PEDRO GARECA PERALES
La historia de Bolivia se volvió a teñir de sangre por del sistema de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que engendró una estructura de poder perniciosa y siniestra durante 13 años, 9 meses y 19 días, obviamente por encima de la Constitución, a pesar de ser su génesis inclusivo de los sectores indígenas a los que silenciosamente los dividió y fue excluyendo.
Contra el clan acaudillado, se levantó todo un pueblo indignado y en sucesivos cabildos pidieron primero la segunda vuelta, luego la nulidad del proceso y finalmente la renuncia del Presidente Evo Morales por el fraude gigantesco en las elecciones del 20 de octubre de 2019, que fue comprobado por los 30 auditores de la OEA en el informe preliminar del domingo 10 de noviembre, por irregularidades graves e indicativas, proponiendo nuevas elecciones y con un nuevo tribunal electoral confiable.
Los cívicos del país, los ciudadanos, familias bolivianas, CONADE y otras organizaciones sociales, emprendieron la ruta hacia la restauración de la democracia en el país, con las manos limpias, oraciones, fe, la Biblia y la decisión valiente de universitarios guerreros que abrazaron el compromiso histórico de erradicar la dictadura y con el narco-estado.
La lucha se basó en “el derecho a la manifestación o protesta” por una causa común saludable para el país y las generaciones nuevas, resistencia pacífica que al ser desproporcional por la intervención de fuerzas policiales y cooperativistas mineros afines al gobierno, terminaron con el lamentable saldo de 8 fallecidos y más de un centenar de heridos y cientos de detenidos, por la injerencia de extranjeros y hordas que bloqueaban las carreteras, impidiendo el derecho de universitarios y mineros de llegar a La Paz.
Lo espiritual jugó un papel esencial, como la convicción de un pueblo a la cabeza del Presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luís Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Waldo Albarracín y tantos cívicos, CONADE y organizaciones políticas, que enarbolaron una causa común: la democracia y el Estado de derecho.
Luego de 21 días de amor por la tricolor y símbolos patrios, la Constitución y la democracia y ante el repliegue de la UTOP Cochabamba que se generalizó en el país, se desencadenó la renuncia de Evo Morales y García Linera el 10 de noviembre. Entonces post renuncia, contamos con la señora presidente constitucional transitoria Jeanine Añez y ministros con sobrada solvencia moral y firme compromiso de consolidar la democracia en el país.
Ahora bien, como el opresor asilado en México no quiso ver la magnitud del robo democrático ni estando dentro y menos fuera desde donde incita a sus movimientos cocaleros al uso de armas y cerco a las ciudades, promoviendo el incendio de propiedades públicas y privadas y lo más grave privando de alimentos a las poblaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz entre otras, extremos in crecendo que constituyen delitos de lesa humanidad, demandan juzgamiento inmediato por la Fiscalía General, así como el esclarecimiento de las víctimas entre el 22 de octubre al 10 de noviembre, muertes y heridos en el puente Huayllani de Sacaba previa autopsia de ley.
Junto a esta voluntad y las frecuentes violaciones a los Derechos humanos, protagonizadas por afines al MAS y organizaciones clientelares que privan hasta del derecho a la vida, es indispensable analizar jurídicamente y adoptar las medidas siguientes:
1.Los senadores y diputados del MAS son legales, pero con los cabildos democráticos y la decisión de las autoridades de abandonar sus cargos nacionales, han agotado su legitimidad prematuramente y su mayoría cuantitativa no cuenta para realizar convocatorias y menos resolver renuncias, porque las minorías tienen superlativa legitimidad. Además carecen de autoridad moral y pesa presunta complicidad si por 2/3 nombraron a los vocales del TSE.
2. Se consideran las renuncias, cuando el cesante por impedimento hace entrega de su dimisión oficial y cumple con la responsabilidad de prestar informe escrito al país, extremo que no ha sucedido con el expresidente y vicepresidente Evo Morales y García Linera, quienes cesaron por decisión propia y resolvieron asilarse en México (Arts. 169 y 170 CPE).
3.La señora Presidente Jeanine Añez es presidente constitucional del Estado Plurinacional por sucesión constitucional y tiene legitimidad porque emergió del voto popular y ejerce tales atribuciones por cesación y abandono de funciones del presidente, vicepresidente, presidente del senado y primer vicepresidente y del presidente de diputados (Art. 172 CPE).
La Presidente tiene la misión principal de buscar el procedimiento legal más rápido para nombrar a los vocales del TSE que recaiga en personas probas y de amplia experticia en procesos electorales, así como los vocales departamentales. Es la mejor forma de bajar las crispaciones. Asimismo, hay que modificar la Ley 026 y la Ley de Partidos políticos en el tema de primarias y cronogramas, y finalmente, convocar a elecciones generales transparentes y objetivas ajustado a la Constitución, cumpliendo con el mandato de los cabildos y el informe de la OEA.
Alzaga Villamil dice: “La seguridad jurídica responde a la necesidad de integración del ordenamiento en su conjunto, una propuesta caótica, no resiste el menor análisis fuera de la Constitución”.
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de los DDHH.
