La Paz, 23 de julio de 2026 (ANF). - El conflicto entre la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), dependiente del grupo peruano Gloria, y la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) tiene una alta probabilidad de llegar a un arbitraje internacional, advirtió el procurador general del Estado, Hugo César León.
Ante la consulta que hizo la ANF sobre si se encontraron irregularidades en el proceso, la autoridad evitó brindar detalles al respecto y dijo que, al ser un caso delicado, la información y la estrategia jurídica que empleará esa institución debe manejarse en reserva.
“Este caso tiene una muy alta posibilidad que posteriormente se convierta en un arbitraje, mal podría estar dando criterios respecto a temas que después tengamos que defenderlos. Además, usen los criterios y entrevistas que estamos haciendo en contra o a favor”, señaló la autoridad.
A finales de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró infundado el recurso de casación presentado por Soboce y mantuvo vigente la resolución que le ordena pagar la suma de 744,3 millones de bolivianos a Fancesa por competencia desleal.
A la vez, León Lafaye informó que fue declarado en reserva el reporte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, relacionado con presuntas influencias por parte del expresidente de ese país José Luis Rodríguez Zapatero en dicho caso.
El informe de la UDEF señala que Zapatero se reunió con el entonces gobernante boliviano Luis Arce, en 2024, para favorecer a la empresa Gloria.Según esas investigaciones, el exmandatario español cobró 200.000 euros de la empresa peruana por una presunta consultoría e intermediación que derivó en un fallo judicial para dejar sin efecto una resolución de pago a favor de Fancesa.
El procurador se presentó a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para brindar una Petición de Informe Oral con relación a ese tema, que fue solicitado por los diputados Efracy Cielo Berrios, Santiago Ticona y Antonio Pino de la alianza Libre.
Sin embargo, antes de iniciar la sesión, la comisión recibió una nota del procurador solicitando la suspensión del acto de fiscalización bajo el argumento de que la información que iba a exponer contenía aspectos sensibles.
La comisión declaró cuarto intermedio para evaluar la petición, pero esta fue rechazada por los parlamentarios y se determinó desarrollar el informe de manera reservada para resguardar la información.
Tras concluir el informe, el presidente de la comisión, Juan Del Granado, informó que se otorgó un plazo de 24 horas a la Procuraduría General del Estado para que presente la documentación de respaldo referida a la investigación de la UDEF de España sobre el litigio.
A la vez, expresó su preocupación por la falta de información sustancial y la ausencia de documentación que respalde las respuestas brindadas por el procurador. Alegó que la anterior administración no dejó ninguna información.
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