Ante la oleada de arrestos domiciliarios y detenciones preventivas ordenadas por el régimen de Daniel Ortega en las últimas semanas, contra Cristiana Chamorro que postula a las elecciones de noviembre de 2021, Dora María Téllez, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García por ser críticos al gobierno, la Asamblea de la OEA decidió con 26 votos de 34 condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias a candidatos presidenciales, partidos políticos y a los medios de comunicación y exhortó enérgicamente al gobierno de Ortega a aplicar sin demora todas las medidas acordes con las normas de la Carta Democrática Interamericana de 11 de septiembre de 2001, Lima-Perú; la medida se queda al borde de la suspensión que prevé el art. 21 CDI, pero no deja de ser un remesón a Nicaragua.
De poco le sirvió al régimen sandinista de Daniel Ortega la Ley de Amnistía aprobada el sábado pasado, donde fueron liberados varios estudiantes universitarios que fueron arrestados y acusados de cometer delitos en los episodios registrados el 2018.
Este precedente debe poner en alerta roja al régimen de Luís Arce Catacora, que al emprender la misma hoja de ruta de Venezuela y Nicaragua, con sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, sin ruborizarse avala la designación de Embajador ante la OEA a Héctor Arce Zaconeta, exministro de justicia y exprocurador general a quien se le atribuye por la clase política de haber sido el destructor del primer Tribunal Constitucional de Bolivia, pionero de sentencias relevantes en resguardo de las libertades y derechos fundamentales, entre las que se encuentran: el alta y derecho de salida de pacientes en hospitales privados por falta de pagos; los derechos colectivos o difusos son garantizados por riesgos o efectos a futuro; la Declaración Constitucional 003/2001: sucesión constitucional ipso facto para evitar el vacío de poder en el Estado.
¿Cuál la misión encomendada al exministro de justicia? A tiempo de recibir posesión por el Canciller otrora defensor de las víctimas de octubre negro y candidato a senador por el MAS IPSP en las elecciones anuladas de octubre de 2020, es -verificar y restablecer la verdad del informe de auditores de la OEA-; es decir, del preliminar de 10 de diciembre de 2019 y del informe final de diciembre del mismo año, los que dan cuenta que se comprobó: la manipulación dolosa, parcialidad de la autoridad electoral, alteración de actas, fallas en la cadena de custodia y falsificación de firmas.
De entrada, llevar a cabo una misión diplomática tan delicada y cuyos informes han sido aprobados por más de dos tercios de los países miembros de la OEA, nos parece prematuramente desafortunada y más que probable correrá la misma decisión que el régimen de Nicaragua ante las denuncias sentadas por la oposición ante el Secretario General de la OEA; por eso, su actuación vislumbra y nos recuerda a Diógenes de Sinape, filósofo griego de la escuela cínica, que iba en pleno día caminando por las calles con una lámpara encendida porque le resultaba muy difícil encontrar a hombres verdaderos; que al final lo encontró, pero para ello necesitó algo más que la luz de su lámpara.
Desde otra perspectiva, en Francia hemos visto hundirse partidos con tanta trayectoria política como el socialismo y ¿por qué fracaso? Ciertamente, no claudicó por montar golpes de Estado como el que supinamente se le ocurre al régimen de Arce Catacora y al hiperliderazgo de Evo Morales y sus sonajas sin eco en el escenario del poder político; sino por ser un sistema que no supo al final canalizar el malestar social con propuestas radicales de renovación democrática. Lamentablemente, la antipolítica se alimenta desde el poder y los liderazgos como el construido por Evo Morales y militantes inmunes, coquetean con la tesis del fin de las ideologías opositoras y la productividad, porque quieren más antipolítica y no mejor democracia, que son conceptos distintos.
Ahora bien, el proceso antidemocrático del denominado “golpe de Estado”, impulsado por el partido del MAS IPSP, no solo está marcado de autoengaños, mentiras, frivolidades y ocultamiento de la verdad histórica, sino que el cinismo de Morales Ayma y de Arce Catacora al emprender la oleada de detenciones y citaciones a treinta dos personas a declarar ante la fiscalía anticorrupción, entre los que se encuentran expresidentes de Estado, exministros, autoridades de instituciones, asambleístas y ciudadanos que no comulgan con el régimen, sin contar los detenidos y exiliados voluntarios, -constituye un serio embate a la democracia-; pero que, más allá de la honestidad de las personalidades y trayectoria política, dos declaraciones de exsenadores del MAS IPSP derrumban el plan macabro persecutor y volver las cárceles en centros de -perseguidos políticos- al mejor estilo de regímenes totalitarios; en efecto, Adriana Salvatierra dice que su renuncia fue acordada con Evo Morales y García Linera; Omar Aguilar hechos contundentes: se negoció con la oposición que el tema de -pérdida de personería del MAS IPSP- no ingresaría a los acuerdos y que es verdad que -representantes del MAS negociaron la presidencia por la salida de Evo Morales-.
Finalmente, el respetado Informe Memoria de los hechos de 2019-2020 que presenta la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) revela: “Los acuerdos trabajados en las continuas mesas de diálogo confirmaron que el MAS fue un actor fundamental del proceso que concluyó con la convocatoria a elecciones generales. Sin los dos tercios que tenía el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hubiera sido posible aprobar la ley y pacificación del país”. La CEB se refiere a las leyes 1266 y 1270 aprobadas por unanimidad de: anulación y convocatoria, y de ampliación de mandatos.
También, se señala en el informe que la exsenadora Adriana Salvatierra y la exdiputada Susana Rivero se negaron a sumir la presidencia, alegando que sus vidas corrían peligro. En tal sentido, ante el rechazo y debido a que existía un vacío de poder, con un país convulsionado se determinó que asuma la presidencia la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez. En consecuencia, la CEB al ser facilitadora del diálogo a pedido de Manuel Canelas se -desintegra el golpe de Estado- Y, los acusadores deberían ser procesados por fraude electoral y otros; principalmente, si el Estado Constitucional debe responsabilizarse por los derechos fundamentales ejercidos por muchos y no sólo por pocos privilegiados.
Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH
