A nivel internacional, numerosos países de América Latina han incorporado el mecanismo de las candidaturas independientes. Entre ellos se encuentran México, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela. En estos países, la postulación sin mediación partidaria para la elección de sus órganos ejecutivos y sus instancias legislativas ha permitido una mayor competencia electoral y una alternativa al desencanto con sus estructuras partidarias tradicionales, permitiendo a sus ciudadanos la posibilidad de tener una mayor participación política de manera independiente.
En Bolivia, el funcionamiento del sistema electoral se ha caracterizado por la hegemonía de los partidos políticos como los principales vehículos para la postulación a los principales cargos del Estado. Esta situación ha generado una serie de restricciones para una participación política efectiva para los ciudadanos que no tienen una militancia partidaria los mismos que sostienen el monopolio de los partidos y organizaciones políticas altamente caudillista en la vida política del país. En parte con la incorporación de las candidaturas independientes se podría hacer frente a la actual crisis de representación política y el desencanto de la ciudadanía con los partidos políticos y su desempeño en las instituciones públicas. Y, quizás de tener la posibilidad de una representación política de la talla de Marcelo Quiroga Santa Cruz o Humberto Vásquez Machicado que marcaron el siglo de oro del parlamentarismo boliviano en el siglo pasado.
Actualmente muchos ciudadanos que podrían tener un gran aporte en el ámbito legislativo municipal, departamental o nacional no se animan a participar en las elecciones de sus circunscripciones por lo que implica conseguir la nominación de un partido o agrupación ciudadana. De esta manera, la ausencia del mecanismo de las candidaturas independientes en nuestro sistema electoral, restringe la participación de ciudadanos que podrían proponer novedosos proyectos de ley e instrumentos de fiscalización en beneficio de la población. En este contexto, la incorporación de las de las candidaturas independientes es una necesidad para fortalecer nuestra democracia y ampliar la participación de la ciudadanía en el ámbito político.
También, uno de los principales argumentos a favor de la implementación de candidaturas independientes es la posibilidad de romper el sistema político dominado por unipartidismos contrahegemónicos: un sistema que permite la existencia de una pluralidad de organizaciones políticas, pero solo uno o dos se imponen sobre el resto a nivel nacional. El funcionamiento del actual sistema partidos, concentra el poder de decisión en los jefes de los partidos y agrupaciones ciudadanas, que actúan como caudillos eternos en sus cúpulas dirigenciales que impiden la renovación y circulación política de nuevos cuadros políticos y más al contrario fomenta la dependencia de pocos actores nuevos que ingresan a sus estructuras a los intereses de las cupulas de sus partidos y organizaciones políticas. En ese contexto, la figura de las candidaturas independientes podría permitir que ciudadanos con propuestas innovadoras y sin ataduras partidarias puedan participar en elecciones sin someterse a los condicionamientos de las dirigencias políticas.
Aunque, la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la soberanía popular y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya sea de manera directa o a través de representantes. Sin embargo, la normativa electoral vigente restringe ese derecho al exigir la afiliación partidaria como condición para la postulación. Esto contradice principios fundamentales de la democracia, como la igualdad de oportunidades y la libre participación en la vida política del país. La reforma de la Ley del Régimen Electoral y la habilitación de candidaturas independientes serían pasos esenciales para garantizar una democracia más plena y un mejor ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.
Además de los impactos políticos mencionados, la incorporación de la figura de las candidaturas independientes contribuiría a ofrecer más opciones a los votantes, se fomentaría una mayor competencia electoral y se reduciría la sensación de monopolio que hoy ostentan los partidos y organizaciones políticas tradicionales. Asimismo, al no depender de estructuras partidarias, los candidatos independientes podrían construir plataformas políticas basadas en el interés ciudadano y no en compromisos con grupos de poder. Esto fortalecería la confianza en el sistema electoral y en las instituciones democráticas.
Es cierto que la implementación de candidaturas independientes en nuestro sistema electoral debe ir acompañada de regulaciones claras para evitar distorsiones o usos indebidos de esta modalidad. Se deben establecer requisitos razonables para la postulación, mecanismos de financiamiento transparente y normas que garanticen la equidad en la competencia electoral. Sin embargo, estos desafíos no pueden ser excusas para mantener un sistema excluyente y poco representativo.
La democracia boliviana enfrenta el reto de renovarse y adaptarse a las demandas de una sociedad civil cada vez más crítica de sus estructuras partidarias tradicionales. La implementación de las candidaturas independientes representa una oportunidad para democratizar el acceso al poder, fortalecer la pluralidad política y garantizar que el sistema electoral responda verdaderamente a la voluntad ciudadana. Es momento de abrir el debate teórico de este y pensar en cómo construir un sistema electoral más inclusivo, donde también el ciudadano pueda ser un protagonista de su historia y política.
El autor es politólogo e investigador social
