a un sinfín de autoridades, desde el presidente del Estado, Evo Morales, pasando por ministros hasta funcionarios subalternos para que escuchen su reclamo y hagan justicia, pero el muro de la impunidad se interpone: todos sordos. Se advierte en este proceso hasta xenofobia judicial. El lado oscuro de la justicia la invitó a negociar con elevadas sumas de dinero la acusación contra su hijo, pero ella lo rechazó.

“No ha habido un solo día en que yo me detenga, de viajar, de ir y de venir realizando gestiones” por ver libre a mi hijo de esa acusación injusta, señala Centeno.

Según la versión de su hijo, el 15 de enero de 2011, cerca de las dos de la tarde y después de haber acordado con María Rosario, su novia, Renatto fue a la casa de ella tras realizar una transacción bancaria. Al llegar vio que un hombre salía corriendo de esa vivienda y huyó en una vagoneta Mitsubishi Pajero, color plateado. Al interior de la casa se encontró con una escena dantesca: María Rosario agonizante tendida en el suelo ensangrentada y un cuchillo al lado. Se inclina y trata de auxiliarla, luego sale a pedir ayuda, y en la puerta es increpado por la sobrina de su novia, Katty Saldaña, quien le araña el cuello acusándolo de la muerte. Luego llega la tía, María Lorena Espinato, quien hace lo mismo, lo acusa de ser autor del crimen.

Él aseguró su inocencia y dijo que vio salir a un hombre de la casa cuando llegaba, pero nadie le creyó. Fue llevado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, desde entonces comenzó el calvario de su madre, Gladys Centeno, el incansable trajín en busca de justicia.

Ella recuerda que, enterada de lo sucedido, llegó a la FELCC junto a su esposo, y la policía los identificó inmediatamente y no los dejó pasar. “Dijeron que habían recibido una orden de que no entráramos, mi esposo llamó a abogados, pero ni así nos dejaron entrar”.

Renatto Cafferata estuvo incomunicado durante siete días, Gladys dice que cuando lo pudo ver, ya en el penal de Palmasola, estaba golpeado. Fue torturado por los policías que le exigían que acepte su culpabilidad. Muestra fotos al respecto.

“Mi hijo fue torturado, tenía la cara y las orejas hinchadas, las manos estaban moradas, me dijo que cinco policías lo golpearon. Un policía, de nombre Kent Ortiz, (quien después pierde pruebas de su inocencia) le pidió que se declare culpable”, señala Gladys.

Renatto cayó en manos de policías que tienen como método de investigación la tortura impune, como lo evidencia en un estudio el Instituto contra la Tortura (ITEI), quienes no escuchaban sus argumentos de su inocencia, como el hecho de que vio salir a una persona de la casa antes de que él ingresara.

“Lo tiraron al piso, lo patearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, trataron de asfixiarlo y buscar doblegarlo con el objetivo de que se incrimine, pero no lograron su propósito”, cuenta Gladys de acuerdo a la versión de Renatto.

Las denuncias por las torturas a Renatto fueron denunciadas a la FELCC, en el juicio y a varias autoridades, pero nadie hizo nada. “Yo los denuncio con pruebas, con nombres y apellidos y cargos, pero no pasa nada”, afirma Centeno.

Centeno relató que luego de hablar con su hijo fue con un abogado, quien le explicó el negocio del sistema jurídico. “Entre el verdadero asesino, que no tiene nada de nivel económico, y su hijo, que si lo tiene ¿usted cree que la policía no se dio cuenta de eso? su hijo y ustedes ya tienen un precio, la policía no se va a desgastar en ir a buscar a un asesino que no le va a sacar ni un peso, la policía se va a dedicar a ustedes porque a ustedes si les pueden sacar el dinero que quieran, de aquí para adelante esto no se va a detener”, y en efecto así sucedió.

Con todo el incansable trajín que lleva adelante y la presión a la que es sometida, Centeno rompió la barrera económica, porque no hay dinero que alcance para cubrir el apetito voraz del sistema judicial; rompió la barrera del tiempo y de la vida misma que ya le cobró factura a su salud con una diabetes tipo 2.

La tarifa de la justicia

El día en que Centeno puso un pie en la fiscalía comenzó a pagar y pasó a ser una tarifa para el sistema. Y en el caso de la sentencia de su hijo, “una tarifa que no pagó en su momento”.

