ERICK R. TORRICO VILLANUEVA
El reciente deceso del ex general Luis García Meza Tejada, décimo dictador militar desde que la revolución nacionalista de 1952 se agotara, ha levantado del sepulcro hechos que la memoria boliviana ya casi había olvidado porque pensó que eran cosa de un pasado sin retorno: el abuso de poder, el desconocimiento de la ley, los crímenes de Estado y la corrupción.
Ese oscuro submundo pareció desvanecerse junto con sus protagonistas, actores de segunda clase y extras cuando el régimen democrático fue restablecido el 10 de octubre de 1982, día que abrió un renovado horizonte popular de esperanzas tras cerca de dos decenios de autoritarismos uniformados.
Se soñó esa vez con un tiempo de libertades y garantías constitucionales, consolidación institucional y participación ciudadana. Por ello, una forma de poner candado a cualquier ilusión castrense de volver a hacerse con el gobierno del país fue enjuiciar por responsabilidad a García Meza y sus asociados.
El 13 de febrero de 1984, Antonio Araníbar, Oscar Eid y Guillermo Capobianco, entonces dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, junto a Ramiro Velasco, del Partido Socialista Uno, presentaron al Congreso Nacional un primer pliego acusatorio contra el ex gobernante de facto, mismo que fue complementado 3 días más tarde por un segundo pliego en relación a diversos delitos: vulneración de la Constitución (sedición, alzamiento armado, organización de grupos armados irregulares, privación de libertades, violación de la libertad de prensa y la autonomía universitaria, entre otros), asesinatos de dirigentes políticos y sindicales, además de acciones lesivas al Estado.
Aprobado el decreto congresal de acusación el 18 de febrero de 1986, el Parlamento lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para que iniciara el juicio. La fase de confesiones comenzó el 7 de abril de ese año y estuvo caracterizada por el despliegue de una “estrategia del olvido y la mentira” (al respecto, véase el libro “El juicio de la mentira – Confesiones de un dictador”, de Orlando Encinas y Erick Torrico, publicado en La Paz en septiembre de 1986).
Que asumió la Presidencia del país por “órdenes superiores” y como parte de un “destino militar”, que nunca contravino la ley, que no era responsable de nada de lo que fue acusado o que simplemente no se acordaba de los hechos ocurridos, tales fueron los ejes de la defensa del prepotente caudillo del breve “Gobierno de Reconstrucción Nacional” (17/07/1980 a 04/08/1981).
El proceso concluyó el 21 de abril de 1993 con la condena del ex dictador en ausencia, pues éste había fugado del país luego de que la parte civil solicitara su detención formal. Hallado en Brasil el 11 de marzo de 1994, fue extraditado y trasladado a la cárcel de Chonchocoro de La Paz el 15 de marzo de 1995 para que cumpliera una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.
García Meza, que se consideraba a sí mismo un “refundador” del país y tenía la intención manifiesta de quedarse en Palacio durante 20 años, fue el primer ex gobernante boliviano sentenciado a cárcel. Su muerte ha reflotado los espectros de los males que marcaron su intenso como nefasto paso por la historia nacional y que hoy, irónicamente bajo una cierta forma democrática, se encuentran en proceso de reencarnación.
Si esa resurrección en curso se llegara a completar sobre la actual precariedad institucional con la concentración de un poder sin límites, entonces también terminaría de renacer la dictadura.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político.
