La Paz, 23 de junio de 2026 (ANF).- Comunarios de Totoral Chico, en el municipio de Pazña (Oruro), denunciaron que la mediación minera establecida en el marco del conflicto con cooperativas extractivas registra un retraso de 18 meses, situación que consideran una vulneración a la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia y a sus derechos como pueblo indígena originario campesino.
La coordinadora de la comunidad, Mariluz Ventura, afirmó que el proceso debió activarse en un plazo de 15 días hábiles tras la tercera consulta previa, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado.
“La convocatoria a mediación está llegando después de un año y medio. Esto está totalmente fuera de la ley”, sostuvo Ventura en contacto con ANF.
La mediación en la Ley 535 es un mecanismo intermedio de diálogo obligatorio que busca que la actividad minera se resuelva mediante acuerdos entre empresas y comunidades, antes de que el Estado tome una decisión final si no hay consenso.
Según la dirigenta, la última consulta se realizó en febrero de 2025 y en las tres instancias previas la comunidad expresó su rechazo a la actividad minera en su territorio. No obstante, cuestionó que estas decisiones no hayan sido respetadas y que las operaciones continúen sin interrupciones.
Ventura denunció que las cooperativas mineras operan de manera permanente y han ampliado sus plantas de procesamiento, además de ingresar a áreas donde se almacenan antiguos relaves mineros. Señaló también que la presencia extractiva ha generado tensiones sociales y control de espacios comunitarios, incluyendo la distribución de servicios básicos -compra de gas y servicio de transporte- en la plaza principal.
La representante comunitaria cuestionó además la actuación de instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Minería, a las que acusó de favorecer sistemáticamente a las empresas.
“El proceso de consulta es solo un maquillaje para legalizar lo que ya está decidido”, afirmó.
El conflicto entre comunarios y las cooperativas mineras se intensificó desde 2024 por disputas sobre el uso del territorio. Los pobladores denuncian el ingreso de mineros a áreas de pastoreo, agricultura y fuentes de agua, lo que generó protestas, vigilias y tensiones. Reportan impactos ambientales y afectación a su producción. Los cooperativistas, en cambio, afirman contar con autorizaciones legales y niegan haber realizado avasallamientos en la zona.
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