La Paz, 6 de septiembre de 2023 (ANF).- Embolia, problemas renales, hipertensión arterial, ansiedad, daño psicológico, son algunas de las secuelas que afronta César Apaza resultado de las torturas sufridas a manos de efectivos policiales de civil la madrugada del 22 de septiembre de 2022, en una aprehensión ilegal.
Una celda-habitación de 3x4 metros en el segundo piso de la sección Pinos del penal de San Pedro es el lugar en el que se encuentra depositado el exdirigente cocalero con medio cuerpo paralizado y sin posibilidades de valerse por sí mismo.
Asistido por un compañero de celda, Apaza advierte cómo su salud cada día se va deteriorando y sin la posibilidad de acceder a un tratamiento médico en mano de especialistas. Todas las exigencias constitucionales, de la Defensoría del Pueblo y hasta de organismos internacionales por una mejor atención en salud son desoídas por el Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario, de acuerdo a la defensa legal del exdirigente cocalero.
La responsable de la salud carcelaria, Mariana García, asegura que Apaza se encuentra en buenas condiciones de salud y solo debe recibir tratamiento ambulatorio, en un sistema como el penitenciario boliviano con enfermos terminales, enfermos mentales y drogodependientes en fase de recaída que se desploman en los patios fulminados por la muerte. La Defensoría del Pueblo en un reciente informe señaló que el 80% de muertes en las cárceles se dan por “dolencias tratables”, lo que devela la crítica situación del sistema de salud carcelario.
“Su salud se está deteriorando más puesto que él no está recibiendo atención médica adecuada, tampoco se le está controlando la presión, hay mucho descuido, si lo atienden es cuando él llega a descompensarse, pero después está olvidado”, dijo a ANF Miriam Apaza, hermana de César.
Sin fisioterapia
Hasta la fecha no recibió fisioterapia que le permita mover sus extremidades ni tratamiento médico especializado para mejorar su salud, promesas que se había hecho por Régimen Penitenciario. Su salida del penal, programada para el 19 de junio para ser internado y que le realicen exámenes médicos, no fue cumplida.
Sus excompañeros de la sección Palmar, en San Pedro, se sorprendieron al verlo postrado, usando pañal. La última vez que lo vieron, antes de ser trasladado a Chonchocoro, caminaba y se valía por sí solo, aunque con una mano rota y dolores en las costillas por la tortura policial sufrida.
“Cómo le van a hacer eso a César, cómo lo han dejado, qué pena”, expresó sorprendido uno de sus compañeros que atribuyó su actual estado de salud a las autoridades penitenciarias y judiciales.
“Qué malditos, lo que le han ocasionado a César, está postrado, sin poder moverse, con pañal, y todavía lo tienen encerrado”, señaló otro.
La madrugada del 22 de septiembre de la gestión anterior, Apaza fue sorprendido por civiles desconocidos cuando se disponía a ingresar al mercado de Adepcoca, en Villa Fátima. El grupo de desconocidos se le abalanzó con golpes y gas lacrimógeno para ingresarlo a un vehículo sin placa que arrancó con medio cuerpo de él afuera. Apaza se defendía del secuestro. En el trayecto sin rumbo conocido Apaza fue pateado y pisoteado, le exigían celulares, hasta llegar a la fuerza anticrimen de La Paz donde fue cruelmente torturado por un grupo de policías uniformados al mando del coronel Rolando Rojas, en ese momento director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). El propósito era que Apaza firme la orden de aprehensión. No se conoce de ninguna investigación por el abuso policial.
“El problema de los riñones lo tiene desde que lo detuvieron, ahí le patearon demasiado en los riñones y el estómago, llegó a orinar sangre, pero no le hicieron caso, nosotros hemos logrado llevarle calmantes para que no le duela tanto, y cuando ocurrió la embolia le reiteré a los médicos sobre los riñones, cómo pueden decir que mi hermano está sano, si su orina tenía sangre, hasta tomé fotos, él nunca antes tuvo problemas en los riñones”, señaló Miriam.
En la resolución que emitió la Defensoría del Pueblo por el caso de César Apaza, estableció que el dirigente yungueño sufrió trató cruel y degradante, además de lesiones por parte de la Policía cuando fue aprehendido en septiembre de 2022. También recomendó que se procese al fiscal Carmelo Laura por haber omitido su obligación de investigar este hecho y por no autorizar atención médica oportuna.
“Desde que lo agarraron no le dieron importancia a todo el mal que le causaron los policías, luego llega al hospital y hacen caso omiso, ponen antibióticos cosa de que pueda recuperar su estabilidad rápido, pero no lo tratan adecuadamente”, agregó la hermana de Apaza.
El jueves de la semana pasada, Miriam fue informada por el compañero de celda de Apaza sobre el agravamiento de su salud. Persiste la ansiedad, dificultades para respirar y las fuertes dolencias en los riñones que no le permiten descansar.
“Me comunican que mi hermano está mal, que ya lo habían estabilizado un poco, cuando ingreso lo veo descompensado, los médicos me indican que ha tenido picos de presión alta, ansiedad y que le iban a poner suero y antibióticos, que posiblemente su malestar sea por la infección que tienen los riñones”, refirió.
