La Paz, 26 de febrero de 2024 (ANF).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que los proyectos de ley 075 y 073, denominados “antiprórroga”, deben terminar con el “archivo” tras su tratamiento en la Cámara de Diputados.
“El tratamiento termina con el archivo” de esos dos proyectos de ley, los que piensen que se va a aprobar están equivocados, sostuvo Lima, en relación a las propuestas que buscan cesar en sus funcione a los magistrados prorrogados y establecer la suspensión de los plazos procesales.
“¿Puedes por ley dejar sin efecto una declaración constitucional? No”, manifestó de manera taxativa el ministro de Justicia.
Según la autoridad todos los miembros (opositores) que participaron en la firma del Acuerdo del 2 de febrero estaban “conscientes” de que esos proyectos solo se iban a “tratar”, pero no aprobar.
Los jefes de bancada de Comunidad Ciudadana y de Creemos fueron parte del diálogo, el senador Henry Montero (de la facción “camachista" de Creemos) fue el único que decidió abandonar esa instancia denunciando que el “arcismo” no aceptaba la suspensión de los magistrados prorrogados.
La pasada semana, el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, reconoció que el “Acuerdo” solo prevé el “tratamiento” de esas normas, y dejó en manos del pleno de la Cámara de Diputados si se rechaza o se aprueba, aunque también precisó que la Declaración constitucional 049 es una “limitante”.
“No va haber una ley que deje sin efecto una sentencia o una declaración constitucional”, afirmó el titular de Justicia en una entrevista en radio Fides; en su criterio si esto sucedería se “destruirá por completo el control constitucional”.
La autoridad insistió que una ley como la 075 no puede dejar sin efecto la Declaración constitucional mediante la cual los magistrados del TCP se autoprorrogaron y también ampliaron el mandato para el resto de los máximos tribunales de justicia.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura cumplieron su mandato de seis años el pasado 31 de diciembre, por lo tanto, deberían cesar en sus funciones, pero no lo hicieron.
Hay una corriente de críticas a su permanencia, fundamentalmente porque vulnera la carta magna, sin embargo, el gobierno ha asumido defensa de esa medida constitucional.
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