Una línea descriptiva de valoración de la “calidad” de los Estados nos mostraría la siguiente secuencia: Estado desarrollado – Estado inmaduro – Estado aparente – Estado fallido. Esta tipificación genérica presupone varios principios teóricos respecto del Estado; entre ellos, la comprensión del Estado como espacio de relaciones, la de las formas de Estado (totalitarios o democráticos), la situación fáctica en una coyuntura estatal (las que describen las corrientes instrumentalista y funcionalista del Estado). Bajo estas consideraciones generales situaremos a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia en la tipificación de Estado aparente, con fuertes señales para ocupar la casilla de Estado fallido; casilla de la que los tres primeros se encuentran muy cerca, seguidos, no muy de lejos, por Bolivia.
La implementación de proyectos totalitarios, común a los cuatro países, es la semilla que torna a sus Estados en Estados fallidos, con la subsiguiente desestructuración de sus sociedades, como realidades políticamente organizadas. Los proyectos totalitarios conllevan la destrucción de la institucionalidad democrática estatal y la sustitución por organismos mediados por la prebenda, la corrupción y la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. A estos proyectos les es inherente la práctica delincuencial, por lo que totalitarismo y delincuencia forman una unidad para todo fin y son la némesis de la democracia. En segundo término, asumimos que la finalidad última de todo Estado es la de reproducirse a sí mismo, lo que significa reproducir los factores económicos, sociales y político-ideológicos que lo constituyen. La incapacidad de reproducir esos factores les torna en probables Estados fallidos. Por último, se comprende que, entendido el Estado como espacio de relaciones, es la historia de sus sociedades la que determina el tipo de relaciones que se desenvolverán en el ámbito estatal.
La consecuencia de los proyectos totalitarios que cada uno de estos cuatro Estados ensaya se expresa en la división social y la ruptura de su tejido. En torno a estas consecuencias generales se presentan las diferencias específicas, para cada caso.
Mientras que en Venezuela, Nicaragua y Cuba destaca la parálisis económica-productiva, en Bolivia lo hace el quiebre de sus instituciones estatales. Ninguno de los tres primeros países tiene gravitación internacional y si dejaran de existir no causarían, en absoluto, sobresalto al mundo financiero. En lo referido a la crisis de las instituciones estatales en Bolivia recordemos que no hay ni una sola que no se encuentre carcomida por la corrupción. El desprestigio internacional de la policía boliviana es tal magnitud que se la asocia al crimen organizado, principalmente en lo referido al robo de vehículos y al narcotráfico. El poder “judicial” existe solamente de manera nominal, porque ésta constituye una repartición operativa para la persecución política que, de tanto en tanto, se le ocurre ordenar al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS); sin considerar la responsabilidad directa de esta repartición, en el asesinato de quien denunciara el desfalco ocasionado por militantes del MAS, al fondo indígena. A la lista se suma la Universidad pública, las Fuerzas Armas, etc. ¿Cómo puede reproducirse, en estas condiciones, un Estado?
La unidad que totalitarismo y delincuencia forman, alimenta una lógica delictiva en la administración estatal; lógica que liga el funcionamiento de todas sus reparticiones por medio de la prebenda y la corrupción.
Debido a la sangría a que los proyectos totalitarios someten a sus países, la perspectiva de estos cuatro Estados es la de situarse fuera del mundo. Para la concretización o no de esa perspectiva sopesemos consideraciones tales como las raíces nacionales, por un lado y los elementos constantes, por otro. Mientras que la primera nos remite a la historia, la segunda nos habla de factores no resueltos. En este acápite, agruparemos a Venezuela y Nicaragua en un bloque, en tanto que Cuba y Bolivia formarán casos independientes.
