El informe preliminar de la agencia norteamericana antidroga, la DEA, de la investigación denominada “Los Andes”, ha comenzado a destapar, indirectamente, lo que en Bolivia varias voces críticas habían advertido desde hace muchos años: que el proyecto del Movimiento al Socialismo (MAS) no consistía sino en la construcción de un Estado delincuencial, en su versión más evidente, como es el narcotráfico. Ese informe también ayuda a entender que, pese a que el vehículo político -el gobierno del MAS, principalmente bajo el gobierno de Evo Morales- fue truncado en octubre del 2019, el narcotráfico, al amparo de la estructura estatal condicionada desde el 2006, continúo desarrollándose. Todo ello permite, por último, contextualizar lo que se viene señalando con insistencia, desde el pensamiento crítico: que el MAS sigue pretendiendo retomar el proyecto truncado.
Así las cosas, uno de los efectos secundarios del informe de la DEA es, inicialmente, el de obstaculizar todavía más, la retoma del proyecto estatal delincuencial del MAS y su proyección hacia un narco-Estado. Es indudable que un proyecto de esta naturaleza podría tener, consiguientemente, un negativo impacto en la seguridad regional. En las siguientes líneas reflexionaremos, pues, en torno a estas dos consideraciones generales: el narco-Estado y la seguridad regional. Ilustraremos la amenaza que el narcotráfico, cobijado por el Estado, puede significar, con alguna mención a Bolivia y su particular manera que tiene de administración “justicia”.
El proyecto de construir un narco-Estado fue impulsado por el MAS, en una primera experiencia, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y terminó truncado gracias a la resistencia de la ciudadanía democrática, en octubre del 2019. Es verdad, a la vez, que luego de las elecciones del 2020 y el nuevo gobierno del MAS, ese descabellado proyecto trató de ser retomado. En el ensayo, durante el gobierno de Morales, la corrupción de las instituciones estatales estuvo orientada a su adecuación a los fines delincuenciales. Ese intento marcó una coyuntura larga, en la historia del Estado boliviano.
La sujeción de todo el aparato judicial (Tribunal Constitucional, Fiscalía, Poder Judicial) al gobierno, completó los requisitos institucionales para los fines del tráfico de cocaína a escala industrial. Con el control de los altos mandos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) (no; no es una broma, realmente esa fuerza tiene la desfachatez de continuar denominándose de esa manera), el resultado fue ilustrativo: no por nada tres jefes de la FELCN, de Evo Morales, terminaron, gracias a la DEA, detenidos por su vinculación con el narcotráfico, ya que de ellos, el gobierno del MAS, esperaba protegieran la actividad del tráfico de drogas.
La desinstitucionalización estatal puesto en marcha por aquél gobierno generó tal estado caótico en el sistema judicial que éste terminó siendo permisivo -gracias, a su vez, a que era apto a la presión político de cualquier dirigente del partido de gobierno- a las actividades de delincuentes comunes (como lo grafica el caso del psicópata sexual, Richard Choque). No por ello, sin embargo, dejó de ser un instrumento de linchamiento político, a opositores demócratas. Nadie, medianamente informado de los sistemas judiciales en países tales como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, puede negar que éstos no son sistemas orientados a la protección de los derechos de la ciudadanía, sino meros instrumentos para la manipulación política, de los respectivos esquemas delincuenciales de gobierno. Ello resultó tan evidente en Bolivia, que obligó al ex-alcalde de la ciudad de La Paz, a declararse en la clandestinidad, ante la persecución política ordenada por el MAS y ejecutada por intermedio del poder “judicial”.
Se entiende que en la base social del proyecto del narco-Estado se encuentran los sectores sociales compuestos, principalmente, por las clases ascendentes, grupos urbanos marginales, sectores de la dirigencia sindical campesina, entre otros. En la mente de todos ellos, el justificativo del accionar criminal está dado por la necesidad de procurar una acelerada acumulación de capital, para contrarrestar el peso económico y financiero de la oligarquía tradicional.
Más allá de estas razones propias del país, lo cierto es que un eventual narco-Estado pondría seriamente en riesgo la seguridad regional, a partir de la seguridad interna en cada uno de los países del área. Las debilidades de los Estados, en nuestra región, les convierte en presa fácil para el poderío económico del narcotráfico. A la vez, agiliza los procesos de corrupción de cada institucionalidad estatal; institucionalidad, desde ya, históricamente débil y muy susceptible a ser penetrada por grupos corruptos. No es extraño que en los sistemas judiciales de estos países predomine la agenda política, sobre la agenda jurídica.
No es casual, tampoco, que hubiera sido una institución extra-regional la que revelara algo que el pensamiento crítico de la región expresaba durante años. El hecho mismo que así fuera es revelador de la debilidad de las instituciones estatales. A tal punto lo es, que estas instituciones (policiales y judiciales, principalmente) ni siquiera se dieron por enteradas de la penetración del narcotráfico a sus filas. Cómo podrían hacerlo si, de acuerdo al informe de la DEA, para el caso boliviano el jefe de la FELCN se comprometía a garantizar custodia policial para el narco-negocio.
Pero el peligro sobre la seguridad regional no solamente se debe a la fragilidad de las instituciones estatales, sino a la repercusión que un eventual narco-Estado provocaría en la corrupción misma. Para graficar la idea, diríamos que en esas circunstancias estaríamos ante la posibilidad de un efecto exponencial múltiple. No únicamente porque los volúmenes del tráfico variarían (una cosa es traficar, sin protección estatal, 10 kg, de cocaína y otra es, por ejemplo, traficar 12 tn., gracias a la protección estatal), sino también porque tales volúmenes destruirían las instituciones en todos sus niveles. Lo podrían hacer, además, porque inevitablemente se fomentaría la creación de círculos de intereses particulares, en cada nivel, de toda la institucionalidad estatal.
Hoy se puede ver que lo real, sin embargo, es que gracias a la movilización de la ciudadanía democrática boliviana el proyecto del narco-Estado quedó trunco. Como puede entenderse, los alcances del logro de octubre del 2019 rebasan el ámbito boliviano y aunque no todos lo perciban, benefician a toda la región. Ahora que comienzan a conocerse cada vez más detalles del proyecto del narcotráfico, resulta innegable que se trató de un ensayo delincuencial con pretensiones estatales, intentado con gran esmero por el MAS, durante la gestión de gobierno de Evo Morales.
Omar Qamasa Guzmán Boutier es escritor y sociólogo
