La Paz, 22 de julio de 2026 (ANF).- El Ministerio Público ejecutó este miércoles una orden de aprehensión contra José Angulo Cardozo, investigado por presuntas irregularidades en la compra de petróleo crudo para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un proceso por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La medida fue ejecutada en la ciudad de Santa Cruz, luego de que Angulo prestara su declaración informativa en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Tras concluir ese actuado, la comisión de fiscales dispuso su aprehensión para ponerlo a disposición de la autoridad jurisdiccional, que definirá su situación jurídica.
La orden de aprehensión fue emitida el 22 de julio de 2026 por la Comisión de Fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz, dentro del caso N.º 201102012600923.
El documento señala que la investigación fue iniciada a denuncia de Rolando Santos Pacheco Chávez y Claudia Andrea Herbas Siles, y dispone la captura de Angulo Cardozo por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 154 e 224 del Código Penal, referidos a incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
De acuerdo con la investigación, Angulo integró la Comisión de Calificación de YPFB que intervino en la aprobación de los precios dentro del proceso de adquisición de petróleo crudo, operación que actualmente es investigada por un presunto sobreprecio.
Las pesquisas se centran en la contratación realizada en diciembre de 2025 con la empresa Trafigura, que se adjudicó el suministro de crudo con un premio o comisión de 20,88 dólares por barril entregado en Pocitos y 22,88 dólares por barril en Arica, montos superiores a los que, según la investigación, se pagaban anteriormente a la empresa boliviana Botrading.
El Ministerio Público sostiene que estas operaciones habrían ocasionado un daño económico superior a 3,7 millones de dólares para YPFB, motivo por el cual continúa la investigación para establecer las responsabilidades de los funcionarios y demás personas que participaron en el proceso de contratación y aprobación de precios.
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