MADRID, 18 de Julio de 2023 (EUROPA PRESS) .- El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, ha pretendido limitar la responsabilidad de la presidente, Dina Boluarte, en el casi medio centenar de muertes en las protestas de cara a las nuevas previstas para este miércoles en Lima al afirmar que es competencia de las Fuerzas Armadas y la Policía las operaciones que se llevan a cabo en las manifestaciones.
"Lo que tenemos que tener en cuenta es que la presidenta de la república es la responsable política. Los ministros somos responsables de la estrategia política", ha dicho el ministro del Interior, que añade, que son los miembros de las Fuerzas Armadas y sus responsables, así como los de la Policía, "los responsables de la estrategia operativa" y "las direcciones que ejecutan".
"Son los responsables de la estrategia táctica. Inclusive, existe otro nivel, los mandos intermedios son los responsables de la acción táctica. No se puede acusar a la señora presidenta. Hay niveles de responsabilidad", ha señalado en declaraciones a Canal N.
Las palabras de Romero tienen lugar en víspera de nuevas movilizaciones en la capital para exigir a la muy cuestionada presidenta Boluarte un adelanto de las elecciones, justicia para las víctimas mortales de anteriores movilizaciones y la puesta en marcha de una asamblea constituyente, entre otras demandas.
En los últimos días colectivos, organizaciones y sindicatos han comenzado a marchar desde varias localidades del país para poder asistir este miércoles a la tercer edición de la conocida como 'Toma de Lima'. El objetivo es hacer renunciar al Gobierno de Boluarte antes de su discurso a la nación del 28 de julio.
"La consigna es que sea pacífica", ha recalcado el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López. "La marcha es democrática y hacemos un llamado para que no haya provocación ni restricciones", ha reclamado el jefe sindical, según recoge el diario 'La República'.
Además de en Lima, también se han convocado movilizaciones y paros en otras zonas del país, como Piura, Arequipa, Cuzco y Ayacucho y se espera que lleguen a la capital peruana cientos de personas desde Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ica, Junín, Huánuco, o Apurímac, entre otras.
A tenor de los antecedentes, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han vuelto a reclamar a las autoridades peruanas, entre ellas la presidenta Boluarte, que no solo respeten el derecho a la protesta, sino que además "manden un mensaje claro a las fuerzas de seguridad" para que no se repitan los episodios de violencia de protestas anteriores,
"Su deber es facilitar y proteger el derecho a la protesta", ha enfatizado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, quien ha pedido a Boluarte y a su gabinete que adviertan a policías y militares de que "no se tolerará el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes".
"Durante los últimos meses, la Policía y el Ejército han hecho uso ilegítimo de la fuerza en reiteradas ocasiones, lo que le ha costado la vida a decenas de personas. Estas espantosas escenas de represión del Estado no deben repetirse", ha dicho Rosas, quien ha pedido un control más exhaustivo del material antidisturbios.
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, 49 personas han muerto y ciento han resultado heridas como consecuencia de la represión de unas protestas, que surgieron tras la detención y cese del expresidente Pedro Castillo.
AI ha documentado que al menos una veintena de estas muertes habrían sido extrajudiciales, mientras que otras organizaciones y colectivos de Derechos Humanos han hecho hincapié en el carácter racista de la represión, por aplicarse especialmente sobre comunidades indígenas y campesinas.