Las raíces sociales y económicas de Venezuela y Nicaragua, a pesar de las notorias diferencias, pueden agruparse en un bloque debido a las siguientes consideraciones. En ambos casos la economía se basaba en la exportación de materias primeras, virtualmente sin valor agregado; es decir, expresaban un aparato productivo pobremente industrializado. En lo social, pese a la marcada estratificación de su estructura, no se produjo una polarización social, de alcance nacional. En Venezuela fue el amplio colchón de la clase media la que atemperó los efectos de aquella estructura social fuertemente estratificada, mientras que en Nicaragua, el torrente nacional antisomocista (torrente del que participaron campesinos, trabajadores, clases medias y sectores de la burguesía) atemperó las posibilidades para que uno de estos sectores se constituyera en fuerza exclusiva. Así, en ambos casos, el desplazamiento de esa amalgama de grupos sociales en el escenario político, por parte de grupos totalitario delincuenciales fue, inicialmente, una disputa que se efectuó en la superestructura y no en las clases sociales propiamente. Tal es así que el nutriente social de Chávez-Maduro proviene, en lo básico, del lumpen. Lo mismo vale para Ortega, en Nicaragua, por lo que, en ambos casos, sus fuerzas policiales no están compuestos sino por grupos de sicarios.
En Cuba esas raíces son más sólidas, porque la revolución de 1959 fue la continuidad, en términos sociales, de las revoluciones nacionales, de contenido anti-esclavista, del siglo XIX. Y aunque esta fuente de solidez se ha desgastado, la sociedad cubana no encuentra mejor camino para superar ese umbral, que huir de la isla en balsas. Muy distinto es el caso boliviano, porque aquí se observa una sociedad dividida en porciones iguales (y con las mismas tradiciones de rebeldía), entre quienes apoyan a la democracia y quienes al proyecto totalitario delincuencial del MAS. Esta es la expresión en la historia corta, de una raíz que se ancla en la historia larga, ancestral y así tenemos que la confrontación entre democracia y totalitarismo manifiesta el choque de la matriz cultural indígena andina (portadora de una cultura política colectivista, es decir, no democrática liberal) y la matriz cultural mestiza, más receptiva a los principios liberales de la democracia. Se trata de una confrontación desde siempre, entre estas dos matrices y nos muestra que la disputa por la implantación hegemónica no se ha resuelto.
Mientras el proceso en Venezuela, Nicaragua y Cuba se desliza hacia la configuración de Estados fallidos, en Bolivia la tensión por continuar esa tendencia o revertirla, es parte de la pugna nacional de su sociedad. En los primeros tres países, las consecuencias del esquema totalitario delincuencial han paralizado al aparato productivo, recluyendo a sus economías en la insignificancia y así han anulado toda posibilidad para el diseño de políticas soberanas. Ningún país ejerce su soberanía si la extrema pobreza le obliga a mendigar de manera abierta o encubierta o si gran parte de su población depende de las remesas que los ciudadanos que lograron huir, les envían.
Aunque en Bolivia la tensión por revertir el derrumbe estatal nacional continúa, es evidente que se trata de una disputa de década y media, cuando el MAS, con apoyo de la porción antidemocrática de la sociedad, iniciara la desestructuración estatal, para tornarla funcional a la delincuencia organizada, particularmente al narcotráfico. Nadie puede negar que los grupos delincuenciales actúan bajo la cobertura política que el MAS les facilita y que, en todo acto estatal (como el inútil censo que proyecta el gobierno) se encuentra el propósito de viabilizar el totalitarismo. A esta lógica -hablemos claro- corresponde la reciente arremetida política de la delincuencia organizada, en contra de dirigentes demócratas. Iniciativa operada a través del MAS y puesta en práctica por medio de las distintas reparticiones (ya que no se las puede llamar instituciones), como la fiscalía o la “justicia”. El dique de contención al proyecto totalitario delincuencial proviene de la parcialidad democrática de esta sociedad, cuyo baluarte es, hoy por hoy, el departamento de Santa Cruz, pero la fuerza de la interpelación democrática atraviesa a todas las estructuras del Estado.
Omar Qamasa Guzmán Boutier es escritor y sociólogo