Lamentó que Régimen Penitenciario no le avise nada sobre la salud de su hermano y sea por otros medios que se entere, como ocurrió en Chonchocoro con el tema de la embolia. Teme que Régimen Penitenciario solo informe cuando ocurra algo irreparable.
“Vi a mi hermano muy mal y justo cuando llegué ingresó la Defensoría y pedí mediante el defensor que me hagan conocer cualquier cosa que pase con mi hermano, de lo contrario serían responsables los personeros a cargo, yo creo que me van a avisar después de que suceda algo grave, ese es mi mayor temor”, remarcó.
Sin respeto a los derechos humanos
Las autoridades señalan que los derechos de los privados de libertad están garantizados y que de lo único que se les priva es del derecho a la locomoción libre, pero al ingresar a San Pedro no se advierte esa premisa, por el contrario, todos los derechos son vulnerados, de una u otra forma, como indica la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
“El sistema penitenciario a nivel nacional está totalmente contrario a los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos”, aseguró Herrera a ANF.
Indicó que en el último tiempo ha existido un retroceso en el tema de derechos políticos y civiles, donde actores que forman parte de organizaciones representativas como Adepcoca y otras, han sido afectados por las políticas y acciones del Gobierno que van atentando contra el derecho a la vida como el caso de Marco Antonio Aramayo, que ha quedado en la impunidad, y actualmente con César Apaza.
“Es totalmente condenable y reprochable la actuación que tiene Régimen Penitenciario en nuestro país con César Apaza, es un atentado en todos los niveles lo que está aconteciendo con la vida y la salud de esta persona, representante de una organización social que en un momento ha estado confrontado con el Gobierno”, dijo Herrera.
Más procesos
Pese a su estado de salud, a César Apaza le amplían la detención preventiva, programan audiencias para desfile identificativo, le programan audiencias para sumarle más detenciones preventivas por supuestamente haber agredido a sus torturadores.
“Lo que están haciendo es humillarlo, imagínense el grado de dificultad que tiene César Apaza para bajar un escalón y lo quieren hacer bajar desde el tercer piso en el último rincón donde lo tienen detenido en San Pedro, para tan solo un capricho del Ministerio de Gobierno, que vaya a ser expuesto como si fuera un zoológico (en un desfile identificativo), eso realmente es imperdonable”, dijo a ANF el abogado Jorge Valda.
Valda ve en todo el proceso penal irregular un mecanismo de presión y de extorsión, para que, a partir del agotamiento, del miedo, del cansancio y de la impotencia que se siente de no tener justicia, “termine Apaza declarándose culpable por delitos que jamás cometió”.
Pese a su delicado estado de salud, en agosto un juez dictó tres meses más de detención preventiva contra el exdirigente que es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen, La Paz, en septiembre del 2022.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información sobre la situación del exdirigente; el Gobierno alegó que su estado de salud no corre riesgo.
En el informe que presentó la Procuraduría General del Estado a la CIDH, en mayo, señaló que la salud del dirigente no está en riesgo ni presenta una amenaza inminente, debido a que “los médicos actuaron de forma oportuna” para atenderlo. Asimismo, alega que Apaza se niega a recibir tratamiento médico y a informar sobre su estado de salud.
Valda remarcó que desde el 19 de junio se ordenó la internación de Apaza y hasta el presente “por los informes de la médica carcelaria Mariana García, que señaló que César Apaza solo necesita un tratamiento ambulatorio y que no tiene embolia, no es tratado”.
Pero “resulta que han escondido el informe de tomografía que les ha enviado el hospital Arco Iris, ellos le han hecho poner su huella digital a César Apaza en un documento en el que renuncia a tener la documentación de su propio historial clínico, es realmente extremo el cinismo y la forma despiadada con la que actúan con los presos políticos”, denunció Valda.
"Es una pena lo que está sucediendo con mi hermano, vemos que la justicia realmente está manipulada, por una llamada o por una orden deciden ampliar la detención a mi hermano, hemos denunciado que los jueces, los fiscales y los 10 investigadores no han podido demostrar que mi hermano ha cometido uno de los 12 delitos que le están siguiendo”, señaló Miriam.
La familia es la que se hace cargo de todo, la alimentación y medicamentos del exdirigente. Régimen Penitenciario no corre con ningún gasto, denunció Miriam, que ahora está más preocupada por la medida extrema de huelga de hambre asumida por su hermano.
Apaza se declaró en huelga de hambre el viernes pasado al considerarse una “víctima judicial” por el abuso constante que sufre por parte de las autoridades.
El exdirigente cocalero lleva cerca de un año encarcelado y con el riesgo de perder la vida por lo que vio conveniente “realizar esta drástica medida en una muestra de rechazo ante todos los abusos que él está sufriendo”, afirmó su abogada Evelin Cossío.
Amigos y familiares han denunciado las condiciones precarias en las que se encuentra el exdirigente e instaron a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar su bienestar.
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