ERICK R. TORRICO VILLANUEVA
La institucionalidad democrática ha dejado de funcionar en Bolivia desde el pasado viernes 28 de septiembre. Su último baluarte, que daba la impresión de estar localizado en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se ha entregado de manera prematura.
La aprobación ese día del Reglamento Específico de las “Elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales 2019” selló el sometimiento de ese Tribunal a los caprichos del oficialismo y echó abajo la puerta que les faltaba derribar a los violadores de la Constitución.
Según el Art. 2 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (ÓEP) éste “es un órgano del poder público del Estado Plurinacional y tiene igual jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se relaciona con estos órganos sobre la base de la independencia, separación, coordinación y cooperación”. Es claro que tal definición resulta hoy una broma del más negro humor, pues la subordinación de tal órgano al Ejecutivo es evidente más allá de sus disidencias o renuncias. El ÓEP no tiene nada más que ofrecer, aunque hay quienes no quieren darse cuenta de este hecho fatídico.
Pero, ¿qué tiene el aludido Reglamento que induzca a llegar a conclusiones tan dramáticas? Sus artículos 19 y 38 marcan los límites que se ha autoimpuesto el TSE, instancia directriz del ÓEP, que decidió ocuparse apenas de verificar que los candidatos de los binomios cumplan los requisitos formales a tiempo de ser inscritos (tener 30 años para el día de la elección, haber residido los últimos 5 años en el país…), sin referirse para nada a que también, y sobre todo, debía asegurar el cumplimiento del artículo constitucional 168 que prohíbe la reelección continua.
A eso se agrega el artículo 40 de dicha reglamentación que dice que los candidatos podrán ser inhabilitados sólo si alguno de sus propios militantes interpone una demanda en ese sentido, posibilidad inimaginable en el caso del oficialismo, aparte de que contradice el inciso d) del Art. 37 de la recién aprobada Ley de Organizaciones Política que establece entre los deberes de los militantes el “Velar por la unidad e integridad de la organización política”.
Por tanto, antes de que llegue el plazo para la inscripción de binomios en unas apresuradas elecciones primarias también diseñadas para favorecer al gobernante-candidato y precipitar la realización de un proceso electoral nacional ilegítimo, el TSE tomó partido y optó por sumarse al desconocimiento de la soberanía popular expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016. Sus vocales acabaron instrumentalizados por el interés o el miedo, dos herramientas favoritas de la acción gubernamental. Sus actos posteriores están ahora puestos en duda.
Luego de que en febrero de 2009 el 61,43% de los votantes aprobara el nuevo texto constitucional, comenzó en el país un proceso de re-institucionalización, que implicó el cambio de nombre de las viejas instituciones (órganos por poderes, asamblea legislativa por congreso nacional, Estado plurinacional por república, etc.), lo cual anunciaba su posible fortalecimiento.
No obstante, después de casi una década, lo que se tiene en los hechos es justamente lo contrario: todos los órganos del poder están sujetos a la voluntad del grupo gobernante. Se ha completado la des-institucionalización y, con ella, la decisión tácita de victimar a la democracia.
No hay que perder la libertad, con el mar ya es suficiente.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político.