Centeno dice que el primer fiscal del caso, Luis Warnes Montaño, envió a un policía, en la misma fiscalía, quien les pidió 10 mil dólares. Les dijo a ella y a su esposo “arreglemos de una vez”, eso sucedió el día de la detención de Renatto.

Otra fiscal, Angélica Zapata, también le dijo el primer día: “Arreglemos de una vez ¿qué están pensando que ustedes van a tener justicia? eso es lo que ustedes creen. Por favor, yo veo que ustedes son personas de bien, pero no crean que van a tener justicia. Ya entraron al sistema jurídico, de donde nunca van a salir, su hijo va ser condenado a 30 años y se acabó todo”.

Centeno relata que en la misma oficina policial le dijeron que si su hijo se declara culpable se arreglarían las cosas.

Ya en el proceso mismo, para cambiar la acusación de asesinato a homicidio debía pagar 10 mil dólares. “No lo hice y Renatto fue acusado por homicidio, sin embargo, fue sentenciado por asesinato”, señala.

Cafferata fue acusado de matar a su enamorada con nueve puñaladas. El Tribunal Quinto en lo Penal tomó en cuenta las versiones diferentes y casi contradictorias de la tía, María Lorena Espinato, la sobrina, Katty Saldaña, quien le arañó el cuello a Cafferata, pero la fiscalía aseguró que el rasguño lo hizo la fallecida al defenderse del crimen.

El policía –Kent Ortiz Monroy- enviado a la escena del crimen, quien luego perdió la mochila con las pruebas que beneficiaban a Renatto, también extravió los resultados de las  pruebas de ADN de Renatto y de las uñas de Castedo. Las pruebas favorecían al acusado ya que no se halló coincidencias.

El fiscal Olvis Eguez Oliva,  ahora magistrado por Santa Cruz del Tribunal Supremo de Justicia, acusó sin pruebas consistentes, ya que los exámenes de ADN liberaban a Renatto, al igual que la prueba pericial realizada al cuchillo que salieron negativas.

El juez Nelson Alba Flores, quien vulneró los más elementales principios del debido proceso y afectó el derecho a la defensa, pese a ello dictó, junto a los demás jueces, una sentencia de 30 años de cárcel.

Presunto ajuste de cuentas

Pese a la relación de noviazgo con Cafferata, Castedo aún estaba casada, pero separada de Ricardo Félix Flores, un brasileño que se encuentra en una cárcel de su país por un hecho de narcotráfico, situación que Cafferata desconocía y de la que se enteró gracias a las averiguaciones que hizo su madre, después de que él quedó detenido.

Sin embargo, la persona a quien Cafferata vio salir el día del crimen de la casa de su novia, era alguien a quien ya había visto antes, en el consultorio de Castedo, en una ocasión en que ellos tenían una discusión. Entonces notó que esta persona tenía acento brasileño, pero su novia solo le dijo que se trataba de un asunto que debía resolver. Posteriormente se lo identificó como Marco André Magalhaes Oliveira, quien sería el presunto asesino.

El día del hecho, Renatto encontró en la cartera de Rosario una carta escrita en portugués, al parecer enviada por su expareja, prueba que fue extraviada por el oficial Ortiz, al igual que el celular de la fallecida, donde se encontraban las llamadas realizadas a Renato antes del crimen y una llamada recibida desde Sao Paulo, un día antes del hecho.
 
Según los datos recolectados por Centeno, quien se trasladó hasta el vecino país para conseguirlos, Flores puso en prenda a Castedo ante una organización criminal de narcotráfico con la que trabajaba por una cantidad de droga. Al no poder entregar el estupefaciente a la organización, ésta cobró la vida de Rosario.

Cafferata y su hijo están seguros de que este fue el motivo del asesinato de Castedo. La madre afligida, demandó a las autoridades bolivianas a que tomen en cuenta esta sospecha y se investigue a profundidad, pero no le dieron curso.   

Sospechosamente, pese a que la familia de Castedo sabía de los antecedentes de la relación con Flores, siempre inculpó a Renatto por la muerte de Rosario.

Todas las denuncias presentadas por seguir los conductos legales del proceso no dieron frutos, más de siete años de trajinar sin resultados y con puras negativas de las autoridades.

Parece no haber espacio para la honestidad en el órgano judicial de Santa Cruz de la Sierra. Todos los recursos que presenta la madre de Renato son rechazados, por más bien fundamentados y probados que estén. Ella perdió la confianza en el sistema judicial. Persona con la que se topó siempre intentó sacar partido de su desgracia.

