MADRID, 20 de Noviembre de 2024 (EUROPA PRESS) .- El Tribunal Supremo de Perú ha ordenado llevar a juicio al expresidente Pedro Castillo a quien se le acusa de haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado en diciembre de 2022, poco más de un año después de asumir el cargo, cuando intentó disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas.
El juez del Supremo Juan Carlos Checkley ha dado por concluido la etapa de investigación y considera que existen pruebas suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a un Castillo que podría enfrentarse a una pena de hasta 34 años de cárcel, informan medios peruanos.
Sin fecha prevista, se prevé que el juicio comience en enero de 2025. Además de Castillo, ha sido acusados también tres de sus ministros para quienes se pide 25 años de cárcel. Son la ex primera ministra Bettsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y el extitular de Comercio y Turismo Roberto Sánchez.
También está señalado el ex primer ministro y exministro de Justicia, Aníbal Torres, para quien se pide 15 años de prisión, así como tres altos mandos de la Policía Nacional. Estas siete personas han sido acusados por un delito de rebelión.
Castillo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 7 de diciembre de 2022, mientras que Chávez ingresó en la cárcel en junio de 2023. El resto de acusados están en libertad sin medidas cautelares. En el caso de Roberto Sánchez, ejerce como diputado.
Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso, convocar elecciones anticipadas y crear un gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña, entre ellas un proceso constituyente, obstaculizadas por un Parlamento que ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas.
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien sigue estando muy cuestionada.
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