La Paz, 21 de julio de 2023 (8ANF).- En el valle de Zongo del departamento de La Paz, un grupo de 42 indígenas, entre comunarios y dirigentes, son perseguidos judicialmente desde el año 2011 por un empresario minero, que los denunció luego de que éstos defendieran su tierra de las actividades extractivas y de haberlo expulsado por la contaminación y deforestación que hizo en el territorio.
Este relato llegó hasta el pre-Foro Social Panamazónico (Fospa), que reúne desde el jueves hasta el domingo a representantes de pueblos y organizaciones indígenas nacionales e internacionales en Rurrenabaque y San Buenaventura.
Fernando Pérez, defensor de los derechos de las comunidades del Valle de Zongo, dio a conocer ante los asistentes del encuentro que este conflicto minero comenzó en 1975, cuando el empresario minero Oscar Bellota se asentó en las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico para explotar la mina Alexander, provocando contaminación del río Zongo, tráfico de tierras, deforestación e incluso atropello a los derechos laborales de sus trabajadores.
“El 19 de julio de 2010 en un ampliado se lo expulsó al empresario minero el pueblo de Zongo y él, en vez de cumplir, desafió a las comunidades y desde 2011 comenzó la persecución legal con la justicia ordinaria. Hasta la fecha tenemos 42 hermanos perseguidos entre dirigentes, hermanas y hermanos de base”, dio a conocer Pérez según una nota de la red Unitas.
Luego de la decisión de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) de Zongo de expulsar a Bellota del lugar, el empresario acusó a los 42 indígenas por avasallamiento, asociación delictuosa y otros delitos. La disputa llegó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en 2012 emitió una declaración constitucional que reconoce la jurisdicción indígena de Zongo y determinó que la resolución de expulsión del empresario es de “estricto cumplimiento”.
“El empresario no da cumplimiento a la declaración constitucional, no se va de Zongo. Continúa hostigando a la población y nos demanda ante la justicia ordinaria por robo de mineral, atropellos a sus derechos, intento de homicidio, avasallamiento y todo eso. Otra vez acudimos al TCP y saca la sentencia constitucional 874/2014, que nos da la potestad de tener conocimiento del caso y que el empresario se someta a la justicia indígena”, detalló Pérez, quien fue autoridad indígena de la comunidad Cahua Chico.
Pese a lo dispuesto por el TCP y las resoluciones del Consejo de Justicia de Zongo, hasta la fecha el empresario continúa con su actividad minera en el lugar y persiste en amedrentar a los indígenas, muchos de ellos tuvieron que irse de su comunidad debido a diferentes episodios de violencia que atraviesan con los trabajadores de la mina y el propio empresario.
Para Pérez, es lamentable que, pese a que el TCP reconoce a la JIOC en este caso, el Ministerio Público y los juzgados de la vía ordinaria defienden al empresario y persiguen a los indígenas del lugar. “La vía ordinaria continúa dando potestad al empresario para que nos siga hostigando. No podemos entender cómo la justicia ordinaria se presta a esta aberración en contra de la justicia indígena originaria”, lamentó.
Este caso de Zongo llegó hasta la relatora Especial sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, quien conoció el caso el 9 de julio de 2021, en una audiencia virtual denominada “Audiencia Regional entre la Relatora Especial de la ONU y Defensores de Derechos Humanos en América Latina”. Lawrol, en esa ocasión, se comprometió a hacer seguimiento al caso. “Les prometo que haré todo lo que pueda por defender sus casos”, mencionó la relatora.
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