La Paz, 13 de mayo del 2026 (ANF).- El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, convocó a una conferencia de prensa para advertir que el Ministerio Público asumirá acciones contra la escalada de toma de carreteras y hechos de violencia registrados en distintos puntos de bloqueo en el país.
“Con profunda preocupación, desde el Ministerio Público observamos que en los últimos días se han registrado una escala de bloqueos, hechos de violencia e incluso daños a las vías del transporte en distintos puntos del país”, señaló Mariaca.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que esas medidas afectan la convivencia pacífica, ponen en riesgo la seguridad de la población y vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese contexto, reiteró el compromiso institucional del Ministerio Público de hacer cumplir la Constitución Política del Estado y defender la legalidad.
“Reiteramos nuestro firmen compromiso de cumplir nuestro mandato constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, conforme manda el artículo 225 y el artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Garantizar el derecho de las familias bolivianas a vivir en paz y seguridad, a transitar libremente y al goce pleno de sus derechos, serán el objetivo de todas las acciones que asuma el Ministerio Público”, aseguró Mariaca.
El fiscal general advirtió que la institución ejercerá acciones penales contra quienes incurran en conductas que afecten la paz social y la institucionalidad democrática, la seguridad de la población y los derechos fundamentales de las personas.
También hizo un llamado al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados para evitar una mayor escalada del conflicto.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que hoy se registraron alrededor de 60 puntos de bloqueo en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, y anunció operativos de intervención para restablecer la circulación vehicular.
El bloqueo de carreteras se convirtió en una forma de protesta que se normalizó, principalmente, en los últimos 20 años de gobierno.
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