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Opinión

¿Valen incógnitas en un proceso democrático?

22 de Julio, 2019
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PEDRO GARECA PERALES
Ninguna persona sensata, naturalmente, puede poner en cuestión el fenómeno  artificial que emerge de la digitalización, supone útil para mejorar los diversos procesos de trabajo del jurista; pero de ahí a decir que se puede sustituir con ella el criterio y la reflexión humana, sobre democracia, constitución y libertades, sin duda que media un abismal trecho que no parece posible recorrer sin más meditación y decisión. Entendemos que nos hallamos ante un proceso apasionante, abierto y lleno de incógnitas, sobre todo si nos referimos a procesos con déficits democráticos y desconfianza del padrón electoral.

En efecto, podemos pensar falazmente que sabemos a dónde vamos, ¿Mientras se priva a los partidos políticos de una auditoria jurídica al padrón electoral? ¿El Tribunal Supremo Electoral  que en lugar de aplicar la Constitución y su ley decide la preferencia de la SCP 0084/2017 habilitando como candidatos a quienes por Constitución están limitados entronizarse a perpetuidad?  Pero, también se puede ser más punteros y  despejar las cuestiones con los dos hechos ocurridos en la Localidad de Riberalta las últimas semanas, donde funcionarios públicos del SERECI de Pando bajo la modalidad de pago de Bs. 300 por cada ciudadano registrado por Notarios Electorales, podrían votar en el Municipio de San Pedro de Pando en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Estos hechos configuran delitos electorales usando como medios  las ventajas de la digitalización, delitos que al ser infraganti el ministerio público no se inmuta para investigar a fondo y llegar hasta los autores intelectuales (Alcalde prófugo); por el contrario, supone risible que varios de los participantes hayan sido excluidos (en el primer caso) y lo censurable es que el Juez que conoce la causa (en el segundo caso) ha sido removido, donde participó Pedro Fabio Durán Alcalde de San Pedro (MAS), por mandar en detención preventiva a tres personas. Así, no se puede esclarecer las incógnitas  frecuentes de la justicia y la parcialidad de fiscales que tienen la obligación de actuar de oficio y eficazmente.

Es verdad, que no es posible saber a dónde se va, sin saber de dónde se viene, sin conocer y analizar con amplitud, los hechos, los problemas y las circunstancias a las que a diario nos enfrentamos, como los relatados en ciernes, es decir, sin un pensamiento crítico.

Por otra parte, sabemos que el imperio de la ley, no admite cesiones, su capacidad para decidir no frente al abuso, radical e inmoral, su vocación por la libertad y la justicia son innegociables. Por eso podemos afirmar sin mucho riesgo que sin lo jurídico está muerta toda esperanza de lo justo, de la democracia y de la convivencia en libertad.

Entonces, si no puede haber concordia en libertad sin derecho, porque el Estado de Derecho solo es capaz de habilitar objetivamente los  mecanismos institucionales de garantías que hagan posible un proceso democrático legal y justo, nos planteamos si estas cualidades democráticas son las que no concurren y están ausentes ¿por qué los binomios al presentar sus programas,  al inscribir sus planchas de senadores y diputados vuelven nuevamente a re re refrendar la habilitación ilegal de Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera? ¿Cuánto  atractiva es la ilegalidad para allanarse a la Ley de Partidos Políticos y a un Tribunal Supremo Electoral  (TSE) que no ofrece un mínimo de confianza, transparencia y seguridad en el proceso y sus eventuales resultados?

Los partidos y Alianzas políticas tienen que proponer algo diferente y no ser convergentes ni estar a remolque de los problemas antidemocráticos e ilegales –como el que se acaba de puntualizar- ¿Es que los binomios de la oposición no participaron del paro cívico de 9 de julio en Santa Cruz?, resistencia contundente donde se pidió claramente la renuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la inhabilitación del binomio oficialista del MAS y el respeto del Referéndum 21f. Estas decisiones precipitadas de inscripción y registro con leyes que bien las saben que están hechas a medidas del traje del  Jefe; realmente, es una desdeñable misión que poco aporta a la reivindicación de la democracia y las libertades; especialmente, de la colosal injusticia que se vive en el país (persecuciones políticas, refugiados, despidos sin procesos judiciales, despilfarro económico, estrategia inadecuada ante la CIJ, etc).

Tenemos ante nosotros también una segunda incógnita ¿Por qué se convoca  a reunión de Plataformas ciudadanas, CONADE y Comités Cívicos para el martes 23 de julio de 2019 en la ciudad de La Paz para tomar decisiones sobre el paro cívico indefinido?  Si se pretende seguir plantando banderas en defensa del 21 f, la renuncia del TSE y el rechazo colectivo de la sociedad a la habilitación de Evo Morales Ayma y García Linera, y en definitiva impedir su ilegal postulación en las elecciones del 20 de octubre de 2019, los esfuerzos deberían ser ex antes para apuntar a aquietar previamente a los binomios de las Alianzas políticas a una convergencia, sensata y consecuente, por cuanto Comité Cívicos y organizaciones políticas forman un binomio imprescindible para reivindicar la democracia institucional en el país, reforzadas por las plataformas ciudadanas internas y las patriotas defensoras del 21 f del exterior.

Por último, la pretensión de hacer de la democracia una fuente diabólica de concentración de poderes y quien se aferra al poder con leyes, sentencias y usos mendaces y hasta de retórica enfermiza, pronto termina siendo destronado por su encantado pueblo que lo eligió, tal como ocurrió con  “Slobodan Milosevic”, quien falleció antes de conocer el veredicto del Tribunal Penal Internacional (TPI) en celda de Scheveningen en marzo de 2006, juzgado por delitos de lesa humanidad.

Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de los DD.HH

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