Jimena Mercado C.
La Paz, 16 de diciembre (ANF).- La nueva fiebre del oro dejó en entredicho la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales no renovables donde se evidenció zonas sin control estatal: desde el reconocimiento del Gobierno sobre la presencia de organizaciones criminales que evitan operativos contra la explotación ilegal en ríos amazónicos, amparados en pactos entre capitales extranjeros y cooperativas locales, hasta áreas fiscales tomadas a la fuerza por grupos armados irregulares.
El 2018 fue el año en que propios y extraños quedaron impactados con lo que develó ANF el 17 de junio en un amplio reportaje:
“Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas” que devela la presencia de dragas de gran tamaño explotando oro en los ríos Kaka y Beni, en áreas mineras autorizadas para las cooperativas auríferas, las que se asociaron al margen de la ley con capitales extranjeros para operar en el norte de La Paz.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó el hallazgo luego de un operativo realizado en el río Kaka, que derivó en la aprehensión de 14 chinos, 7 colombianos y un boliviano. El propio ministro de Minería, César Navarro, dijo: “se ha procedido a la detención de súbditos extranjeros que estaban explotando ilegalmente oro en complicidad con algunas cooperativas auríferas en el norte de La Paz”.
Sin embargo, los extranjeros fueron beneficiados con las medidas sustitutivas a su detención, y la explotación aurífera continuó; contaron con la defensa de abogados de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), que justificó la presencia extranjera bajo la figura de “contratación de servicios”.
Meses más tarde, en una sorpresiva conferencia de prensa, el 15 de octubre, Jaime Cuentas de la AJAM admitió la presencia de “bandas criminales” organizadas en torno a la explotación ilegal del oro que realizan ciudadanos chinos y colombianos.
El funcionario relató que incluso se tuvo que soltar a los aprehendidos debido al nivel de violencia que ejercieron cooperativistas, con apoyo de algunos comunarios y autoridades municipales, que impidieron que los efectivos de la Armada y la Policía puedan trasladar a los extranjeros ante la autoridad competente.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, llegó a admitir que la presencia de organizaciones criminales en torno a la actividad del oro es “un tema que hace a la seguridad del país” y anunció la intervención a la zona. Sin embargo hasta la fecha no se concretó.
Avance de las dragas a Cachuela
Una travesía que empezó en Riberalta hasta llegar a la isla Oro Blanco, situada en la jurisdicción de Cachuela Esperanza del municipio de Guayaramerín en el departamento de Beni, desnudó la llegada de dragas chinas de la mano de la empresa boliviana Río Dorado SRL que niega una sociedad con los capitales extranjeros pero admite tener un contrato de prestación de servicios.
La investigación devela que Río Dorado logró la autorización de la AJAM para explotar oro por 30 años sobre 80 cuadrículas (2.000 hectáreas) ubicadas en el río Beni bajo sólo con la autorización de la comunidad Palmira del departamento de Pando y una licencia ambiental emitida por Beni.
Caso Arcopongo
La explotación ilegal del oro no sólo se dio a través de sociedades ilegales, también a través del avasallamiento que terminaron consolidándose a favor de los ilegales, como el caso del cantón Arcopongo, de la provincia Inquisivi, donde 50 cuadrículas “inmovilizadas” por la Corporación Minera Boliviana (Comibol) terminaron en manos de cinco cooperativas de Fedecomin.
La ausencia del Estado en Arcopongo facilitó a grupos irregulares la toma de la zona –ahora cercada- para la explotación del oro a gran escala con el uso intensivo de mercurio, combustible subvencionado y maquinaria pesada empleada para el desmonte de la zona y el desvío del curso natural del río Chaquety, entre otros.
En el caso de Arcopongo, no hubo acciones desde el Estado por poner orden en el lugar, todo lo contrario, la AJAM solicitó acompañamiento para la consulta al Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, a sabiendas de que no era previa, libre, ni informada, para dar curso a “regularización” de titularidad minera.
Las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor se impusieron frente a la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri que exigía un derecho preferente, en mérito a que obtuvo el 2012 la autorización en primera instancia por el exServicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
De este conflicto irresuelto, se tuvo que lamentar el 11 de julio de este año la muerte de un cooperativista de Ullakaya Condoriri, además de varios heridos que fueron recibidos a balazos cuando pretendían recuperar el área reclamada.
El saqueo en cifras
El saqueo del oro tiene cifras oficiales y otras ocultas o camufladas. Las cooperativas auríferas que acaparan el 99% de la explotación del oro, el año 2017, sólo dejaron por concepto de regalías poco más de $us 35 millones de un total de $us 1.500 millones exportados, alertó el especialista en minería de Fundación Jubileo, Héctor Córdoba.
Es decir; $us 1.465 millones van a bolsillos de particulares. De acuerdo a su participación en el volumen exportado figuran las comercializadoras del oro: Royal Gold (29,48%), SHR Oriental (26,56%), Auribol (16,48%), Yellow Tree (11,01%), Saavedra Oro (6,21%), Doral (5,14%) y BRG (5.12%), todas entidades privadas y empresas familiares.
En análisis del experto, las cooperativas encontraron diferentes vías para burlar el pago de las regalías; 7% cuando es de yacimientos de primera; 5% en áreas de segunda y 2,5% de marginales, según la categorización de la Ley 535. Y si la venta es interna, sólo se paga el 60% de esas tasas. “Ahora todo el mundo declara que el oro que extrae es de yacimientos marginales”, dijo.
El Senarecom no transparenta en su página web la comercialización del oro por volumen, valor, ni mercado. Sólo actualiza la cotización que oscila en $us 1220,059 la onza troy. Un cuadro sobre regalías mineras proporcionado de enero a septiembre da cuenta que llegaron a 931 millones de bolivianos.
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