“Toda esta impunidad que mantiene el sistema jurídico para que nadie sepa la verdad es monstruoso, es una monstruosidad lo que esta sucediéndonos. Entonces, los casi 30 años que vivimos en este país, donde somos personas de bien, somos empresarios, donde mis hijos han crecido y se han educado, no ha servido de nada”, lamenta Centeno.

TCP falla a favor, pero no se cumple

Luego de muchos trámites y años para agotar los recursos e instancias dentro del órgano judicial, Centeno vio una luz al final del túnel: un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prospera y en 2016 falla para que el Tribunal Quinto en lo penal, que llevó adelante el juicio oral, anule el proceso por haber vulnerado los derechos de Cafferata y ordena un nuevo juicio.

Pasaron más de dos años desde entonces y las autoridades competentes no cumplen el fallo. Al parecer, “la corrupción impregnó a todo el sistema judicial. Hay alguien que paga para que todo esto se mantenga así en el caso Cafferata”, afirma Centeno.

Gladys Centeno interpuso dos acciones para el cumplimiento de la sentencia constitucional y aún así no fue cumplida. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, que conoció de cerca el caso cuando fue vocal, minimizó el incumplimiento del fallo Tribunal Constitucional, dijo que “probablemente haya una demora” cuando pasaron más de dos años sin hacerse efectivo.

Cafferata, ahora está en el pabellón 16 de Palmasola, le dio hepatitis A y salmonella. El personal médico del penal dijo que Renatto debe ser valorado nuevamente para ver si la hepatitis y la salmonella están controladas, pero repentinamente decidieron que ya no iba a salir y que un forense debe indicar si es necesario hacerle una nueva revisión.

“Hay momentos en que mi hijo se deprime mucho, pero siempre estoy ahí, dándole esperanzas, dándole aliento y haciéndole ver cómo funciona el sistema jurídico. Él es una persona que nunca antes tuvo ningún problema con la justicia, siempre ha tenido buena conducta, pero ahí sigue mi hijo, y seguimos nosotros como padres, luchando porque esto simplemente fue una gran mentira que tejieron contra él”, lamenta la madre.

La Cancillería y la Embajada del Perú realizan gestiones por el respeto a los derechos de Cafferata que fueron groseramente vulnerados al no permitírsele aportar con pruebas para su defensa, obligarlo a estar en la audiencia pese a que por sugerencia médica no estaba habilitado y haber sido sentenciado sin haber podido dar su versión de los hechos.
 
Denuncias presentadas

Gladys Centeno acudió a varias instancias del Ejecutivo en busca de justicia, pero las autoridades poco o nada hicieron por escuchar su pedido de ayuda. Ella cree que mucho tiene que ver en esto su nacionalidad, “a nadie le importa hacer justicia a un extranjero”, como ya se lo hicieron ver en muchas instancias judiciales, incluido el sistema de salud.

Algunas autoridades a las que acudió Centeno y no hicieron nada, se detalla a continuación:

Viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Cecilia Urquieta Pardo, quien respondió que el caso no es de interés del Estado (27/10/2017).

Al presidente Evo Morales Ayma (9 enero 2015). Nunca respondió.

Al ministro de Justicia, Héctor Arce, en dos oportunidades (20 de julio y 18 agosto de 2017), con hoja de ruta. Nunca respondió.

A Gonzalo Trigoso, viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el 18 agosto 2017, tampoco respondió.

A Pastor Mamani Villca, siendo presidente del Tribunal Supremo de Justicia. En la respuesta le dio la razón, pero no hizo nada.

A Silvia Salame Farfán, en ese entonces presidenta del Colegio de Abogados de Sucre, dijo que estará atenta al caso, pero no más.

A Wilbert Choque, presidente del Consejo de la Magistratura. Tampoco hizo nada.

A Milton Barón Hidalgo, presidente de la Comisión de Justicia Plural del Ministerio Público y Defensa. Sin respuesta.

A Cristina Mamani Aguilar, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (5 de agosto de 2014). La rechazó.

A la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Dennis Racicot). Se comprometió a hacer seguimiento del caso.

Al Ministro de Gobierno, Carlos Romero (10 de diciembre de 2012). No respondió.

A la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz (15 de octubre de 2011). Lo recibe el abogado Miguel Gallardo y dice que se investigaría. Nunca hubo resultados.

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