La Paz, 16 de enero (ANF).- La comisión que visitó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) recomendó al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que sancione al Gobierno del Estado boliviano, por las violaciones a los derechos de la Madre Tierra y exige la paralización definitiva del proyecto de carretera por el territorio.
El informe final de la comisión fue presentado este miércoles vía online en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, por Alberto Acosta (Ecuador), Enrique Viale (Argentina) y Shannon Biggs (Estados Unidos) quienes coincidieron en que el Gobierno debe ser sancionado.
“Esta comisión en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos de la Madre Tierra y a otros cuerpos jurídicos”, declaró Acosta desde Ecuador.
Los comisionados llegaron a Bolivia en el mes de agosto de 2018, a pedido de Marqueza Teco y Fabián Gil, que en representación de la Subcentral del TIPNIS denunciaron ante el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza la violación a los derechos de la Madre Tierra y a su territorio.
Por su parte, Viale se refirió a una serie de violaciones de derechos, por ejemplo, señaló que se viola el derecho a la vida, la construcción de la carretera por el TIPNIS se constituye en una grave amenaza para la existencia de humanos y no humanos.
Asimismo, se establecen que se viola el derecho al agua como fuente de vida, “por la expansión de la colonización en el Polígono 7, se constata graves afectaciones a los ecosistemas y a las fuentes de agua esta situación sería más grave si se da paso a la construcción de la carretera, que partiría la lógica depredadora de las plantaciones de coca y de otros extractivistas como el minero y petrolero”, sostiene.
También citó que se vulnera el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos vitales libres de la intervención humana; así como la violación de los derechos indígenas, el derecho a la consulta previa libre e informada “este derecho se vio gravemente afectado porque se violó todos los estándares internacionales que garantizan la participación”, señaló el comisionado.
Manifestaron que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las defensoras de la naturaleza. “Violaciones que se ven agravadas por la falta de respeto al marco jurídico e institucional del Estado.
En ese marco, exigen al Gobierno la “paralización definitiva del proyecto de carretera por el TIPNIS”, la derogación de la Ley 969 De Protección, Desarrollo integral y Sustentable del TIPNIS.
Piden que las autoridades adopten medidas para detener el avance de la colonización hacia el núcleo del TIPNIS, la anulación de los planes de expansión petroleros.
Y se identifiquen y sancionen a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en la intervención por parte de la Policía a la marcha del TIPNIS en Chaparina el 2011, donde se violaron los derechos indígenas.
Acosta lamentó que el Gobierno no cumplió con responder un cuestionario acordado en una reunión sostenida con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el 20 de agosto de 2018, por lo que la comisión recurrió a otras fuentes de información para documentar el caso.
El año pasado, la comisión llegó hasta el corazón del TIPNIS, se reunión con las comunidades indígenas y escucharon sus preocupaciones en torno a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
También tenían previsto ingresar al Polígono 7 por Cochabamba, sin embargo los colonizadores bloquearon a la comisión y a los medios de comunicación que acompañaban en la inspección.
Fueron retenidos desde las 10.30 hasta las 17.00, y los dirigentes de los colonizadores determinaron que no pasarían porque no tenían la autorización de los pobladores.
El informe de los comisionados fue presentado al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que debe dictar una resolución, si bien sus fallos no son vinculantes al Estado, el tribunal se constituye en una instancia de carácter ético que tiene como objetivo investigar y dictaminar casos de violaciones a los Derechos de la Naturaleza.
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