Durante varias semanas, buena parte del debate público estuvo concentrado en dos preguntas. La primera era si el conflicto lograría seguir creciendo e incorporar nuevos actores capaces de modificar la correlación política de fuerzas. La segunda giraba alrededor de la capacidad del Gobierno para responder a una movilización que continuaba generando importantes afectaciones económicas y sociales, así como sobre la conveniencia o necesidad de recurrir a medidas extraordinarias como el estado de excepción.
Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días parecen haber mostrado una dinámica distinta a la que dominó gran parte de esas discusiones.
Antes de la aprobación del estado de excepción, la movilización ya enfrentaba crecientes dificultades para expandirse. Los bloqueos mantenían capacidad de afectación económica y social, pero encontraban límites cada vez más evidentes para ampliar su alcance territorial y sumar nuevos sectores. Algunos actores comenzaban a tomar distancia de la confrontación, los puntos de bloqueo mostraban una tendencia descendente y la movilización se concentraba progresivamente en aquellos espacios donde los sectores más radicalizados conservaban mayores niveles de cohesión y capacidad organizativa.
En ese contexto se produjo la aprobación del estado de excepción. La medida modificó el escenario y contribuyó a acelerar procesos de repliegue que ya comenzaban a manifestarse, pero resulta difícil entender la reducción de la conflictividad únicamente a partir de esa decisión. Cuando fue aprobada, el conflicto ya mostraba señales de agotamiento, crecientes tensiones internas y dificultades para romper el punto muerto en el que parecía haberse instalado durante las semanas previas.
La salida de la COB constituye probablemente uno de los ejemplos más visibles de esta dinámica. Más allá de los acuerdos alcanzados con el Gobierno, la continuidad de los bloqueos comenzaba a generar costos cada vez más difíciles de administrar para distintos sectores afectados por la paralización económica. Las diferencias respecto a la continuidad de las medidas de presión, los cuestionamientos públicos entre organizaciones y las tensiones entre dirigentes reflejaban una realidad más amplia: sostener una coalición movilizada durante semanas resultó considerablemente más complejo que construirla.
Algo similar ocurrió con otros sectores que continuaron apostando por la confrontación. Mientras algunos dirigentes seguían anunciando nuevas incorporaciones, ampliaciones territoriales o futuros procesos de removilización, la evolución efectiva del conflicto parecía avanzar en dirección contraria. Los bloqueos disminuían, los espacios de presión se reducían y la movilización terminaba concentrándose fundamentalmente en aquellos territorios donde los sectores más radicalizados conservaban capacidad de coordinación y movilización. El Chapare terminó convirtiéndose en el principal núcleo de resistencia porque allí permanecen los actores con mayores incentivos políticos para sostener una confrontación que en otros espacios comenzaba a perder respaldo.
Esto deja también interrogantes importantes para quienes impulsaron el conflicto. Después de semanas de bloqueos, elevados costos organizativos e importantes afectaciones económicas para amplios sectores de la población, el repliegue se produce sin resultados políticos claramente identificables. Los conflictos no solamente ponen a prueba la capacidad de movilización de los actores, también ponen a prueba la percepción de eficacia que sus propias bases construyen sobre ellos. En términos de capacidad de convocatoria futura, esa situación difícilmente será irrelevante.
La prolongación del conflicto generó costos para el gobierno, pero también para quienes apostaron por sostenerlo. En buena medida, los actores movilizados enfrentan ahora el desafío de explicar una confrontación que produjo importantes niveles de afectación económica y social sin haber logrado modificar significativamente la correlación política de fuerzas ni alcanzar objetivos concretos que justifiquen los costos asumidos.
El gobierno, por su parte, logró resistir una movilización que no consiguió expandirse como varios de sus impulsores esperaban. Sin embargo, esa estrategia también tuvo costos. Durante semanas, amplios sectores de la población experimentaron una sensación de incertidumbre y una percepción de insuficiente capacidad de respuesta frente a un conflicto que afectaba aspectos centrales de la vida cotidiana. La sensación de ausencia de liderazgo frente a la crisis fue parte importante del costo político que acompañó esta estrategia. Aun así, el repliegue de la movilización le ofrece hoy un margen de maniobra que hasta hace poco parecía escaso.
Lo que ocurra a partir de ahora dependerá en gran medida de cómo se utilice ese margen. Las tensiones económicas continúan acumulándose, la polarización política permanece abierta y las dificultades institucionales que atraviesa el país siguen sin encontrar respuestas claras. A ello se suma la persistencia de actores que continúan viendo en la conflictividad una herramienta para disputar espacios de poder o intentar modificar la correlación política de fuerzas cuando las condiciones les resultan favorables.
Por ello, quizás la principal enseñanza de las últimas semanas no sea quién ganó o quién perdió esta disputa. Lo que deja este episodio es una mejor comprensión de las capacidades y limitaciones que mostraron los distintos actores. La movilización demostró capacidad para generar importantes niveles de presión y afectación, pero encontró límites evidentes para ampliar sostenidamente su base de apoyo. El Gobierno logró resistir y administrar el desgaste del conflicto, pero todavía está por verse si será capaz de utilizar el margen que deja el repliegue actual para enfrentar los problemas económicos, políticos e institucionales que continúan alimentando la incertidumbre y la conflictividad. La forma en que se administre este período probablemente será determinante para establecer si la reducción actual de la confrontación deriva en una mayor estabilidad o si, por el contrario, las tensiones acumuladas vuelven a traducirse en nuevos episodios de conflictividad.
El autor es especialista en análisis de conflictos y gobernabilidad
