Cuánto aspiramos que la democracia en Bolivia debe fortalecerse y desarrollarse abarcando una praxis no propiamente delegativa, representativa y electoral, sino enfrentando los desafíos cruciales y prioritarios de la crisis de la salud, alimentación y el trabajo.
Según informe de la Universidad Johns Hopkins: Estados Unidos, Brasil, México, son los países con el mayor número de fallecidos en el mundo y Bolivia se halla entre los de menor suficiencia previsoria en referencia a programas de contención del Covid-19, prueba de ello es que en la actualidad se cuenta con 230.731 infectados y 10.929 fallecidos (09-02-2021).
Los médicos, laboratoristas y enfermeras a pesar de su especialidad y esmerada dedicación en los diferentes nosocomios del país, desde la declaración de cuarentenas rígidas y periodos de flexibilidad, a unísono han clamado a las autoridades de gobierno la dotación de mayor número de personal, infraestructura adecuada, insumos, medidas de bioseguridad, pruebas rápidas para hacer seguimiento a los enfermos con Covid-19 y las relaciones que hubieran podido tener después de contraer el virus. La respuesta no fue jamás atendida plenamente y menos conmovió la sensibilidad humana de gobernantes ineptos, la pérdida de más de un centenar de mandiles blancos y personal sanitario hiere el sentimiento humano. De persistir la indiferencia ¿Se institucionaliza la irresponsabilidad? ¿Se guardará silencio de los 40 fallecidos por falta de oxígeno incitado y provocado por afines del MAS IPSP? ¿Los delitos contra la salud y la vida se convertirán en crónicas anunciadas de impunidad?
El comportamiento del actual presidente al llegar las 20.000 vacunas Sputnik V de las cuáles se han aplicado 12.000 y el saldo de 8.000 que no se sabe si responderán a un plan de inmunización prioritaria a sectores que realmente la precisan, deja un sabor agridulce, si personalmente hace entrega de la vacuna ejerciendo influencia política en cada departamento o ciudad, con frases desenfocadas e inhumanas: “Si no respaldan a los candidatos del proceso de cambio no habrá ayuda” o “El apoyo que presten dará mayor interrelación con el gobierno”. Sensiblemente, son estos discursos políticos los que no contribuyen a levantar la salud mental de los ciudadanos y son deplorables para un dignatario de Estado si la inducción al voto lo hace en concentraciones de sus conmilitones, sin barbijos y sin guardar distancias de bioseguridad; así desnudada la realidad, nada parece sorprendernos al tener un presidente en campaña generando turbulencia innecesaria y lo peor altamente contagiosa; ratificando su posición antidemocrática.
No se puede confundir la responsabilidad política con la racionalidad democrática, pese a no ser antitéticas; sin embargo, el presidente malogra y genera turbulencia democrática en los mandiles blancos, al desplegar protagonismo político y ejercer la supremacía del poder político sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), empujando la aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, mediante la cual se atribuye poderes de exclusividad para la importación de vacunas y su distribución en condiciones antisépticas desconociendo el derecho autonómico de gobernaciones y municipios, aunque se esfuercen en aclarar que no hay prohibición para la importación, siempre que se cumplan con el registro sanitario y de Agemed; así como la prohibición del derecho a la protesta de médicos y personal sanitario en demandas que están orientadas a mejorar la calidad del servicio médico en situación de pandemia y de otras enfermedades de base. El desenlace de imponer leyes sin escuchar en audiencias a los responsables de la salud, es el paro escalonado de los profesionales médicos que se inicia en Santa Cruz por 48 horas, que exigen la declaratoria de cuarentena rígida para frenar los contagios por el Covid-19 y el rechazo a la ley que vulnera el art. 53 de la Constitución.
Desde otro plano, a primera vista se deja entrever también que, los comicios del 18 de octubre de 2020, cuestionado de fraudulento y sin control social, al ser resistido por Salvador Romero Ballivian de dar curso a la revisión del padrón electoral y las actas de escrutinio, cuyos resultados -vigorizan la migaja moral del MAS IPSP – y que castiga el ensimismamiento de Comunidad Ciudadana y Creemos; parece que podría volverse a repetir el maximalismo de estas organizaciones políticas en las subnacionales, pues los distintos foros y debates descubren la ausencia de programas en los candidatos fragmentados y lo único que hacen es terminar concediendo oxígeno político suficiente para el arraigo del monstruo de la corrupción y persecución política (MAS IPSP) y amigo sumiso de los globalistas comunistas que, -con el virus del covid-19 universalizan la política del exterminio-, cuando menos de un tercio de la humanidad. Además, de comercializar la salud pública con las vacunas de industrias farmacéuticas, sin considerar que según estimaciones del Banco Mundial (BID) a enero de 2021 de 7,8 millones de la población mundial, la pobreza extrema se calcula entre 119 a 124 millones de personas, que viven con $us. 1.90 al día.
Concluyó con la ponderada opinión de (Touza, Manolo, 2018:13) que dijo: “Un sistema democrático y justo no puede permitir que falle uno de sus pilares básicos. Es preciso cambiar de mentalidad y normas obsoletas y transmitir claridad en esas normas”.
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de DDHH.
