La infiltración del narcotráfico y los hechos de corrupción al interior de la policía boliviana, parecen haber convertido a la “verde olivo” en una “amenaza” para la sociedad y el propio Estado. La forma en que ha muerto el capitán Aldunate Meneses, constituye un típico ajuste de cuentas del narcotráfico. Lo singular del caso es que era el encargado de la seguridad del Viceministerio de Régimen Interior, general Johnny Aguilera. Este hecho se suma a otros que han existidos (casi en simultáneo) con las mismas características. Uno de lo sicarios desafía al general Johnny Aguilera y parece decidido a someterse a un careo con la autoridad.
Hace unos dos años otro oficial fue imputado por el delito de complicidad en el asesinato (de dos policías y un civil en las inmediaciones de Porongo), a quién se le atribuía haber entregado armas, uniformes y gorras de la FELCN a los presuntos autores del crimen, y proteger a los sicarios. El principal protegido era Misael Nallar Viveros, quien pudo trasladarse en avioneta ese mismo día de los hechos al Beni ante de entregarse (o simular entregarse) a la policía. Lo más curioso ha sido que el ministro de gobierno, condecoró al policía Álvaro Muñoz, e inmediatamente fue señalado como el protector de Misael Nallar. El caso Sebastián Marset merece varios comentarios aparte.
El periodista Andrés Gómez estableció que directores de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico (FELCN), eran parte de la banda de los “narcos”. Jefes de la dirección de prevención y robo de vehículos (Diprove), son ladrones de autos. Policías de la fuerza antidroga, cuya misión es incautar droga y destruirla, “voltean” 800 kilos de 1.200 y sólo entregan 400 kilos. Policías de la fuerza antidroga, cuya misión es incautarse equipos a los narcos, dejan robar a los narcotraficantes un narco-helicóptero.
El ex máximo jefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila, fue extraditado a los Estados Unidos acusado de estar vinculado con el tráfico internacional de sustancia controladas. También se encuentran procesados los ex comandantes de la policía, Oscar Nina y René Sanabria. La infiltración del narcotráfico en el Estado boliviano se evidencia cuando altos jefes oficiales terminan contaminados con el delito que dicen combatir.
En esta línea, guardando las distancias en tiempo y espacio, en Colombia ocurrió algo parecido donde el denunciado era nada menos que el entonces candidato y después presidente, Ernesto Samper, que fue acusado de recibir dinero del capo Pablo Escobar para su campaña política.
En Colombia tal era el nivel de enredo, complicidad y protección a los narcotraficantes por parte de algunas autoridades, que el autor de “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez, dejó resumido: ¿Qué porvenir puede quedarle a la literatura de ficción si un candidato presidencial no se da cuenta de que sus asesores sagrados reciben millones de dólares sucios para su campaña? Donde los acusadores no se toman en cuenta porque en medio de las muchas verdades que dijeron colocaron también muchas mentiras. Donde el presidente se constituye a su vez en acusador de sus acusadores con el argumento de que estos sí recibieron la plata, pero no la ingresaron en la campaña porque se la robaron. Donde tres de sus ministros están a las puertas de la cárcel por haber manejado un dinero que no existió y encubierto un delito que no se cometió. Donde varios de los quince jueces que juzgan al presidente están acusados del mismo delito que deben juzgar. Donde hay seis parlamentarios en la cárcel y más de veinte investigados, y el procurador está preso y el contralor general acusado de enriquecimiento ilícito. Donde el gobierno no tiene tiempo para gobernar y el Estado está cayéndose a pedazos, y la sociedad está dividida entre los que lo creen todo y los que no creen nada, sin mucho fundamento para lo uno ni lo otro. Donde, al final, los capos presos y acusados de haber dado el dinero sucio dejan sin piso al presidente, a sus asesores, al país y a todo el mundo, porque aseguran que no dieron ni un centavo. En un país así —¡qué carajo!— a los novelistas no nos queda más remedio que cambiar de oficio.
El autor es jurista y autor de varios libros
