Las múltiples consecuencias que ha desatado el conflicto por el censo (conflicto sostenido por 36 días de paro cívico en Santa Cruz), abarcan al Estado y a su superestructura política. La más notoria en esta última es la agudización de la crisis interna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y, secundariamente, la fragilidad de los alcaldes de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; aliados al gobierno de Luis Arce Catacora. Para comenzar digamos que el movimiento superestructural oculta algo más significativo. Desde ya, el foco de atención se concentra en el MAS y no en los tres alcaldes porque, al fin y al cabo, como peones de la política, no son sino material desechable, en el tablero en el que se disputa la partida por el poder nacional.
El primer dato que no se vislumbra en el movimiento de la superestructura, es el que han producido los cambios en la sociedad, particularmente en las clases subalternas. Estos cambios muestran desplazamientos políticos internos, referidos a la articulación entre los diversos sectores sociales que conforman el bloque. Anteriormente, este bloque social estuvo articulado en torno al Chapare, gracias a lo cual una minoría electoral (el Chapare, precisamente), devino en mayoría política nacional. Por tanto, los desplazamientos deben entenderse como parte de la desarticulación de aquel bloque social, con la (vana) esperanza, en algunos, de una nueva rearticulación de esas clases. Inútil esperanza, porque los desplazamientos no han provocado, necesariamente, similares movimientos en el plano ideológico.
Por esta razón, una de las más notorias consecuencias es que los sectores en pugna (el de Luis Arce y el de Evo Morales) dentro del MAS, comparten la misma visión ideológica respecto a la política y a la democracia. Es decir, la misma lógica política que el Chapare irradiara al resto de los miembros de las clases subalternas. Hablamos de una lógica confrontacional y autoritaria. Por medio de dicha lógica, a su vez, se han actualizado visiones políticas ancestrales, de los principales componentes sociales del bloque, es decir de campesinos, indígenas y mineros.
En la coyuntura que va del 2019 al 2022, la crisis estatal, paralelamente, ha actualizado la disputa por la hegemonía que, desde siempre, protagonizan -a decir de Zavaleta Mercado- las dos estirpes en el país, o sea campesinos indígenas por un lado y la de los descendientes de los colonizadores, por otro. En realidad, ambas estirpes no son sino los vehículos sociales de dos lógicas que se enfrentan, dada su discrepancia acerca de la política y la democracia. Se trata de la lógica de la democracia sindical, de corte colectivista y de la lógica de la democracia liberal representativa, de corte individualista. Hablamos, pues, en el fondo de dos culturas políticas; una totalitaria y otra tolerante con la pluralidad.
La representación política de las clases sociales subalternas se expresaba, desde el 2005, ciertamente en el MAS. Es igualmente cierto que la contundencia de dicha representación, desde aquél entonces, fue mermando. Aclaremos que lo ocurrido a principios del siglo fue una exitosa interpelación indígena campesina al resto de las clases subalternas, y aún a las clases medias e incluso a sectores de la propia burguesía boliviana. La exitosa interpelación ha permitido constituir una alta agregación social y política, expresándose al inicio, en la contundente mayoría parlamentaria del MAS (superior a los dos tercios). Pero la desagregación social sobrevino rápidamente, debido al desengaño que la lógica política totalitaria, antidemocrática y corrupta del gobernante MAS, causó en los sectores medios.
En el proceso de desagregación la representación política (o sea el MAS) comenzó a perder su ascendencia en la clase media, debido a lo cual optó por estrechar firmemente la vinculación con su incondicional base social (campesinos, indígenas y mineros), a través de la sujeción prebendal a los dirigentes sindicales. El referéndum del 21 de febrero del 2016, rechazando la posibilidad de la reelección indefinida de Morales, fue expresiva de la constricción de la convocatoria masista. De nada sirvieron, para atemorizar a la ciudadanía democrática, la organización de grupos vandálicos de choque, por parte del MAS.
Desde el punto de vista social, todo ello significaba que la irradiación del discurso campesino se había reducido irremediablemente. Para ocultar esta innegable verdad, el partido de Morales y Arce optó por organizar el gigantesco fraude electoral, el 2019 y (auto)proclamarse ganador de las elecciones. Pero el intento de cambiar la realidad por los deseos no funcionó; al contrario, el manotazo precipitó una crisis nacional que terminó truncando el proyecto totalitario, antidemocrático y delincuencial que el partido gobernante impulsaba.
También puede decirse que el fraude electoral pretendía ocultar el inicio de un proceso que les conducía a la soledad política. En este marco, incluso las elecciones del 2020 no pueden ser consideradas fiables, debido al padrón electoral con el que se desarrollaron. Más allá de ello, la soledad política en ciernes, ya entonces revelaba las características antidemocráticas y totalitarias del discurso ideológico que compartían por igual el sector de Arce y el de Morales. Así, la soledad política resulta la consecuencia del contenido confrontacional y antidialogal de la visión ideológica tanto del masismo en general, como de su base social dura, de apoyo.
Por ello resulta sorprendente que ambas fracciones se disputen la misma base social; junto a la cual, a su vez, han iniciado el camino hacia la soledad política. Entendemos que la soledad política resulta de la incapacidad de establecer acuerdos, consensos y proyectos unitarios con el resto de las clases sociales y de las fuerzas políticas. En el caso del MAS, por tal razón, la soledad política amenaza en ser total; abarca tanto a la base social como a cada una de las fracciones que se disputan la representación de esa base social. Digamos, marginalmente que, dada la estructura de la formación social boliviana, no resulta del todo despreciable tal base social solitaria.
Incluso la ley del censo, aprobada en el Legislativo para poner fin al conflicto con Santa Cruz, no sale de la lógica antidemocrática. No lo hace, pese a que la ley fuera aprobada por las dos bancadas de oposición y el sector de Arce, ya que, luego de su promulgación, el gobierno inició de inmediato la persecución política a la dirigencia de Santa Cruz. Para ello, claro, activó a los operadores del MAS (Arce) en el sistema de “justicia” y de paso aprovechó la ocasión para perseguir también a sus correligionarios pertenecientes, pero, a la fracción interna rival.
La soledad de la base social del MAS es expresiva de una ideología totalitaria y antidemocrática. Tal punto de vista de la política pone de manifiesto la cultura política de esa base social, mayoritariamente compuesta por campesinos, indígenas y mineros (a la que se adscriben sectores de la clase media que viven del Estado). En ese sentido, aquella ideología corresponde a una visión histórica, ancestral, truncada con la colonización, pero actualizada hoy en día. El presente resulta crítico, porque se trata de la actualización de una disputa de las distintas culturas políticas, cuya resolución no es un tema cerrado.
En ese proceso, la dirigencia política (es decir, el MAS) tiene una importancia relativa para dicha actualización. De ahí que esa “dirigencia” se limite a secundar las pulsiones confrontacionales y autoritarias de la base social en cuestión. Lo hace, por supuesto, para preservarse en tanto “dirección”, pero no para asumir la función de tal y contribuir a revertir el proceso de aislamiento político, al que se dirige su base social.
Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor
