La Paz, 26 de diciembre del 2023 (ANF). – La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) consideró que el caso del cocalero César Apaza es “emblemático” por el “linchamiento judicial” y por la serie de vulneraciones a sus de derechos humanos que sufrió.
“El caso del señor César Apaza seguramente es uno de los casos más ‘emblemáticos’ en el país en lo que se refiere a la vulneración de los derechos humanos. El señor César Apaza, guste o no al gobierno del Movimiento Al Socialismo, es un preso político, como tantos otros. Lo que es peor, en el caso del señor César Apaza, se ha evidenciado la sistemática vulneración de sus derechos humanos”, sostuvo el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, a la ANF.
El opositor denunció que el MAS castiga a sus detractores convirtiéndolos en “presos políticos” en las cárceles del país. Dijo que un claro ejemplo de “linchamiento judicial” es el de Apaza porque, a pesar de no existir pruebas contundentes contra él, lo mantienen preso en su situación de inamovilidad.
Apaza se encuentra detenido preventivamente desde septiembre del año pasado por la quema del mercado ilegal de coca, dirigido por Arnold Alanes, afín al partido en función de Gobierno. En febrero, el cocalero sufrió una embolia que le dejó paralizado la mitad de su cuerpo, su salud fue deteriorándose y sus familiares piden su liberación.
El miércoles pasado, el juez Juan Carlos Montalván se declaró incompetente para resolver la situación jurídica del líder cocalero y de Juan Elías Cocarico, pese a que el juez debería resolver el caso. El abogado Jorge Valda repudió esa decisión por no tener base legal; acusó al juez de “corrupto”, “ignorante” e “inmoral”, y anunció una acción penal por prevaricato.
Un día después, se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar el caso de Apaza, quien había solicitado la aplicación de medidas cautelares por su situación de salud, apelando al artículo 25 del reglamento de este organismo. En una comunicación oficial, la CIDH explicó que el planteamiento del caso no cumple con los requisitos establecidos en el artículo.
Al respecto, la senadora de Creemos, Centa Rek, presentó a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, una queja formal por el cierre de la solicitud de medidas cautelares en favor de Apaza.
La senadora calificó la actitud del organismo internacional como alguien que “se empeña en alinearse a los gobiernos criminales y corruptos que violan de forma sistemática los derechos humanos, favoreciéndolos al no otorgar tutela en casos como el de César Apaza que cumplen de forma evidente los requisitos del artículo 25 del Reglamento de la CIDH”.
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