La experiencia de la Segunda Guerra Mundial ha inspirado a Vasili Grossman la mejor descripción de la humillación humana que supone el poder total. La obra titula Vida y destino publicada en Suiza en 1980, considerada como el enfoque político más profundo que se ha realizado de los totalitarismos del siglo XX.
En la carta de la madre judía del protagonista, Víktor Pávlovich Shtrum, que llega a su hijo después de que ha sido asesinada por los nazis, muestra la sumisión humana al terror del poder total.
Para sorpresa la protagonista se percata de que es de origen judía el mismo día en que los alemanes invaden Rusia y pasan en sus camiones gritando “Juden kaput!!”, pero queda estupefacta cuando todos sus vecinos –no sólo personas ignorantes, amargadas y analfabetas, sino incluso gente culta- alardean de compartir el odio del invasor al judío por terror a sufrir la misma opresión.
Sintetiza el autor: “He constatado que los hombres que claman por liberar a Rusia de los judíos son los mismos que se humillan ante los alemanes y se comportan como deplorables lacayos, estos hombres están dispuestos a vender Rusia por treinta monedas de plata alemana…Y hay también otros seres cuya moral se ha atrofiado, seres dispuestos a consentir cualquier crimen con tal que no se sospeche que están en desacuerdo con las autoridades (Grossman, V, 2007:96)”.
Causa estupor que, en pleno S.XXI y en la marea más alta de la tragedia del COVID-19, tres potencias del Consejo de Seguridad de la ONU (China Comunista, Estados Unidos y Rusia), en conexión con otros países, supuestamente para salvar a la humanidad, especialmente a las generaciones del futuro, hayan sentado líneas para impulsar el sistema del Blockchain, que según el Foro Económico Mundial es el superordenador que dará confianza a las transacciones y exportaciones, y se convertirá en el “corazón” del sistema financiero mundial. No habrá fiscales en la Corte Penal Internacional para investigar y acumular pruebas por genocidio o eutanasia, sobre la base de los cuestionamientos a la China Popular Comunista y al Presidente de la OMS por ocultar información y aplicar estrategias inadecuadas.
Al presente*, las cifras arrojan en el mundo 2,1 millones de personas infectadas, 141.490 fallecidos y más de un 1 millón de recuperados, y en Bolivia 493 contagios, 31 muertos y 31 recuperados. Por ello, el fracaso del derecho penal se manifiesta dramáticamente en su abdicación ante la lógica de la guerra biológica, que quedará impune globalmente por causas de ineficiencia en los órganos internacionales de administración de justicia o, porque definitivamente, la vida, verdad y libertad no son alternativas contra el poder devastador del COVID-19.
Desde otro ángulo, se sabe que el poder es relevante para el derecho constitucional en la medida que se ejerce por la forma histórica de sociedad que se conoce como Estado de Derecho, donde las emergencias terroristas como las desencadenadas en noviembre de 2019 y otras zonas del país, en 14 años de gobierno del partido del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), de nada sirvieron para proteger la democracia y las libertades; sino que su mayoría en las cámaras legislativas, vergonzosamente minaron las bases fundamentales de todo proceso de institucionalización democrática, deslegitimando a cuanta autoridad administrativa, diplomática, militar, policial o judicial hayan encumbrado como legalmente electas y posesionadas.
Así pues, si las auditorías de la OEA desde la elección (2014-2019) ya informaron del fraude, confirmado dolosamente en las elecciones de octubre de 2019, este elemento descalifica ética, moral y legalmente a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional (MAS-IPSP) y, por lógica, a todos los magistrados de los órganos judiciales, Ministerio Público y otras., para continuar en funciones competenciales que están teñidas de cuestionamientos, unos para dictar leyes (Proyecto de Ley de prevención contra el COVID 19 que más parece una reforma de código) y otros para ejercer justicia. A su vez, con las condiciones de -rechazo y cierre temporal- si no se invierte en legalidad y garantías constitucionales en instituciones vitales para la democracia. La violencia en Shinaota contra autoridades policiales exige corregir la desviación drásticamente para no consentir la arbitrariedad cocalera, si la Constitución no reconoce republiquetas.
Para comprender el enfoque, con rigor y voluntad sólida “El fraude electoral es toda maniobra que lleva a alterar los resultados de una auténtica votación; y, más aún, cuando desprecia los votos emitidos a favor o en contra de determinado candidatos. (Cabanellas, G. Alcalá-Zamora, L. 1979:414 T.III).
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de DDHH.
*El artículo fue recibido el 17 de abril y publicado en 18 de abril, por lo que las cifras varian dada la actualización constante de las mismas.
