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Opinión

Golpe de estado y fraude electoral: Visible pero resistible

31 de Octubre, 2019
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PEDRO GARECA PERALES
En la medida en que el derecho es tanto la causa como la consecuencia del Estado, que proyecta a la nación, no debe de sorprendernos que tanto el sistema jurídico como la cultura jurídica que encarnen los gobernantes mantengan un estrecho vínculo no sólo con la idea de pertenencia a la nación, sino esencialmente, al control y dominio amplificado sobre los poderes políticos y los segmentos más frágiles carentes de discernimientos razonables. El escenario es el primer germen sembrado como –golpe de Estado artesanal-.

Aunque el derecho tiene la particularidad susceptible de encerrarse en pirámides normativas, capaz de armonizar los niveles nacionales, regionales y universales, lo evidente e , ya sea para bien o para mal, que la diversidad cultural impide una unificación sencilla en sus intereses comunes, cuando se opta por un paradigma alejado del sistema jurídico de loa derechos humanos, por la primacía de herramientas legales perturbadoras que al usurpar las funciones autónomas de los poderes –sofistifican el golpe de Estado- con centenares de leyes y lo sacramentan con elecciones supuestamente democráticas en cadenas, con resultados : una veces preconcebidos, otras reducidas en el derecho de control, así como  –robando el voto del ciudadano- y,  finalmente, habilitándose como candidatos arrasando con los límites de la ley, la Constitución y los valores de la democracia, que desde la Constitución de Estados Unidos de 1787, el derecho a votar de los ciudadanos es un privilegio, ante cualquier intento de fraude.

 Pero, ¿Qué es el fraude electoral?  Según el Diccionario  Enciclopédico de Derecho Usual de Dr. Guillermo Cabanellas es: “Toda maniobra que lleva a alterar los resultados de una auténtica votación; más aún, cuando desprecia los votos emitidos a favor o en contra de determinados candidatos o, por extensión, el resultado de las respuestas formuladas en un plebiscito o referéndum”.

Reforzando esta concepción, resultaría incompleto no referirse al principio de –lealtad constitucional- que se ve quebrado cuando el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Fiscalía General y el sistema de Gobierno no cumplen con los principios constitucionales esenciales y el Estado de Derecho que los garantiza y, resulta burdamente atacada, cuando a través de más de 2.000 actas  con falencias incrementaron el voto a favor de Evo Morales Ayma del MAS (Fuente ing.  Edgar Villegas y equipo de expertos en TVU), fraude que corrobora el Dr. Carlos Alarcón en la conferencia de prensa brindada el día jueves 24, cuando al identificar cinco variables de alteraciones de datos con la tendencia de favorecer en las 24 horas de pausas del TREP, el TSE permitió a la empresa contratada de escaneo y traslado de datos alterar las cifras favoreciendo al MAS y restando votos a CC., considerando que 770 mesas debieron ser anuladas. Haciendo énfasis que del hallazgo  de 109.277 votos cuestionados podían modificar los resultados para validar una segunda vuelta.

La  datos libremente expresadas por los ciudadanos ante el jurado en las urnas el domingo 20 de octubre -es inviolable e inalterable-. De modo,  que los resultados del TSE como cómputo nacional electoral del 99,99% que torga al MAS., 47,07%. CC., 36,51% es burda  y vergonzosa, porque el TSE en lugar de ubicarse en la cima de lealtad constitucional y de la Ley 026 que regula y garantiza el proceso democrático, censurablemente se ha sumado al “golpe democrático” con la trama del  -fraude democrático-; que en el fondo es un robo al ciudadano boliviano y una ofensa a la dignidad humana y generaciones de niños y jóvenes sin precedente.

En la línea de recuperar  la legalidad, la transparencia y confianza, tanto la Comisión de la OEA y el informe de la UE., de 23 y 24 de octubre respectivamente, al observar la interrupción inesperada en la transmisión y conteo de los resultados preliminares del sistema TREP, recomiendan diplomáticamente que la mejor opción para Bolivia es ir a una segunda vuelta electoral por ínfima que sea la diferencia del 10%. En principio parece ser una salida ideal, la pregunta es, si por el fraude identificado que alcanza a más de 2.000 actas traducidos en más de 109.277 votos cambiados a favor del MAS sin incluir las alteraciones de actas de los votantes de Madrid, Barcelona y otros países ¿Se mantendrá invariable la composición de senadores y diputados uninominales, plurinacionales y supraestatales a pesar del fraude demostrado? En mi opinión, la nulidad debería ser de todo el proceso y con nuevo árbitro, si queremos la transparencia, pues no se puede convivir con representantes fraudulentos.

Cómo no puede haber convivencia en libertad sin derecho, el informe del Ministro de Justicia y del Canciller en el Consejo de Seguridad de la OEA, no sorprende a nadie, cuando: “Niega que en Bolivia se hubiera incurrido en fraude y que el presidente Evo Morales fue nuevamente reelegido”, faltar a la verdad, califica como un intento de “alterar” la Constitución y Diego Pary sostiene que desde el 2005, 16 elecciones se han producido y somos un país profundamente democrático. Ninguna persona sensata dejaría de preguntarles si en Bolivia hay separación de poderes e independencia, si no se usurpan las funciones de los órganos competenciales, si todos los poderes están bajo el control del presidente Evo Morales y ¿si  no es ilegal el periodo 2014-2019?  ¿Si respetaron el Referéndum 21 f que les dijo No a la reelección? y si resguardan la Constitución para evitar ser “alterada” ¿Por qué se valieron del TCP para mutar la Constitución a través de la SCP 0084/2017? Finamente, cómo explican los resultados de la auditoría de la OEA de fines de 2017, que encontró ya en el proceso electoral de 2014-2019 48.759 cédulas repetidas, 99.775 ciudadanos registrados con libreta de servicio militar y 4.732 registros con ceros a la izquierda de la cédula y 8 casos con guiones. La auditoría al cómputo de voto que aprueba Luis Almagro socio visible del sistema de gobierno,será un nuevo baño de legitimidad al fraude democrático de 2019.

Julio Cesar Zabala dice: “Es mejor vivir la vida como desafío, lucidez, entendimiento, coraje y valentía hasta quitarse al opresor”.

Pedro Gareca Perales es abogado Constitucionalista y Defensor de los DD.HH 

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