Salvemos la crisis institucional democrática

La fecunda relación entre Derecho y Política no puede llevarnos a distorsionar la democracia de libertades que encierra el primero, utilizándolo como una lectura interesada, como mecanismos para impedir planteamientos políticos, que seguro, en otros lugares del complejo mundo político reciben una respuesta debatida y democrática. Recordemos, lo ocurrido en Canadá y el tema de Quebec o el Referéndum en Inglaterra y la salida de la Unión Europea en junio de 2016; procesos donde el derecho y la política dialogaron sujetos a normas y la democracia prevaleció, aunque todavía sujeto a un debate abierto.

A veces, los planteamientos políticos de los distintos partidos pueden dar lugar a situaciones en que la propia organización política se ponga en cuestión, tal sucede cuando se cuestiona la monarquía en Europa, la posibilidad de constituirse en un nuevo Estado o, cuando desmereciendo flagrantemente los límites del poder los gobernantes se pasan la Constitución y la Carta Democrática como si se tratarán de simples cliché.

La historia reseña, ser un Estado democrático significa tener unas características jurídico-políticas con una Constitución respetada desde su preámbulo hasta las disposiciones transitorias que el Constituyente por mandato del pueblo las ha configurado; esta condición, significa como elemento nuclear tener la dignidad de esa forma política, una identidad a su vez política, deudora de la población que lo legitima, y ajena a cualquier forma de imposición subordinadas, en especial si se trata que el gobierno utilice el Derecho Penal, instrumento que con su aplicación conlleva la persecución política o –negación política- al tiempo que afirma el poder y la hegemonía de quienes la utilizan para sus propios fines.

En países como Venezuela y Nicaragua los gobernantes, han instrumentado el orden constitucional e instalado durante más de una década “el gobierno de los jueces”, que abusa del Derecho Penal como forma de intervención en la acción política, lo que provoca una preeminencia de ese poder usurpador, que además de no ser independiente está condicionado de forma destacada hasta límite de la persecución de la disidencia política, sin importar los derechos humanos y cegar la vida de centenares de ciudadanos, con fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, la FARC y células  terroristas de Irán e inteligencia cubana. La soberanía popular ha sido cancelada por los regímenes dictatoriales y han saqueado la riqueza natural de los pueblos al extremo del socorro de la ayuda humanitaria alimentaria para sobrevivir. ¿Por qué la OEA y sus órganos jurisdiccionales esperaron la destrucción de la democracia y el Estado de Derecho, para pronunciarse indignados después del holocausto? 

La audacia ideológica y pragmática redoblada por la invasión terrorista y militar de Cuba, Irán, y Rusia parecen haber perforado los principios y garantías de la Carta Americana, al punto que ni el informe de Michael Bachelet tiene la contundencia para poner límite a los usurpadores del poder. Las medidas de congelamientos de cuentas bancarias del entorno de Nicolás Maduro y el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela y la Comisión de la Verdad en Nicaragua no prevén una solución a la represión masiva a corto plazo. 

La crisis democrática en Bolivia es de mayor intensidad que Nicaragua y la propia Venezuela, tres aspectos singulares marcan el escenario antidemocrático:

1.Se ha desconstitucionalizado la estructura del Estado democrático de derecho, la operación  sin recelos de los peligros que pudieran derivarse de la aventura del gobierno de Morales Ayma, terminaron la línea política de los “Acuerdos del gobierno con la mayoría legislativa del MAS en las cámaras y el sumiso Tribunal Constitucional que habilitó ilegalmente al “inhabilitado” para las elecciones de octubre de 2019, primer autogolpe (SCP 0084/2017).

2.Políticamente Morales Ayma “Acordó con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la Ley de Organizaciones Políticas que introdujo las primarias”, para darle un blindaje de seguridad y legitimación en la competencia electoral, que lejos de ser un proceso democrático se plasmó en la burda populista ofensiva a la dignidad de los ciudadanos, expresada singularmente en un retroceso irrelevante para la historia de Bolivia y el grave daño económico causado al Estado. En sí no hubo tal competencia de partidos políticos y de programas, sino designaciones de binomios triunfadores, resultando laureado el binomio Morales Ayma y García Linera con el aval del Secretario General de la OEA Luís Almagro que posibilitó la intervención de observadores electorales del órgano regional. Aquí se da el segundo autogolpe.

3.La Organización de Estados Americanos  (OEA), a sabiendas que Morales Ayma y García Linera están “inhabilitados constitucionalmente” para ir a un cuarto mandato 2020-2025, por el límite del artículo 168 de la Constitución que está blindado por dos Referéndum el de 25 de enero de 2009 y 21 de febrero de 2016, decisiones soberanas inmodificables que no encajan en la competencia del Tribunal Constitucional, nuevamente el Señor Luís Almagro el 18 de mayo de 2019 “Acuerda con el gobierno enviar veedores electorales”, cuando la Carta Democrática le manda imperativamente condenar las posiciones antidemocráticas e ilegales de gobiernos autócratas que  violan la Constitución y vulneran los derechos políticos recogidos en el artículo 23 de la CADH ¿Es que Bolivia no es país miembro de la OEA para no aplicar los principios de la Carta Democrática similar a Venezuela? ¿La perpetuidad en el poder por más de trece años no es explosión nociva  para la institucionalidad democrática? ¿Los derechos de la ciudadanía en ejercicio de sus derechos políticos, en especial cuando se trata del derecho a decidir, no fue resultado de una ponderación de bienes y principios constitucionales que obliga al respeto del Estado de Derecho? Piénsese lo extraño que sería afirmar, que Bolivia no tiene los niveles de gravedad que Venezuela y Nicaragua, si la corrupción, el narcotráfico, las persecuciones a dirigentes de Adecoca y el fraude, son factores de pertenencia autocrática.

Ante una crisis dilatada en el tiempo, desmerecida y discriminatoria por la OEA y sus órganos jurisdiccionales, vale una hoja de ruta unificadora y pactada entre las principales fuerzas soberanistas, cívicas, políticas y la sociedad civil, lógicamente en una segunda vuelta democrática acelerando con ritmo sostenido el rechazo político y jurídico que desde el 2016 se bloquea el derecho a vivir en democracia de libertades al pueblo de Bolivia.

Wood ha descrito: “La falta de acceso y control del poder del Estado como una precondición relevante hacen irrecuperable la democracia”.