El presidente Rodrigo Paz ha promulgado la Ley 1733 de 27 de mayo de 2026, bautizada como de alivio tributario. En efecto, condona a los contribuyentes la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018. Esta condonación alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes. También se condona las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, independientemente al monto del tributo omitido. Sin embargo, quedan excluidos los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017, sea igual o mayor a Bs10.000.000.
El proceso de la regularización de las deudas tributarias, que incluye los periodos fiscales desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, se hace con el pago al contado del tributo omitido actualizado en un cincuenta por ciento (50%), quedando condonados la diferencia del mantenimiento de valor, los intereses y las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado.
La regularización de estas deudas se puede hacer hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, actualizando el tributo omitido a la fecha de la Ley, quedando condonados los intereses, las multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, derivados del tributo regularizado. El plazo original de ciento veinte (120) días, puede ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2026.
Se trata de una medida afortunada y coherente con el cambio de rumbo económico y de autoridades en el gobierno nacional. El alivio llega en el momento preciso cuando los contribuyentes están asfixiados no solo por las obligaciones tributarias sino también por los bloqueos criminales que han ocasionado pérdidas millonarias y un verdadero retroceso económico para el pueblo boliviano. Es la primera vez, desde la Ley 843, que se ofrece una condonación y regularización impositiva, que supone una suerte de borrón y cuenta nueva en materia tributaria.
El sistema tributario se ha caracterizado por la concentración de los impuestos en una base estrecha de contribuyentes formales y busca incluir a los informales. Este sistema desde todo punto de vista es inequitativo debido a que gran parte de las recaudaciones recaen sobre pocos contribuyentes, según uno de los estudios de la CAINCO. La investigación revela que quienes más aportan a las recaudaciones provenientes del sector empresarial son los que más contribuyen al PIB y quienes menos contribuyen al empleo. Los Gracos aportaban casi seis de cada diez bolivianos recaudados del sector productivo, mientras que generaban 65% del PIB y tan solo contribuían en 7% a la generación de empleo. Esta asimetría entre generación de ingresos, generación de empleos y contribución a las recaudaciones era una muestra más de una débil fiscalidad en el ámbito tributario. Por tanto, la base fiscal estrecha siempre será una característica de débil fiscalidad.
La crónica evasión tributaria es, sin duda, un síntoma de debilidad de la capacidad del Estado. El estudio también ponía de relieve que, desde la perspectiva de la incidencia o impacto, la mayoría de los impuestos nacionales, especialmente aquellos que gravan el consumo, afectaban a las familias más pobres. Esta característica ha hecho del sistema un sistema “regresivo” y perverso en su esencia. El sistema tributario boliviano se ha basado en impuestos indirectos y no así en impuestos directos que se caracterizan por tener una base amplia, por su progresividad y por un impacto positivo sobre la equidad.
La Ley 1733 de 27 de mayo de 2026, que ha sido complementada con otras normas específicas, no solo busca ordenar la casa sino también incorporar a los informales, así como establecer un sistema tributario mucho más equitativo y coherente con la bancarrota económica generalizada. La nueva normativa debe convertirse en un incentivo para el contribuyente honesto y supone el fin de una época oscura donde se imponía la perversidad fiscal.
El autor es jurista y autor de varios libros
