La Paz, 4 de julio de 2023 (ANF).- ¿Se ha reducido el espacio cívico en Bolivia? Dos visiones dialogaron en un debate encendido, activistas que postulan que este espacio se ha achicado y el Movimiento al Socialismo dice que eran plazas para sectores elitistas y privilegiados.
El experto en derechos humanos Franco Albarracín, la concejala Roxana Pérez (MAS) y el coordinador de incidencia política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Miguel Miranda, intercambiaron visiones en el conversatorio de la Agencia de Noticias Fides.
El debate inició con las posiciones respecto si el espacio cívico, entendido como el entorno propicio para que la sociedad civil desempeñe un papel en la vida política, económica y social, se había achicado, Albarracín confirma. Argumenta que esto es resultado de la situación de conflictividad y polarización, la negación a la mediación. “Es el resultado de tratar de destruir al otro”.
La concejala Pérez, no comparte. ¿Para quienes se han achicado esos espacios cívicos? pregunta, a lo que responde “Ha habido una transformación en nuestro país, donde se han achicado los espacios que eran exclusivos para sectores elitistas y privilegiados de nuestro país y eso ha generado incomodidades por los sectores que ocupaban los espacios de activismo y derechos humanos”.
“El espacio cívico o está abierto o está cerrado porque las condiciones básicas que garantizan cualquier estado de Derecho, sea con una tendencia más liberal o menos liberal, tienen que ver con la igualdad ante la ley, y si hay discriminaciones positivas no pueden ser a costa de la merma de los derechos de otros”, añade Miranda, para quien “hay un deterioro del espacio cívico”.
Pérez ahondó que la Constitución Política del Estado marca un hito en la ampliación de los derechos humanos, como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el ejercicio igualitario de los derechos, en su criterio la recuperación de los recursos naturales, así como la autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios, los derechos laborales, entre otros.
“Puede haber una mirada sesgada respecto a la reducción de los espacios, pero depende quien está determinando esa reducción”, afirma, al señalar que hoy es “más profundo” el reconocimiento del ejercicio de los derechos -por ejemplo- de los pueblos indígenas.
Albarracín comparte que el texto constitucional tiene un avance en materia de derechos humanos que es “muy importante”, pero que “al momento de aplicar los estándares (internacionales) es completamente diferente la situación” porque dista mucho de su aplicación.
LA CPE tiene reconocimientos muy importantes en materia ambiental y de derechos indígenas, pero paralelamente se ha aprobado todo un paquete de normas para impulsar el extractivismo que son totalmente destructivas de los derechos e intereses de los pueblos indígenas, alerta Miranda.
El experto en materia de derechos humanos sustentó su afirmación sobre la reducción del espacio cívico, por ejemplo, citó la campaña de desprestigio, deslegitimación, presión y división alentada contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), al igual que a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
“Vemos persecución y campañas de desprestigio de altas autoridades de gobierno contra líderes del Conamaq, ahora tenemos una organización debilitada que ya no lucha por los intereses de los pueblos de las tierras altas (…). Lo mismo con la Cidob, hemos visto como se la atacaba, cómo se ha perseguido (a sus dirigentes), con campañas de desprestigio y deslegitimación”.
Miranda del Cedib orientó su posición acerca del poder político que adquirió el MAS, que, durante los precios altos de las materias primas, llegó a tener una estructura muy sólida que posibilitó un control de todos los espacios de poder incluso los de la sociedad civil generando casos como el del Conamaq, impidiendo un debate real sobre los pueblos indígenas que es un tema clave desde una perspectiva de derechos.
Sin embargo, para la concejala Pérez siente un “paternalismo muy propio de la época liberal” cuando se refieren a la Cidob o al Conamaq porque creen que han sido debilitadas por la persecución, estos son espacios de lucha que merecen mucho. Aunque ambas organizaciones fueron divididas por grupos afines al oficialismo, incluso con la toma física de sus sedes.
El último caso de promoción de paralelismo y de división que ha seguido con la toma física de su sede es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, un grupo afín al Gobierno ingresó de forma “ilegal” a unas oficinas en un edificio de la calle Oruro, luego tomó la infraestructura de la Avenida 6 de Agosto en la ciudad de La Paz.
La sociedad civil frente al Estado by Nancy Vacaflor on Scribd
Derechos de los pueblos indígenas y extractivismo
El conversatorio viró a debatir un tema altamente sensible como es la contaminación con mercurio de los ríos y cómo este hecho está afectando a los pueblos indígenas. Albarracín cuestionó que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua sabiendo sobre el “envenenamiento de indígenas por mercurio”, siga con una campaña por los derechos indígenas y de la madre tierra.
“Seguimos fomentando el extractivismo, mientras tanto los mineros son aliados importantes para el gobierno”, comenta, al identificarlos como los principales responsables de la contaminación de los ríos con mercurio usado para la extracción de oro.
“Me hablan de extractivismo como si hubiéramos descubierto la pólvora, el 2009 con la puesta en vigencia de la constitución o el 2006 cuando el MAS entra como actor político importantísimo dentro de los espacios públicos. El extractivismo es de hace mucho tiempo y ahí entra lo peligroso que son los imaginarios colectivos, y no digo que lo que está sucediendo en este momento esté bien pero el pretender responsabilizar al MAS del extractivismo del país es atentatorio contra la memoria histórica de nuestros pueblos que vienen peleando contra el extractivismo desde épocas remotas”, sostiene la concejala del MAS.
Miranda amplía el tema, argumenta que el Gobierno ha flexibilizado la estructura normativa ambiental en áreas protegidas, gestión ambiental, en temas hidrocarburíferos. Mostró que, de las 22 áreas protegidas, al menos 17 tienen afectación por la actividad de hidrocarburos y minería.
La concejala pidió estadísticas y parámetros de medición sobre la incidencia de esas normas porque solo con indicadores se puede sostener la existencia de una afectación, para la autoridad no es suficiente mostrar un cuadro con la lista de normas que han flexibilizado los mecanismos de control, fiscalización o participación en la toma de decisiones respecto la intervención del Estado en un área determinada.
No obstante, Miranda detalló que por ejemplo en Tariquía no se respeta la consulta previa, la información oportuna, se realizan o modifican planes de manejo sin consenso; además, del acoso y deslegitimación a los defensores y comunarios.
El coordinador de incidencia política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) precisó que no es teoría, sino un poder político que asumió una política hiper extractivista (…) y reforzando una estructura de poder cada vez menos respetuosa de los derechos y las libertades más básicas”.
Pérez reconoció que “quedan muchas cosas por hacer”, en su opinión porque se sigue transitando de la democracia representativa liberal hacia una participativa”, incluso planteó que hay un marco normativo liberal heredado y que pueden encontrarse incoherencias con la constitución. “Pero de ahí a establecer que la política pública del MAS es la afectación de derechos humanos, ahí hay una brecha demasiado grande”.
Miranda argumenta que la reducción del espacio cívico y la reducción del derecho vienen del acceso a la información, a la libertad de reunión, asociación, expresión, legitima protesta, etc. Vienen de la adoptación de políticas que vulneran (derechos) porque hay una voluntad de un Estado de atropellar y aunar esfuerzos con las empresas extractivas jugando sus lógicas”.
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