La Paz, 29 de noviembre de 2022 (ANF).- Juan Del Granado, exalcalde de La Paz, denunció que la Contraloría General del Estado (CGE) inició una persecución política en su contra luego que se hizo público que el trámite para la recolección de firmas de adhesión para la reforma judicial vía referendo constitucional, de la cual es uno de sus principales impulsores, y ahora entró en su etapa final.
En su columna de opinión habitual de los fines de semana, el jurista sostiene que, “de manera sospechosa” el jueves 24 de noviembre fue notificado con una “Auditoría Especial” en su contra por la construcción de los “puentes trillizos”, alegando que, en esa obra concluida en 2010, hubo irregularidades y un supuesto sobreprecio de 3.1 millones de dólares.
“No sólo que la Contraloría ‘demoró’ una década en la auditoría, sino que el ‘Informe Preliminar’ fue concluido el pasado 31 de diciembre de 2021, lo que significa que la ‘auditoría’ estuvo guardada 11 meses, seguramente esperando el momento político oportuno para notificarme y hacerla pública, en el vano, pero ruin intento de desprestigiarme y echar lodo sobre una gestión edil que los paceños siguen ponderando como una de las más transparentes y beneficiosas para nuestra urbe; se trata ahora de restarme credibilidad en la tarea de la reforma judicial que he emprendido junto a prestigiosos abogados”, afirmó el exburgomaestre.
Según Del Granado, el “proceder infame” de la Contraloría empezó hace más de una década cuando esta instancia de control estatal fue convertida en “mecanismo de persecución política contra los que somos contrarios al autoritarismo”.
En 2010, terminada la gestión de 10 años de Juan Del Granado en la Alcaldía de La Paz, la Contraloría inició una auditoría por el mismo tema y remitió obrados al Ministerio Público, instaurándole una acción penal por supuestos indicios de “contratos lesivos al Estado”. Después de cuatro años, la denuncia fue desestimada, pero recientemente fue desempolvada por la misma Contraloría, casi una década después de ser archivada.
Del Granado recordó en su artículo de opinión que, en junio de 2007, contrató, previa licitación pública internacional, la construcción de los puentes trillizos por un monto de 14 millones de dólares financiados por la CAF, bajo la modalidad llave en mano.
Al año siguiente se desató una crisis económica internacional y los precios de los materiales, especialmente el acero, se dispararon en el mercado y la obra estuvo a punto de paralizarse, lo que obligó a la gestión edil a convertir el precio del contrato de dólares a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) para mantener el poder adquisitivo del precio convenido, decisión que contó con el aval del Concejo Municipal y del mismo gobierno nacional, presidido por Evo Morales y por el entonces ministro de Finanzas, Luis Arce, quienes dieron luz verde al crédito adicional que también fue otorgado por la CAF para cubrir el incremento de 3.1 millones de dólares que compensaban las UFVs.
“22 años después, a la Contraloría se le ha ocurrido que, como no tengo responsabilidad penal hay que buscarme ‘responsabilidad civil’ porque, supone que el incremento del costo de la obra constituye un sobreprecio que nos habríamos embolsillado mi persona, el ex alcalde Revilla, 4 concejales y 4 técnicos de mi gestión, junto con el consorcio boliviano-colombiano -español que fue quien efectuó la construcción de esa magnífica obra, hoy al servicio de todos los paceños”, afirmó Del Granado.
El exalcalde aseguró que, al igual que la anterior vez, demostrará que el supuesto sobreprecio es inexistente y que el mismo fue autorizado por Evo Morales y Arce Catacora y luego aprobado por una ley en el Congreso.
“Es que los gobiernos autoritarios no se detienen ante nada y mucho menos ante el prestigio de las personas. Si se tratare de una maniobra artera para desprestigiar la causa de la Reforma judicial que estamos impulsando, están perdiendo el tiempo porque la Reforma judicial ya es una causa nacional irreversible que, concretada en Referendo, en su momento, barrerá también la bazofia instalada en la Contraloría”, indicó la exautoridad edil que actualmente forma parte del grupo de Juristas Independientes que impulsa la reforma judicial por referendo popular.
