La Paz, 8 de mayo de 2023 (ANF).- Las autoridades militares de unidades castrenses negocian con las familias de soldados, conscriptos o cadetes para evitar que las investigaciones por casos de tortura -en la justicia militar y penal- lleguen a una sanción; según un abogado militar y una activista de derechos humanos existe un subregistro de casos que no llegan a ser conocidos.
La Defensoría del Pueblo en 2022 registró 14 casos de maltratos y torturas en cuarteles, y en casi 10 años, de 2013 a mayo de 2022, recibió 131 denuncias contra las Fuerzas Armadas (FFAA) por los mismos hechos, según un detalle brindado a ANF.
En el caso de las muertes, con datos de la Defensoría del Pueblo y del Gobierno, se contabilizan más de 60 casos desde 2015 a la fecha. No obstante, las cifras no incluyen los casos que no llegan a denunciarse y que generan un registro alterno de hechos que quedan en la impunidad.
Marina Vargas, exvicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y activista, señaló a ANF que las familias de conscriptos que realizan el servicio militar o premilitar (por ejemplo) y que son víctimas de estos hechos “no se atreven” a acudir a la justicia debido a que corren el riesgo de quedarse sin “la libreta”, por lo que terminan negociando con sus superiores militares.
“He conocido, hace algunos meses, que la gente no se atreve a ir a la justicia sobre todo cuando se trata de conscriptos porque resulta que corren el riesgo de quedarse sin la libreta (de servicio militar), que es el requisito ahora fundamental para el ejercicio de la función pública o en alguna otra instancia, entonces muchas veces las familias acaban negociando para que se acceda a la libreta”, sostuvo.
Vargas calificó esta situación como “muy lamentable” ya que no existe instancia que se imponga para hacer prevalecer los derechos de los conscriptos o cadetes “que siguen siendo ciudadanos con todos los derechos que establece la Constitución y las leyes; pero hay mucha impunidad y son los miedos los que lo alimentan”.
Esta situación fue corroborada por el abogado y oficial militar en retiro, Omar Durán, quien señaló que, en algunas unidades militares, que se ubican en sitios alejados de las ciudades, se suscitan estos “arreglos” constituyéndose en actividades ilegales que se dan por falta de control adecuado de las instancias como el Defensor del Pueblo y el mismo Ministerio de Defensa.
Por ejemplo “si el que ha cometido el ilícito es un teniente, para que no llegue esta situación a conocimiento del comandante lo dejan así, tratan de arreglarlo ahí nomás con los familiares, sin medir las consecuencias”, dijo el jurista a ANF.
El militar retirado agregó que “son muchos casos que no se dan a conocer” y si lo hicieran “las Fuerzas Armadas quedarían en una vergüenza”.
Vargas explicó que las familias y las víctimas experimentan no solo el temor a perder la libreta, sino también a que la denuncia se vuelque en contra de ellas, aspectos que las llevan a desistir de denunciar y prefieren optar por la negociación.
“Hay esas amenazas de que no se les va a dar la libreta o les dicen ‘bueno te vamos a dar este beneficio, aquello o mejor te puedes ir o te puedes reenganchar’; entonces la gente mira su necesidad personal y se olvida del tema de la justicia, se olvida de reivindicar sus derechos porque priorizan su necesidad, hay ese problema”, aseveró.
Un círculo vicioso de impunidad
Agregó que cuando se dan estos casos, las instituciones que tienen la obligación de velar y vigilar por el cumplimiento de los derechos quedan en “segundo plano” debido a que señalan que fue una “decisión de la familia o una decisión de la víctima”, lo que genera “una especie de círculo vicioso de impunidad”.
“Muy poco la gente se atreve a denunciar, sobre todo la gente que proviene del área rural, tiene mucho temor porque ‘por tradición, por costumbre la libreta militar le hace hombre al joven’, entonces hay el tema de ‘aguántate lo que sea’”, indicó Vargas.
El abogado Durán indicó que, en estas unidades militares, inclusive se dan casos de tentativa de feminicidio, abusos contra mujeres que son “arreglados” internamente.
“Al primer golpe, al primer maltrato a mujeres tendría que pasar a la justicia ordinaria y eso no sucede, hay muchísimas mujeres que de alguna manera han sufrido ese maltrato”, relató.
Al panorama se suma el hecho de que a la fecha no existen sentencias por el delito de tortura en el país. La Defensoría del Pueblo informó que actualmente realiza el seguimiento de 15 procesos por este delito, de las que ocho se encuentran en fase preliminar, cuatro en preparatoria y tres en fase de juicio.
Durán cuestionó que el Ministerio de Defensa y el Defensor del Pueblo solo actúen ante algunos casos que se hacen públicos y además de forma inadecuada y lenta.
“A mí me asombra que el Defensor de Pueblo diga, después de más de un año que ha tomado su cargo, vamos inspeccionar los cuarteles, si una de las partes donde más se ha visto que se rompen los derechos humanos es en los cuarteles”, sostuvo.
Por otra parte, el jurista añadió que los casos que son procesados en la justicia militar, donde los denunciantes son subalternos de los denunciados, “de todas maneras terminan perdiendo”.
“En un caso que se dio el año pasado, el denunciante tenía el rango de mayor y denuncia a un teniente coronel, se lo procesó en la justicia militar y se relevó del cargo al denunciado, no obstante, al denunciante hoy en día le están haciendo un sumario, o sea el subalterno denunciante siempre va a perder en la vía militar, es complicado”, explicó el abogado.
La activista Vargas, que también trabajó en la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Ana María Romero de Campero, sostuvo que existía un mecanismo que permitía que los altos mandos militares realicen seguimiento de los casos de malos tratos o torturas.
“Era por ejemplo la premiación a los mejores servidores públicos en las diferentes instancias. Ese mecanismo fue interesante, pero nunca nadie más lo recuperó y menos en una situación como la que ahora tenemos de un control absoluto del Ejecutivo a todas las instancias, tanto altos mandos, Órgano Judicial y todo lo demás. Es terrible, estamos en medio de una impunidad casi absoluta”, lamentó.
Las torturas, tratos inhumanos o degradantes y las muertes que se cometen en cuarteles o unidades militares se dan en el marco de la realización de ejercicios forzados, agresiones físicas y el uso de armas, todo bajo las órdenes de instructores militares.
El pasado 18 de abril, durante una demostración de ejercicios militares dos jóvenes de tercer y cuarto año del Colegio Militar de La Paz cayeron 20 metros durante el ejercicio denominado “salto de la muerte”, resultando con lesiones de gravedad que los incapacitará de seguir la vida castrense.
El caso es investigado en las vías penal y militar. La Fiscalía investiga la responsabilidad de quiénes no siguieron ni supervisaron que se cumplan las medidas de seguridad para el descenso que debía ser con una cuerda anclada.
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