Tiene capacidad para 40.000 reos que permanecerán en celdas de concreto, con gruesos barrotes de acero reforzado. Para evitar fugas, la prisión cuenta con varios anillos de seguridad, una cerca electrificada. Soldados y policías controlarán el perímetro por medio de 19 torres de vigilancia. Cuenta con ocho pabellones de confinamiento para reos, casa para perros guardianes, un edificio para guardias. Está provisto de control de acceso con escáner de cuerpo completo.
Estas son las características de la prisión más grande de América Latina, en El Salvador, que fue inaugurada hace un par de meses. Bukele es el artífice de dicha edificación denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, que albergará a 40.000 presos. Convirtiéndose en el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo.
La intención de este presidio es que quien entre allí no vuelva a salir jamás, ni tenga contacto con el exterior. Sus características responden a las de quienes alberga: los criminales más peligrosos del país centroamericano. Los maras, que han azotado el país con olas de asesinatos, violaciones, secuestros, extorsiones y narcotráfico.
Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, asumió el poder en 2019 y su Gobierno ha instaurado un régimen de excepción desde hace más de un año, que restringe las libertades individuales, con el objetivo de llevar adelante lo que denominan “guerra contra el terrorismo”.
Hasta el momento se han detenido a 60.000 maras, integrantes de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha. La mayoría de ellos llevan marcado el rostro y el cuerpo con tatuajes de la mara a la que pertenecen.
Queda la duda permanente de cuántos inocentes formarán parte de tal cifra y si se están vulnerando sus derechos. Este es el reclamo permanente de organismos que defienden los derechos humanos.
El índice de delincuencia ha bajado tremendamente en ese país. Y la población salvadoreña que vivía en constante zozobra apoya las medidas drásticas asumidas por Bukele. La polémica entre dar más seguridad con mano dura y a costa de menos democracia está sobre la mesa.
La violencia se ha apoderado de El Salvador desde hace varias décadas. En 1980 ese país estaba sumergido en una violenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos y alrededor de medio millón de refugiados salvadoreños en Estados Unidos, de acuerdo con diversas fuentes.
En el seno de esas familias que huyeron de la guerra se halla el origen de las maras, pandillas que se conformaron para defender a los salvadoreños de otros inmigrantes y de los residentes locales hostiles. En 1990 Estados Unidos deportó a estas pandillas a su país de origen y, de esta manera, en El Salvador se dio nuevamente una explosión de la violencia. A medida que pasaron los años, la vida cotidiana para un ciudadano de a pie se hizo insoportable. Por ejemplo, en enero de 2016 se reportaron 740 homicidios. El Salvador pasó a ser el país más inseguro del mundo. Una coyuntura atroz.
Bukele ha declarado la guerra a las pandillas y pretende eliminar a las estructuras terroristas que causaron luto. El Gobierno de mano dura asegura estar combatiendo la violencia criminal sin derramamiento de sangre. Intuimos que la medida adoptada por Bukele no es sostenible.
¿Es su intención tener recluidas a más de 60.000 personas hasta el fin de sus días?, ¿de esta forma se apuesta a erradicar definitivamente el terror en El Salvador?
La violencia, combatida con violencia, no augura un buen final. Bukele vuelve a estrategias que anteriores mandatarios ya intentaron y no dieron resultado. Los maras, además de tener el cuerpo marcado, llevan también el tatuaje de la profunda desigualdad y pobreza que sufre El Salvador hace décadas. Mientras no se erradiquen las mismas, la violencia persistirá. Incluso tras una guerra ganada todo es lúgubre y doloroso. Y la pregunta sigue en el aire ¿Quién salvará a El Salvador?
Gabriela Canedo Vásquez es socióloga y antropóloga
