Mientras los países del orbe más desarrollados asumen la política prioritaria para preservar la salud y calidad de vida de las personas, incluidos en América a Uruguay y Chile, este último en pleno proceso de discusión y debate en comisiones especiales que por el mecanismo de la Constituyente se han puesto de acuerdo en dotarse de una nueva Constitución, obviamente, respetando el pluralismo democrático y la tolerancia como cúspide del diálogo, en nuestro país ni siquiera hemos tomado cautela preliminar para enfrentar la variante delta.
Recordemos la frase de Gracián: “Lo poco gusta, y lo mucho cansa”, o “Lo bueno, sí breve, dos veces bueno”, y que el autor del criticón remataba con agudeza que: “Y aún lo malo, sí poco, no tan malo”. Entonces, imaginémonos cómo se sentiría exministro de salud Javier Torres Goitia (+) galardonado por Excelencia en Atención Sanitaria Universal de la OMS-OPS si le hubiera tocado padecer la peor administración de salud de la historia reciente, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que la variante delta del Covid-19 ya circula en 142 países, y se prevé que siga diseminándose en los 57 restantes, debido a que se considera el doble de contagiosa y que afectará a segmentos más vulnerables, entre ellos, a la las personas no vacunadas, niños, jóvenes y de la tercera edad.
Según el presidente de la Sociedad de Infectología Juan Saavedra alerta que Bolivia no tiene laboratorios con el reactivo especial para detectar en pruebas de PCR la variante delta del Covid-19 y el ministro de Salud en lugar de hacer gestión preventiva en ausencia de reactivos, parece desconocer que científicos como: Meagan P. O Brien, M.D. Eduardo Forleo- Neto, M.D. Bret J. Musser, PhD, Flonza Isa (The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE original article), han descubierto que el uso de REGEN.COV combinación de anticuerpos previene el desarrollo del COVID-19 sintomático y la duración de alta carga viral.
También como sabemos, tampoco los derechos fundamentales pueden identificarse sin más con los derechos humanos, si la salud es un bien universal a garantizar y el derecho a la vida es un “derecho humano” y por su fuerza expansiva pertenece al acerbo ético cultural de todas las personas y su existencia es autónoma, universal, interdependiente e indivisible, independiente de cualquier voluntad política, que solo puede condicionar el modo de su reconocimiento o el grado de sus garantías. ¿Cómo es que la salud no le conmueve al gobierno? Si la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, ¿Por qué el ministro de salud y los jinetes del apocalipsis tienten que actuar a remolque? Y a la ofensiva cuando se trata de torturas psíquicas.
Ane esta realidad evidente, qué hacen los cuatro auténticos jinetes del apocalipsis que son Luís Arce Catacora, metido en convenios confidenciales y avasallamientos ilegales en tierras de la Amazonía, Evo Morales vanguardista del racismo e impunidad, Juan Fausto Lanchipa persecutor político selectivo y Héctor Arce Zaconeta no se sabe que hace en la OEA, lo único que conoce el mundo es que ya lleva cuatro estocadas: la Opinión Consultiva de la Corte IDH 0C-28/21 de 7 de junio y publicada el 23 del mismo mes que establece: “La reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo”, el Consejo Permanente de la OEA ha ratificado contundentemente la legitimidad y valor de la auditoría de los expertos del organismos regional en los comicios de 20 de octubre de 2019: “Hubo manipulación dolosa” y graves irregularidades, por la que no pudo garantizar la integridad de las elecciones”, la representante de la UE que asegura que en Bolivia el 2019 no hubo ninguna conspiración y el informe del GIEI que establece que Evo Morales no respetó el referendo 21f y violó derechos humanos.
De este modo se articula una verdad constitucional e internacional, que en Bolivia “No hubo golpe de Estado” y que Jeanine Añez con la proposición acusatoria interpuesta por el fiscal general del gobierno Lanchipa y el Auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que traslada la petición de autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que se requiere dos tercios de votos para autorizar el enjuiciamiento de la expresidenta (arts. 161 numeral 7 y 184 numeral 4 CPE), se reconoce implícitamente que su nombramiento fue constitucional transitoriamente, cualidad reforzada con el Comunicado del TCP y la Declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional 001/2020 de ampliación de mandato presidencial, senadores, diputados y demás autoridades electas. Por esta razón, los Asambleístas de las fuerzas políticas en la ALP deberán hacer prevalecer la valoración e interpretación de las normas de juicios de responsabilidades (Ley 044) que más se encuadre a la realidad de los hechos dentro de los límites constitucionales y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Bolivia (arts. 256 y 257 CPE).
Por último, comparto plenamente la tesis de Catalá I. Bas, A.H. (2005:266) que dice: “La defensa de una modelo de sociedad democrática exige proscribir determinadas ideologías que resultan incompatibles con la democracia y con el CEDH. Esto afecta a la libertad de partidos y a la libertad de expresión”; como quien defienda la pedagogía racista, no es digno de ser acusador al alcanzar el grado más elevado de impunidad y totalitarismo.
Pedro Gareca
Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH
